Magali Cristal Cuevas Pita

Expediente 281/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
281/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Magali Cristal Cuevas Pita
  • MAGALI CRISTAL CUEVAS PITA y Otros.
  • MIRANDA CRISHEL CASTRO CUEVAS y Otros.
  • Miranda Crishel Castro Cuevas
  • Juez Segundo En Materia Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; remitió copias certificadas del expediente 1142-3/2014, y dado que las mismos resultan innecesarias que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 281/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Magali Cristal Cuevas Pita, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1.- El C. Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. Residente en Chilpancingo, Guerrero. 2. Ciudadana Juez Segundo en Materia Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares. Con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "1.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA DENOMINADA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SE RECLAMA: La ilegal orden al cumplimiento del Oficio 1961 emitido por la Autoridad Ordenadora Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, respecto a su contenido de retener la mitad de la pensión alimenticia decretada en favor de la menor MIRANDA CRISHEL CASTRO CUEVAS en cumplimiento al acuerdo de fecha trece de Diciembre del año dos mil diecisiete y sus efectos y consecuencias, dictado dentro del incidente de medida cautelar urgente, con número de expediente incidental 1142-3/2014, publicado en las listas de acuerdos de los estrados de esta Responsable Ordenadora con fecha catorce de Diciembre de dos mil diecisiete. 2.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA DENOMINADA JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES SE RECLAMA: el ilegal Oficio 1961 emitido por esta Autoridad Ordenadora, respecto a su contenido de ordenar a la diversa responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero de retener la mitad de la pensión alimenticia decretada en favor de la menor MIRANDA CRISHEL CASTRO CUEVAS en cumplimiento al acuerdo de fecha trece de Diciembre del año dos mil diecisiete y sus efectos y consecuencias, dictado dentro del incidente de medida cautelar urgente, con número de expediente incidental 1142-3/2014, publicado en las listas de acuerdos de los estrados de esta Responsable Ordenadora con fecha catorce de Diciembre de dos mil diecisiete. 3.- DE LA EJECUTORA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO.- El indebido cumplimento dado al oficio 1961 emitido por la Autoridad Ordenadora Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, respecto a su contenido de retener la mitad de la pensión alimenticia decretada en favor de la menor MIRANDA CRISHEL CASTRO CUEVAS en cumplimiento al acuerdo de fecha trece de Diciembre del año dos mil diecisiete y sus efectos y consecuencias, dictado /dentro del incidente de medida cautelar urgente, con número de expediente incidental 1142-3/2014, publicado en las listas de acuerdos de los estrados de esta Responsable Ordenadora con fecha catorce de Diciembre de dos mil diecisete. SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la demanda de amparo quedó registrada con el número 281/2018 y previo desahogo de la prevención ahí formulada, el trece de abril siguiente se admitió a trámite únicamente por lo que hace a Magali Cristal Cuevas Pita; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción III, inciso b) de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la ejecución de la sentencia emitida de un juicio del orden familiar que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este juzgado de Distrito; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa Magali Cristal Cuevas Pita, como parte demandada en el expediente familiar 1142-3/2014, relativo al incidente de medida cautelar promovido por el tercero interesado Vidal Castro Calderón, reclama de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el oficio número 1961, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en cumplimiento al acuerdo de trece del mismo mes y año, dirigido al Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero, para que por su conducto ordene a quien corresponda retenga ahora solo el quince por ciento del treinta por ciento que se le descuenta al aquí tercero interesado Vidal Castro Calderón de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor Miranda Crishell Castro Cuevas. TERCERO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues no obstante que no rindió su informe justificado, en cumplimiento al proveído de quince de mayo del año en curso, remitió copias certificadas del expediente familiar 1142-3/2014, las que constituyen los tomos I, II y III de pruebas, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO.- Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE SE ESTIMAN INFUNDADAS. En ese sentido, el tercero interesado Vidal Castro Calderón, afirma que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII, XIX, XX y XIII de la Ley de Amparo. Sin embargo, en relación con las causales en comento, no vierte razonamiento alguno tendente a tratar de probar su actualización, sino que únicamente señala que el presente juicio es improcedente, en razón de que tanto el como la quejosa interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el expediente familiar 1142-3/2014, relativo al incidente de medida cautelar, lo que no es suficiente para que este juzgado quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, ya que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió; consecuentemente, procede desestimar las causales invocadas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 365, del Tomo XXIV, octubre de 2006, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". QUINTO. Estudio de fondo. Al haberse desestimado las causales de improcedencia hechas valer por el tercero interesado y no advertirse una diversa que deba invocarse de oficio, de conformidad con lo establecido por el ordinal 62 de la Ley de Amparo; procede examinar los conceptos de violación. En tal sentido, la parte quejosa únicamente sostiene que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos de legalidad y de audiencia previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que la Juez responsable giró oficio al Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, ordenándole para que por su conducto a través de quien correspondiera retuviera el quince por ciento del treinta por ciento que se le descuenta al deudor alimentario en el juicio de origen Vidal Castro Calderón de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor Miranda Crishell Castro Cuevas, sin haber causado estado la sentencia definitiva dictada en el expediente familiar 1142-3/2014, relativo al incidente de medida cautelar urgente, dado que aún se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación que interpuso en contra de dicha resolución. En este punto es conveniente precisar que no obstante que el acto reclamado emana de un juicio de alimentos, no se actualiza algún supuesto previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, que obligue al Juzgador a suplir la deficiencia de la queja, porque no se aprecia que la litis constitucional verse sobre los derechos de un menor de edad o incapaz, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, por lo que el análisis constitucional del acto reclamado debe ponderarse únicamente a la luz del concepto de violación reseñado con anterioridad. Para estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o no del motivo de disenso en cuestión, resulta pertinente tener en consideración las siguientes circunstancias que se derivan de las actuaciones relativas al expediente familiar 1142-3/2014, relativo al incidente de medida cautelar urgente, cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando tercero de esta resolución. 1. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, la quejosa Magali Cristal Cuevas Pita, promovió juicio de divorcio incausado, ante el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar en turno del Distrito Judicial de Tabares, solicitando entre otras cosas, la disolución del vínculo matrimonial que la unía con el tercero interesado Vidal Castro Calderón. 2. Por auto de cinco de septiembre siguiente, el juez responsable admitió la demanda y ordenó correr traslado a la parte demandada para que en el plazo de nueve días produjera su contestación y manifestara su conformidad con el convenio propuesto o en su caso, presentara su contrapropuesta. Asimismo decretó una pensión alimenticia provisional en favor de la menor Miranda Crishell Castro Cuevas por el equivalente al cuarenta por ciento de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado Vidal Castro Calderón. 3. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil catorce, el aquí tercero interesado Vidal Castro Calderón, interpuso incidente de medida cautelar urgente en contra de la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo en el expediente familiar 1142-3/2014, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil catorce. 4. Por otro lado, seguido en todas sus etapas procesales el juicio de divorcio incausado 1142-3/2014, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Juez responsable dicto sentencia definitiva en la que declaró disuelto el vínculo matrimonial entra la quejosa y el tercero interesado; asimismo estableció a favor de la menor Miranda Crishell Castro Cuevas, una pensión provisional mensual por el equivalente al treinta por ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el tercero interesado Vidal Castro Calderón. 5.- Asimismo, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable, dictó sentencia definitiva, en el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el tercero interesado Vidal Castro Calderón, en la que en su segundo punto resolutivo condenó al incidentista, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la menor Miranda Crishell Castro Cuevas por el equivalente al quince por ciento de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe mensualmente, ordenando girar oficio al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado, a fin de que diera cumplimiento a dicho resolutivo; resolución contra la cual, tanto la parte quejosa como el tercero de interesado de referencia, interpusieron recurso de apelación. 