Magali Sanchez Vera
Expediente 100/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2022
Partes del expediente
- Magali Sanchez Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa a quien pudiere causarle perjuicio, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual rinde su informe justificado y remite copia certificada del laudo emitido el nueve de marzo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 2560/2019. PRUEBAS Respecto de la constancia que remite la oficiante, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por admitida y desahogada como prueba documental, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, téngase a dicha autoridad manifestando que el nueve de marzo de dos mil veintidós, dictó el laudo en el juicio laboral 2560/2019. En esas condiciones, quien resuelve, estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" A fin de comprender mejor lo anterior, conviene precisar que el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal responsable dictó el laudo correspondiente en los autos del expediente 2560/2019, siendo éste precisamente el acto que causaba perjuicio a la parte quejosa, es decir, su motivo de agravio era el que no se había emitido el laudo en el juicio laboral de origen, lo que ya aconteció a la fecha y evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado. De manera tal, que se ha constituido legalmente una situación diferente a aquella que existía antes de la solicitud del amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista a las nueve horas con cuarenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos del expediente electrónico y al físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado; en ese sentido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y dése vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso124 del propio cuerpo normativo de leyes. PRUEBAS. Respecto de las constancias que remite, se tienen por ofertadas como pruebas documentales, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. DIVERSOS JUICIOS. De igual modo, se tiene por cumplido el requerimiento relativo a informar sobre la existencia de diversos juicios de amparo y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de marzo de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. De la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las catorce nueve horas con cuarenta minutos; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo a fin de que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México esté en posibilidad de rendir su informe justificado. DIFERIMIENTO. En tales condiciones, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, para su celebración, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los oficios SEPLE/GEN./001/125/2022 y SEPLE/158/2022, y anexos correspondientes Notifíquese
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