Magalí Rodríguez Reyes
Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Magalí Rodríguez Reyes
- Director del Hospital Regional 1, "Vicente Guerrero" del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que el quejoso no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra del auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo...
- Principal
Agréguese a los presente autos sin mayor providencia el oficio número CTSERC/DJ/00902/2023, firmado por el Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; toda vez que dicha información se tuvo por recibida vía correo electrónico oficial, ante la oficialía de partes de ese Juzgado, el diecinueve de abril del año en curso y en auto de veinte de siguiente, se proveyó respecto a su contenido.
- Principal
Acapulco, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el sobre devuelto por Correos de México Oficina Postal, en relación al oficio 36666/2022, dirigido al Director del Registro Civil del Estado de Guerrero, lo anterior bajo el motivo siguiente "no hay director es coordinador", por tal motivo a fin de evitar dilaciones en el presente juicio reexpídase el oficio en cuestión a la denominación correcta a saber Coordinador General del Registro Civil, con residencia en Chilpancingo, lo anterior a fin de que este en posibilidades de informar si en sus archivos tiene alguna información correspondiente al acta de defunción de la quejosa Magali Rodríguez Reyes, sin que a la fecha haya dado cumplimiento al requerimiento formulado. En tal virtud, a efecto de integrar debidamente el presente sumario, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que por la misma vía, y dentro del término de tres días informe lo solicitado en el oficio que se reexpide. Apercibida que de no hacerlo dentro del término concedido, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de presente año, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero del dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio 36666/2022, de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dirigido al Director General del Registro Civil del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por medio del cual se le requirió para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que le surtiera efectos la notificación del mismo, informe a este Juzgado, si obra en su poder el oficio 30995/2022 de ocho de noviembre último, en el que se le requirió para que comunicara si en sus archivos tiene algún registro del acta de defunción de la quejosa Magali Rodríguez Reyes, así como en qué fecha lo recibió, y el tratamiento dado al mismo. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento del expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, requiérase nuevamente vía estafeta al Director General del Registro Civil del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, comunique si obra en su poder los oficios 30995/2022 de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y 36666/2022, de veintinueve de diciembre siguiente; y de ser positiva, su respuesta, remita en el citado plazo la constancia solicitada en los mismos. Apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de presente año, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero del dos mil veintitrés. Es aplicable al caso, por igualdad de razón la Jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con número de registro 199454, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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