Magaly Cervantes Alvarez

Expediente 1144/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1144/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Magaly Cervantes Alvarez
  • Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia En el Estado de San Luis Potosi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agrega oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el oficio de cuenta signado por la Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual acusa de recibo el oficio 37886/2022 y anexo, del índice de este juzgado. Se devuelve al archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, devuélvase el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Notifíquese por medio de lista.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído dictado el siete de octubre de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha determinación que sobreseyó el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Devolución de anexo. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que remitió como complemento a su informe justificado. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del original del incidente. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la suspensión definitiva; glósese el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original en dicho incidente presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del duplicado del incidente. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en el cuaderno duplicado del incidente que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se desprende que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en los términos indicados en dicho auto, transcurrió sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber sido debidamente notificada. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa decretado en el indicado auto de uno de septiembre del presente año, de manera que se ordena continuar la tramitación del presente juicio de amparo en la manera en que fue planteado inicialmente. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Presidencia del supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí la omisión de dictar sentencia en la queja ********. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable y su anexo, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la responsable y su anexo, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el veintiséis de agosto del año en curso se determinó dejar sin materia el trámite de la queja ************, cuya omisión de resolver se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, demostró que se emitió la determinación en la que resolvió la queja de mérito, cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio el treinta y uno de agosto del dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que por un lado sobreseyó y por otro concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución de anexo. Devuélvase al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el tomo de constancias que remitió en el presente juicio de amparo como justificación a su informe. Requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son: ********* "1. ********* 2. ************* a). ************* b). *********** 3. ************ Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se impondrá a la omisa una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación.

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