Magali Lucerito Cortés Velázquez
Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Magali Lucerito Cortés Velázquez
- Brayan Leonardo Cortés Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó en este asunto; mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 44/2021-I; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el catorce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, Gil David ... a ruego de los menores de edad Magali Lucerito ... y Brayan ... demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. Segundo. Demanda que por razón de turno le tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno decretó el conocimiento previo a este órgano de control constitucional por los motivos que expuso. Tercero. Trámite. Por auto de ocho de febrero del año en curso, este juzgado radicó el conocimiento previo planteado por el homologo federal y admitió la demanda; solicitó informes justificados; dio intervención al Ministerio Público Federal y, señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II y V, constitucionales; 37, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama actos de autoridad jurisdiccional y administrativas cuya ejecución se llevó dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: a) La orden de desocupación del bien inmueble ubicado en: calle Geranio, Manzana 20, Lote 2, de la Colonia Brisas del Lago, Municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. b) La orden de tortura psicológica. c) La orden de detención y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público Mesa Tercera de Tlalnepantla, Estado de México, negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la desocupación del inmueble en cita, la orden de detención y su ejecución, mientras que el Agente del Ministerio Público Mesa Cuarta de Tlalnepantla, Estado de México, negó los consistentes en la orden de aprehensión y detención. De ahí que deban tenerse por inexistentes los mismos. Asimismo, las autoridades negaron la existencia del acto combatido relativo a la orden de tortura psicológica. Respecto de dicho tema, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura señala en su artículo 21 , que la tortura debe entenderse como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando existe tortura la carga de la prueba recae en el Estado, lo que quedó expuesto en la tesis P.XXI/20162 , de rubro y texto: ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.". Tal criterio encuadra con las razones que sustentaron la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil diez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver caso CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO, en la que sustancialmente se determinó que resultaba imprescindible que las distintas instancias judiciales deben ordenar las diligencias para esclarecer los hechos de tortura alegados por el interesado. Empero, no debe perderse de vista que tales argumentos se sustentan en el hecho que existió evidencia de que en aquél asunto el maltrato alegado se materializó, es decir, hubo indicios que sirvieron como punto de partida para llevar a cabo la indagatoria respectiva; de lo que se deduce que en cada caso debe existir algún signo de que se sufrió tortura. Ahora, de autos no existen indicios de que las autoridades responsables realizaron en contra de los quejosos actos intencionales con el fin de agredirlos, maltratarlos, castigarlos, quebrantar su resistencia física o emocional, estigmatizarlos o discriminarlos, como se verá a continuación. Los quejosos aducen en su demanda de amparo y escrito aclaratorio que el diecinueve de marzo de dos mil quince, los habitantes de la colonia Brisas del Lago, fueron desalojados por medio de la fuerza pública, siendo que ese día había policías deteniendo personas, así como gente corriendo y gritando, por lo que para resguardarse mientras esos hechos ocurrían, se dirigieron hacia afuera de la unidad habitacional rumbo a una camioneta y se metieron debajo. Después de un rato trataron de ingresar nuevamente a la colonia, lo que no les fue permitido por los policías y tuvieron que esperar a su mamá afuera. Más tarde, ese mismo día, fueron testigos de cómo se demolía su casa y la de sus vecinos, lo que atentó contra su dignidad y eliminó sus ganas de construir una casa propia cuando sean adultos, porque intuyen que lo ocurrido volverá a suceder. De lo señalado se aprecia que los hechos relatados por los quejosos guardan relación con una situación de vida desagradable, como fue que los desalojaran de su casa por medio de la fuerza pública, lo que tal vez generó en su interior una aflicción o sufrimiento, ya que vieron cómo se demolió su hogar; sin embargo, no se aprecia que los actos se realizaran en particular sobre su persona y que se hayan ejercido actos de violencia y tortura psicológica. Es así, ya que cuando ocurrió lo relatado hubo policías que detuvieron gente y ejercieron el uso de la fuerza para tal fin, pero los quejosos dicen haber corrido y escondido debajo de una camioneta para resguardarse del caos imperante. Es por ello, que debe prevalecer la negativa de los actos de las autoridades, pues si bien la parte quejosa ofreció diversos medios de prueba para acreditar la tortura psicológica de la que fueron objeto como son: a) Un video en el que constan los hechos ocurridos el diecinueve de marzo de dos mil quince. b) Pericial en informática que acredite la autenticidad del video citado en el inciso anterior. c) Periciales en psiquiatría, psicología y trabajo social. d) Videos en el que se observa la demolición de las casas. Tales pruebas fueron desechadas en audiencia al no ser las idóneas para acreditar la tortura psicológica, situación que se justifica ya que como se dijo con anterioridad, los hechos derivan de un desalojo realizado a través de la fuerza pública, en la que en todo momento los quejosos infieren haber sido torturados por ver la destrucción del inmueble en donde residían. De ahí que se observa que tales medios de convicción no son los conducentes para acreditar que la autoridad responsable les creo un sufrimiento deliberado, ya que no se niega que la actuación de sacarlos de su vivienda, pudo generar algún tipo de trauma psicológico por la impresión de la experiencia, sin embargo, no puede ser considerado como tortura, de ahí que se explique su desechamiento en la audiencia constitucional, más aun cuando la aludida desposesión del inmueble no puede ser motivo de análisis por la vía de amparo, en los términos que se expondrán en el siguiente apartado. