Magali Valenzuela Madrigal

Expediente 1843/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1843/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Magali Valenzuela Madrigal

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo...se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, treinta de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 1843/2019-V-9, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado, el siguiente: El auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral ***, en que la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, declinando en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Sentado lo anterior, quien hoy esto analiza, de oficio, advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, en sentido contrario, de dicho ordenamiento; mismos que disponen:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto". Así las cosas, conforme al último precepto invocado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. La inhibitoria y declinatoria constituyen formas de plantear las cuestiones de competencia: la primera se intenta ante el órgano que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos; mientras que la segunda se propone ante el que se estima incompetente, solicitándole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerando competente. En ambos casos, la cuestión de competencia constituye un acto jurídico complejo que se compone de dos decisiones de órganos de distinta jurisdicción, que son complementarias en la medida en que converge la voluntad de uno de ellos de no conocer del asunto y la del otro que acepta dicho conocimiento. Convergencia que condiciona la "determinación" de la cuestión competencial, pues cuando el órgano requerido acepta inhibirse o continuar el conocimiento del asunto, según corresponda, se define tal aspecto, ya que de otro modo, surge un conflicto competencial. Entonces, se estima que la procedencia del amparo contra actos de autoridad que "determinan" inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se circunscribe al supuesto que define la cuestión competencial, en los términos antes reseñados, esto es, cuando el órgano requerido acepta inhibirse o avocarse al conocimiento del negocio, pues entonces se materializa el perjuicio que supone la decisión del asunto en una jurisdicción distinta. Cuestión que, además de atender a la naturaleza del juicio de amparo y las cuestiones de competencia, se corrobora en la medida en que el vocablo "determinar" conforme al diccionario de la Real Academia Española de la lengua significa "tomar resolución", lo cual únicamente puede entenderse realizado cuando se define en forma cierta el conocimiento del asunto, ante la voluntad concurrente de los órganos requirente y requerido. Máxime que la regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio, impone que los mismos sean de imposible reparación, como se advierte del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo cual, armonizando tal disposición con la fracción VIII del propio precepto, debe entenderse que la sola declaración de incompetencia de la autoridad que inicialmente conoce de un negocio y ordena remitir los autos a la que estima competente, no tiene esa irreparabilidad, pues no sabe si esta última aceptará o no el conocimiento de asunto. Además, sostener lo contrario y admitir la procedencia del amparo cuando la cuestión competencial no está determinada, porque sólo existía la voluntad del órgano que solicita la inhibitoria o que declina el conocimiento del negocio, permitiría que durante el trámite del juicio constitucional surgiera un conflicto competencial -que correspondería resolver a un Tribunal Colegiado de Circuito-, así como la existencia de sentencias contradictoria sobre el tópico, lo que resulta jurídicamente inadmisible. En ese orden de ideas, del estudio íntegro del escrito de demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado lo constituye el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral *** en que la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, declinando en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Pronunciamiento que aún no define la cuestión competencial, pues como se estableció anteriormente, se trata de un acto jurídico complejo que está compuesto de dos decisiones que son complementarias, ya que si bien, en el proveído combatido la Junta señalada como responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del expediente laboral de origen, declinando la competencia en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; dicho pronunciamiento, está sujeto a que esta última autoridad, la acepte, por lo que no se trata de una determinación definitiva. Lo anterior, en observancia a la P./J. 17/2015 (10a.) -que derivó de la contradicción de tesis 239/2014- emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de agosto de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del diecisiete siguiente, registro 2009721, Décima Época, Materia Común, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." -Lo subrayado es propio de esta sentencia- También es aplicable la Jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 216/2014- emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del catorce siguiente, registro 2009912, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. -Lo subrayado es nuestro- Por tanto, si el auto controvertido no "determina" la cuestión competencial, es decir, no implica que el asunto indefectiblemente sea del conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, no puede estimarse que el juicio de amparo sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dado que no se trata de una determinación definitiva. En mérito de lo expuesto, se sostiene que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, esta última en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta; y, por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por tratarse de la parte trabajadora en el expediente laboral de origen. MEDIOS DIGITALES Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente las partes y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA, AVISO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna; 1, 3, 9, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 1, 3, fracción II, 20, 21, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; hágase del conocimiento de las partes, que los datos personales que proporcionen en este asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución del presente juicio hasta su total conclusión. Asimismo, que la sentencia que eventualmente sea dictada, estará a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información confidencial, definida en el ordenamiento legal citado en segundo término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias, ejecutorias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. En el entendido que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se instruye al Secretario de este Juzgado encargado del trámite del presente expediente, a fin de que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Igualmente, se exhorta a los Servidores Públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como para que vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información será resguardada para su protección; lo anterior, con apoyo en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se resuelve: La Justicia de la Unión No ampara Ni protege...

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