Magali Rosalío Rodríguez
Expediente 992/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Magali Rosalío Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que remite vía electrónica la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 470/2019, que se envió para notificar a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito. Por otra parte, toda vez que en proveído del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; toda vez que no desahogó dicho requerimiento, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, ********* y *********, quienes se ostentan defensores privados de *********, contra actos del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. Se ordena el registro de la demanda con el número 992/2019-III. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene precisar que de la lectura íntegra de la demanda, de los escritos aclaratorios, así como de la documental que adjuntó al escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el tres de los actuales, se advierte que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución dictada en audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 1P0419-97 del índice del Juzgado de Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en la que se negó la suspensión condicional del procedimiento a favor de la imputada *********. Atento a esto, el suscrito considera que en la especie se cristaliza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario legal de defensa correspondiente, como lo es el recurso de apelación establecido en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual textualmente reza: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: Las que nieguen el anticipo de prueba; Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; La negativa o cancelación de orden de aprehensión; La negativa de orden de cateo; Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; La negativa de abrir el procedimiento abreviado; La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o Las que excluyan algún medio de prueba." De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez que las emitió. Por esta razón, es que de conformidad con lo establecido en la fracción VIII del numeral 467 del Código Nacional del Procedimientos Penales, se estima que el medio de defensa ideal para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación, por lo que es claro que el amparo resulta improcedente el juicio de amparo al no haberse observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque el acto reclamado lo constituye el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en contra de la aquí quejosa. Es decir, no se le puede considerar tercera extraña al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercera extraña por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -apelación -, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********* número *********, colonia ********* de Querétaro, municipio de Querétaro; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 300 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Turno en el Estado de Querétaro, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene notifique el presente proveído a la parte quejosa; asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación ordenada, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales que no sea posible efectuar en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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