Magaly Hernández Hernández

Expediente 1218/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1218/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Magaly Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 1218/2021-III-1 veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Magaly Hernández Hernández, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1063/2021, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designó como titular de este órgano jurisdiccional a Arturo Gregorio Peña Oropeza, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio 1218/2021-III-1 folio 11970. veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al que anexa copia certificada del oficio 1295/JLCA/M-10/2021, con sello de recibo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Constancia a la que por ser documento público se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia es La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rinda su respectivo informe, dentro del juicio laboral 4013/2017, de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de la constancia que anexó la responsable al rendir su informe justificado, se advierte que por oficio 1295/JLCA/M-10/2021, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, le requirió que rinda el informe solicitado por la parte actora y demandada en su escrito de pruebas respectivamente, en relación a la trabajadora Magaly Hernández Hernández; mismo, que fue recibido por el citado Instituto el veintidós de octubre de los presentes. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (treinta de septiembre de dos mil veintiuno) el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Luego, cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con tres minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ****Visto el estado de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido********archívese el original del incidente en que se actúa********En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo*******que establece las disposiciones en materia de valoración********se establece:******El original es depurable, en atención a que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el presente incidente de suspensión*********El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase el original al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

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