Magali Domínguez Velázquez
Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Magali Domínguez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II1, y 21, inciso b2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada ya que el mismo obra en original; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger la documental, conforme a los artículos 33 y 44 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio Servicios jurisdiccionales, en el que encontrará el sistema Agenda OJ, a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger el documento que se deja a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar la citada solicitada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante lista publicada en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con una razón actuarial, correspondiente al juicio de amparo 544/2021-I. Conste. La Secretaria. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida y agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón de cuenta, asentada por el Actuario Judicial adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que se le presentó para notificar a la parte quejosa, el auto de once de junio de dos mil veintiuno, por las razones que expone. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción III, y 27 fracción III inciso a), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, aún las de carácter personal, la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto, señale domicilio para tal efecto, en este municipio de Naucalpan de Juárez, lugar de residencia de este juzgado, o bien, en algún municipio que se encuentre en el territorio donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. En consecuencia, notifíquese por lista a la parte quejosa, el auto de once de junio de dos mil veintiuno, y el presente proveído, así como las subsecuentes que se ordenen de forma personal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista publicada en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL DIVERSO AUTO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de junio de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por ------, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 544/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, de un análisis integro a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente sumario consiste esencialmente: La sentencia interlocutoria dictada en el expediente 1626/2016, por el Juez Tercero Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante la cual se condena a la aquí quejosa ------------ al pago de la cantidad de $129,532.62 (ciento veintinueve mil quinientos treinta y dos pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de pensiones vencidas y no pagadas. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone, del que se tiene lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61, de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero, de la fracción XIV, del precepto 61, de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo, de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que señala al rubro: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Luego, en este asunto, los actos que aquí se reclaman, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues, tal como se advierte de la demanda de amparo, la quejosa es parte formal en el juicio de origen (circunstancia que se corrobora con la prueba documental original que adjunta a su demanda de amparo, por la que realiza petición de copias certificadas del expediente de origen y manifiesta que se da por enterada de la sentencia interlocutoria de que se duele), a saber, juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar 1626/2016; de ahí, su obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado que impugna la inconforme, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. Ello se afirma, con relación a los preceptos legales 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que en su orden, establecen: Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables. Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien, decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, ya que el artículo 1.378, del citado ordenamiento legal, estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.C.T.114 C, del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 364, Tomo IV, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, Novena Época, con el registro 199850, de rubro: APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Por tanto, como ya se dijo, el artículo 1.378, del código procesal civil citado establece la existencia del recurso de apelación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala dicho Código, dictados en la instancia. En ese orden de ideas, la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 1626/2016, por el Juez Tercero Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante la cual se condena a la aquí quejosa -------------------, al pago de la cantidad de $129,532.62 (ciento veintinueve mil quinientos treinta y dos pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de pensiones vencidas y no pagadas; pudiera ser confirmada, revocada o modificada a través del recurso de apelación. De tal manera, que dicho medio de defensa, consiste en que el Tribunal de Alzada a través del medio de impugnación en comento, determine sobre la subsistencia total o parcial de la determinación reclamada de la que se duele el quejoso, para que por ese medio de defensa, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Así pues, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana de un tribunal judicial; por lo que de conformidad con el numeral 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se prevé la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de apelación), previo a la promoción del juicio de amparo. Ante la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de apelación contemplado en el artículo 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; este Juzgado considera que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, los cuales se encuentran a su alcance, dado que como ya se dijo, se trata de una de las partes formales dentro del juicio civil subyacente. Sin que el acto aquí reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción, para agotar el medio ordinario de defensa, dado que el acto impugnado no es de imposible reparación; por ende, la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en la legislación de la materia (recurso de apelación). Por lo anterior, es que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 113, de la misma Ley, por lo cual, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por --------------. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27,fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tienecomo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Avenida del -------------, Ecatepec de Morelos.