6. Por auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, y previa petición formulada por el incidentista, se expidió el oficio 1961 -lo que constituye el acto reclamado-, de catorce del mismo mes y año, cuyo contenido es el siguiente: "DEPENDENCIA: JUZGADO 2° FAMILIAR NÚMERO DE OFI: 196. EXPEDIENTE: 1142-3/2014. ASUNTO: EL QUE SE INDICA. ACAPULCO, GRO., A 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. En cumplimiento al auto de TRECE DE Diciembre del dos mil diecisiete, dictado en el expediente citado al rubro, relativo al INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por VIDAL CASTRO CALDERÓN en contra de MAGALI CRISTAL CUEVAS PITA, sirva ordenar a quien corresponda deje sin efectos el descuento del 30% treinta por ciento ordenado mediante oficio 329 de fecha once de marzo del dos mil dieciséis, y en su lugar aplique de forma definitiva el 15% quince por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que mensualmente obtiene del demandado VIDAL CASTRO CALDERÓN, a favor de su menor hija MIRANDA CRISHELL CASTRO CUEVAS; y el otro 15% por ciento deberá retenerlo y la cantidad que resulte de dicho porcentaje sobre su entrega a la parte procesal que corresponda, esto se hará de su conocimiento hasta en tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. LIC. IRMA GRACIELA LEE GONZÁLEZ" Ahora bien, una vez establecidos los citados antecedentes, puede advertirse que es infundado el motivo de disenso esgrimido por la parte quejosa; para ello, conviene señalar que los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagrados los derechos de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, el primero de los derechos en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento. Ahora bien, si la ejecución de la sentencia definitiva reclamada por la quejosa se encontraba estrechamente vinculada con el recurso de apelación hecho valer por dicha parte procesal con el que se pudiera revocar o nulificar dicha resolución, es necesario destacar lo dispuesto por los artículos 386, fracción I, 389, 391, 392 y 393, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables (.)." Artículo 389.- Admisión del recurso. Interpuesto en tiempo el recurso de apelación, el juzgador lo tendrá por presentado sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando el efecto de la apelación. En caso de que en el escrito de apelación no se formulen agravios no se tendrá por presentada la apelación. Pero si el apelante omite exhibir el número de copias de los agravios a que se refiere el artículo anterior, el juzgador lo prevendrá para que las exhiba dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesto el recurso. En el mismo auto, el juzgador ordenará se notifique a las partes, haciéndole saber que pueden presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para substanciar el recurso dentro del término de cinco días, si se trata de juicio radicado en el mismo lugar de residencia de dicho Tribunal. En caso de lugar distinto, al término anterior se agregarán los días que el juzgador estime necesarios, tomando en cuenta la distancia y las facilidades de comunicación. Entretanto no transcurra el término a que se refiere el párrafo anterior, no podrá iniciarse la substanciación del recurso. El auto que tenga por no interpuesta la apelación es recurrible en queja; el que la admita es irrecurrible." Artículo 391.- Efectos en que procede el recurso de apelación. En el auto que admite el recurso de apelación el juzgador deberá expresar el efecto que la admisión tenga en relación con la ejecución de la resolución recurrida. Este efecto podrá ser: I. El devolutivo, cuando la interposición no suspende la ejecución de la resolución apelada; II. El suspensivo, cuando la resolución apelada no puede ejecutarse, mientras el recurso no se decida o la resolución apelada quede firme; y III. El preventivo, sólo significa que interpuesta la apelación se mandará tenerla presente cuando apelada la sentencia definitiva se reitera ante el superior lo pedido en su oportunidad. Si el apelante estima que la apelación fue mal admitida, puede ocurrir ante el superior reclamado la calificación de grado." Artículo 392.