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" CUARTO. Certeza del Acto. El Agente del Ministerio Público Mesa Cuarta de Tlalnepantla, Estado de México no se pronunció respecto de acto combatido consistente en la orden de desocupación del bien inmueble ubicado en: calle Geranio, Manzana 20, Lote 2, de la Colonia Brisas del Lago, Municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, por lo que se tiene por presuntivamente cierto la emisión del mismo. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En este sentido, por lo que hace al acto combatido consistente en la orden de desocupación del bien inmueble ubicado en: calle Geranio, Manzana 20, Lote 2, de la Colonia Brisas del Lago, Municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo3 , pues de ellos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando la parte quejosa consienta tácitamente el acto reclamado, esto es, cuando no promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días establecido para ello; el cual empezará a contar a partir del día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora bien, del contenido de la demanda se desprende que los quejosos se ostentaron sabedores de dicha orden de desocupación o desalojo desde el mes de marzo de dos mil quince, cuando fueron sacados de su domicilio junto con su familia y demás vecinos de la Colonia Brisas del Lago. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que si el acto reclamado tuvo verificativo desde el año dos mil quince, ha transcurrido en exceso el plazo de quince días que tenía para hacerlo conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el ocurso constitucional fue presentado seis años después de ocurridos los hechos. En esas condiciones, si la parte quejosa asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin presentar la demanda de amparo dentro de los quince días previstos para ello, con su actuar consintió tácitamente los actos reclamados; de ahí la actualización de la causa de improcedencia aludida. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, lo conducente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido para este juzgador que los quejosos ofrecieron como pruebas para acreditar la existencia y posesión del inmueble antes referido, lo siguiente: a) Documental privada consistente en el contrato de compraventa del predio ubicado en Geranio, Manzana 20, Lote 2, de la Colonia Brisas del Lago, Municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, el cual se encuentra glosado en el juicio administrativo 754/2018, del índice de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. b) Inspección Judicial que debía versar sobre el estado actual de la colonia Brisas del Lago también conocida como el ranchito, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. c) Inspección ocular sobre el estado actual del predio ubicado en Geranio, Manzana 20, Lote 2, de la Colonia Brisas del Lago, Municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. d) Inspección sobre el sello de aseguramiento que carece de datos de identificación ubicado en la entrada de la colonia Brisas de Lago, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. e) Pericial en Topografía para conocer la identidad del predio y por lo tanto acreditar que Geranio, Manzana 20, Lote 2, de la Colonia Brisas del Lago, pertenece al Municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. f)Documental pública consistente en el oficio 4010000039118, emitido por el Instituto Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para demostrar que la colonia Villas Turísticas del Sur no existe. g) Documental pública consistente en el oficio 4010000039318, emitido por el Instituto Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para demostrar que la colonia Brisas del Lago sí existe. h) Documental pública consistente en la carpeta de investigación 483330380083515, para demostrar que no se les imputó el delito de despojo sobre el predio propiedad de su madre. i) Documental pública consistente en la carpeta de investigación 483330146415, con la finalidad de probar que no fueron imputado por el delito de despojo. j)Documental pública consistente en la carpeta de investigación 483330230792114, en el que no se les imputó el delito de despojo sobre el predio propiedad de su madre. No obstante, las probanzas de mérito fueron desechadas en la audiencia constitucional, situación que se justifica ya que la interposición de la demanda fue extemporánea, por lo que aunque se acreditara la existencia y posesión del predio, no podría desvirtuarse la causal de improcedencia que se actualiza, pues si bien en la época en que ocurrieron los hechos los peticionarios de amparo eran dos niños; lo cierto es que sus padres o tutores tenían la facultad de acudir en su defensa para proteger la propiedad de la que fueron desalojados. De ahí que si en aquél momento (año dos mil quince) no consideraron conveniente defenderse de los actos ahora reclamados, no se puede convalidar que seis años después se promueva un juicio de amparo fuera de los plazos establecidos en la Ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, que señala: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Por lo anteriormente expuesto se resuelve: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por...Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que la audiencia constitucional de este juicio se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no es posible llevar a cabo la misma en atención a que al titular de este órgano jurisdiccional le fue otorgada licencia de conformidad con el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual faculta al Secretario del despacho a realizar las diligencias y dictar providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, más no a resolver en definitiva. En ese sentido, para no contravenir lo dispuesto en tal ordenamiento, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción de la parte quejosa, por medio de la cual solicita se difiera la audiencia constitucional, en atención a su petición una vez llegada la fecha para el desahogo de la audiencia de ley de acordar lo conducente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
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