------------- También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere en su escrito de demanda, de los cuales únicamente Ana Patricia Cazan Sosa, podrá gozar de las amplias facultades que le concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su respectiva cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que José Orlando Domínguez Velázquez y Olga lidia Arreguin Domínguez, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su respectiva cédula profesional se encuentre registrada en el aludido sistema. En otro contexto, se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico juridico.caso@gmail.com y el número telefónico 5532432004; para efecto de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y con ello estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del presente trámite como lo prevé el artículo 17 constitucional, sin que los mismos se tengan para oír y recibir notificaciones personales, debido a que la Ley de Amparo no lo completa. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de junio de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por ------, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 544/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, de un análisis integro a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente sumario consiste esencialmente: La sentencia interlocutoria dictada en el expediente 1626/2016, por el Juez Tercero Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante la cual se condena a la aquí quejosa ------------ al pago de la cantidad de $129,532.62 (ciento veintinueve mil quinientos treinta y dos pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de pensiones vencidas y no pagadas. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone, del que se tiene lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61, de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero, de la fracción XIV, del precepto 61, de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo, de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que señala al rubro: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Luego, en este asunto, los actos que aquí se reclaman, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues, tal como se advierte de la demanda de amparo, la quejosa es parte formal en el juicio de origen (circunstancia que se corrobora con la prueba documental original que adjunta a su demanda de amparo, por la que realiza petición de copias certificadas del expediente de origen y manifiesta que se da por enterada de la sentencia interlocutoria de que se duele), a saber, juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar 1626/2016; de ahí, su obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado que impugna la inconforme, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. Ello se afirma, con relación a los preceptos legales 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que en su orden, establecen: Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables. Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien, decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, ya que el artículo 1.378, del citado ordenamiento legal, estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.C.T.114 C, del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 364, Tomo IV, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, Novena Época, con el registro 199850, de rubro: APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Por tanto, como ya se dijo, el artículo 1.378, del código procesal civil citado establece la existencia del recurso de apelación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala dicho Código, dictados en la instancia. En ese orden de ideas, la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 1626/2016, por el Juez Tercero Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante la cual se condena a la aquí quejosa -------------------, al pago de la cantidad de $129,532.62 (ciento veintinueve mil quinientos treinta y dos pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de pensiones vencidas y no pagadas; pudiera ser confirmada, revocada o modificada a través del recurso de apelación. De tal manera, que dicho medio de defensa, consiste en que el Tribunal de Alzada a través del medio de impugnación en comento, determine sobre la subsistencia total o parcial de la determinación reclamada de la que se duele el quejoso, para que por ese medio de defensa, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Así pues, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana de un tribunal judicial; por lo que de conformidad con el numeral 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se prevé la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de apelación), previo a la promoción del juicio de amparo. Ante la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de apelación contemplado en el artículo 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; este Juzgado considera que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, los cuales se encuentran a su alcance, dado que como ya se dijo, se trata de una de las partes formales dentro del juicio civil subyacente. Sin que el acto aquí reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción, para agotar el medio ordinario de defensa, dado que el acto impugnado no es de imposible reparación; por ende, la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en la legislación de la materia (recurso de apelación). Por lo anterior, es que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 113, de la misma Ley, por lo cual, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por --------------. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27,fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tienecomo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Avenida del -------------, Ecatepec de Morelos.------------- También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere en su escrito de demanda, de los cuales únicamente Ana Patricia Cazan Sosa, podrá gozar de las amplias facultades que le concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su respectiva cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que José Orlando Domínguez Velázquez y Olga lidia Arreguin Domínguez, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su respectiva cédula profesional se encuentre registrada en el aludido sistema. En otro contexto, se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico juridico.caso@gmail.com y el número telefónico 5532432004; para efecto de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y con ello estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del presente trámite como lo prevé el artículo 17 constitucional, sin que los mismos se tengan para oír y recibir notificaciones personales, debido a que la Ley de Amparo no lo completa. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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