- Apelaciones admitidas en el efecto devolutivo. La admisión de apelaciones en el efecto devolutivo, se sujetará a las siguientes reglas: I. Todas las apelaciones se admitirán en el efecto devolutivo, a menos que por mandato expreso de la Ley deban admitirse en el suspensivo o preventivo; II. La apelación en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución apelada ni la secuela del juicio en que se dicte; III. No obstante lo dispuesto en la fracción anterior, para ejecutar las sentencias, deberá otorgarse previamente caución para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la contraparte con motivo de la ejecución provisional. Podrá llevarse adelante la ejecución provisional sin necesidad de caución cuando se trate de sentencias sobre alimentos y en los demás casos en que la Ley lo disponga. Si la caución es otorgada por el actor, su monto comprenderá la devolución del bien que deba percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios que se causen al demandado, si el superior revoca el fallo. Si se otorgare por el demandado como contra garantía para evitar la ejecución del fallo, su monto cubrirá el pago de lo juzgado y sentenciado o el cumplimiento, si la sentencia condena a hacer o no hacer. La calificación de la caución será hecha por el juez, quien se sujetará a las disposiciones del Código Civil y de este Código. La liquidación de los daños y perjuicios se hará mediante incidente que se tramitará de acuerdo con las reglas de la ejecución forzosa." Artículo 393.- Apelaciones admitidas en el efecto suspensivo. La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: I. Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo, en los siguientes casos: a) Cuando la Ley de una manera expresa ordene que la apelación se admita con este efecto; b) Contra las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, violencia intrafamiliar y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; De la intelección de los numerales en cita, se puede obtener que el legislador dispuso expresamente la posibilidad de que las sentencias relativas a los alimentos, sean ejecutables desde su emisión, y no hasta que adquiera firmeza dicha determinación, ya que sólo por excepción la admisión del recurso de apelación suspende la ejecución de la sentencia recurrida. Además, la fracción III, del artículo 392 del código adjetivo civil de esta Entidad Federativa dispone que podrán ejecutarse provisionalmente las sentencias sobre alimentos sin necesidad de caución, esto es, la legislación aplicable no prevé expresamente la suspensión de las sentencias sobre alimentos, sino por el contrario, establece la posibilidad de su ejecución desde luego, sin necesidad de esperar a que causen firmeza. Además, la sentencia emitida por el juez responsable ni siquiera es suspendible a través del medio ordinario de defensa establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero para su revisión. De ese modo el efecto que trae aparejada la emisión del oficio que giró al patrón del demandado para dar cumplimiento al punto resolutivo antes destacado, debe considerarse meramente formal, ya que no produce una afectación material; ello, en razón de que el derecho sustancial se encuentra definido en la propia resolución de primera instancia, en tanto que el oficio 1961 cuya emisión "anticipada" se reclama, no es sino una consecuencia lógica y necesaria de dicha determinación. Más aun, no puede soslayarse que la sentencia emitida por la juez responsable ni siquiera es suspendible a través del medio ordinario de defensa establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero para su revisión; de modo que no es el sentido del fallo de primera instancia de que se trate, lo que debe verificarse, sino las reglas aplicables en torno a la ejecución "anticipada" de las sentencias que versen sobre los alimentos. De ahí, que no sea un acto definitivo el acto reclamado, sino como se dijo, sólo una consecuencia natural de una decisión jurisdiccional previa, que es la que objetivamente produce la afectación directa sobre el derecho sustantivo que aduce la quejosa se ha trastocado, entonces no puede considerarse la emisión de la comunicación oficial en comento como un acto de ejecución irreparable, ya que se insiste, no es el sentido de la resolución de primera instancia lo que rige sobre el particular, sino que a virtud de que en esta última se define el derecho a percibir alimentos, contra la cual se debe enderezar el medio de defensa ordinario relativo, el oficio reclamado solo es el reflejo de aquella decisión, sin que a éste pueda reputársele una afectación material al derecho controvertido en la instancia natural. Por otro lado, las sentencias que se pronuncien en los juicios de alimentos, si bien deben declararse cosa juzgada para causar ejecutoria, y que en su contra es oponible el recurso de apelación por la parte que le afecte la decisión judicial; al ser la institución de los alimentos de orden público, porque responde al interés de la sociedad en que se respete la vida y dignidad humanas, pueden ejecutarse sin necesidad de que la sentencia que los decrete y declare la cantidad a cubrir por parte del acreedor alimentario, deba imperativamente causar ejecutoria, pues deben de ser satisfechos inmediatamente. