Magally María del Ruby May Naal
Expediente 1236/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Magally María del Ruby May Naal
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que el seis de septiembre de dos mil diecinueve compareció Héctor Humberto Durán Pérez, profesional designado por el tercero interesado Rubén Fermín Peniche Pérez como perito en materia de documentoscopía y grafoscopía a efecto de ratificar el dictamen pericial solicitado en autos, presentado el treinta de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, se tiene por ratificado el dictamen exhibido en autos, el cual se reserva acordar hasta en tanto obren en autos los dictámenes restantes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria e informa que se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora bien, dado el efecto para el cual se concedió el amparo y protección en el presente asunto, en términos de la sentencia ejecutoria dictada el cinco de septiembre de dos mil diecineuve; de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede la prórroga de treinta días hábiles que se solicitó; por tanto, prevéngase al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, para que proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido que una vez concluido el plazo que se concedió como prórroga para dar cumplimiento a la sentencia (treinta días) la nombrada autoridad responsable deberá remitir a este tribunal federal dentro del término de tres días, las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, de la Ley de la Materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado requiérase al Delegado en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como superior jerárquico del Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para que le ordene a la citada responsable acatar la sentencia concesoria; apercibido de que no hacerlo así, de igual forma se le aplicará una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente a partir del día de hoy, e incurrirá en la misma responsabilidad que el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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