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis III.1o.C.71 C de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 720, cuyo rubro y texto son: "ALIMENTOS. SON UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y DEBEN SER SATISFECHOS INMEDIATAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El espíritu que animó al legislador para conservar la regulación de los alimentos en un lugar privilegiado de la ley, obedeció a que quiso evitar, en lo posible, cualquier táctica tendiente a entorpecer o dilatar el cumplimiento del deudor alimentista en la satisfacción de los alimentos para sus hijos; necesidad que debe procurarse satisfacer inmediatamente con las bases que se obtengan en el juicio de primera instancia, pero no esperar a que se aporten en ejecución de sentencia para cuantificar la pensión definitiva por el citado concepto; de ahí que con mayor razón la responsable debe fijar en la sentencia el monto de la pensión por alimentos que se reclamen al deudor alimentario." Del mismo modo, en lo que atañe a los oficios, no se aprecia que la legislación que rige el procedimiento del que deriva el acto reclamado, regule expresamente los requisitos que deben observarse en la emisión de tales comunicaciones, pues no se trata de una verdadera resolución judicial, como un decreto, auto o sentencia interlocutoria o definitiva, pues sólo se trata del medio a través del cual se comunica alguna de esas determinaciones. No obstante, es factible establecer a partir de la regulación contenida en la legislación aplicable, que la emisión de los oficios se encuentra dirigida a hacer saber a alguna autoridad -judicial o administrativa- la determinación adoptada en el proceso, habida cuenta que para la comunicación de tales determinaciones en relación con alguna de las partes o personas físicas, sí se establecen parámetros que permiten tener certeza sobre la efectiva notificación de la decisión en cuestión, lo que en tratándose de personas morales oficiales es factible obtener a través del sello de recibo en el acuse respectivo, que se emplea como una práctica común que da certeza sobre la entrega de tales misivas; lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º. Entonces, con base en lo anterior, es factible concluir que la emisión de los oficios no se encuentran sujetos a los requisitos de fundamentación y motivación porque no se trata de alguna determinación judicial, sino que su "legalidad" debe ponderase a partir de parámetros mínimos que permitan conocer el origen de la orden a cumplimentar, como lo son los datos de identificación del expediente del que deriva la citada orden (número de expediente y su naturaleza, nombre de las partes y tribunal que mande a practicar la diligencia) y la determinación que se manda a realizar individualizándola por su fecha, sello y firma del funcionario judicial que lo ordena. En efecto, la emisión de cada una de esas comunicaciones no es un acto autónomo, sino que su "legalidad" deriva de la fundamentación y motivación de la resolución judicial por virtud del cual se expiden, razón por la cual, no le es exigible a la autoridad judicial que traslade esos requisitos que sí deben observarse en las resoluciones judiciales a los oficios que expida para hacer cumplir sus determinaciones. Por ello, no se advierte la violación constitucional que argumenta en su concepto de violación la parte quejosa, relativo al oficio de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, que giró la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al Jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado, sin que hubiera causado ejecutoria la sentencia interlocutoria de quince de noviembre de dos mil diecisiete, ya que aun cuando se admitió el recurso de apelación en contra de dicho fallo, la decisión que se adopte por el órgano jurisdiccional puede ser ejecutada por cualquiera de las partes, al así encontrarse previsto por la citada ley adjetiva civil. Lo anterior no afecta el interés superior de la menor, en tanto que su pensión alimenticia se encuentra asegurada con lo resuelto en la interlocutoria de quince de noviembre del año pasado, de ahí que considerar que lo resuelto en esa resolución sea ejecutable no ocasiona agravio a la menor, pues ello no las priva de recibir lo necesario para su manutención, al estar garantizada la misma con el quince por ciento de descuento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que mensualmente obtiene Vidal Castro Calderón, como se estableció en la resolución antes mencionada y en cambio, de estimar lo contrario, podría ocasionarse un perjuicio de difícil reparación al hoy tercero interesado. En mérito de lo expuesto, al resultar jurídicamente infundado el concepto de violación aludido -sin que se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo-, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por Magali Cristal Cuevas Pita. No pasa desapercibido, que no se dio vista a la quejosa a efecto de que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado el acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se ordenó girar el oficio 1961, que en esta instancia constitucional reclama, dado que a ningún fin practico conduciría, dado que el mismo le fue notificado por lista el catorce del mismo mes y año, y la demanda que dio origen a esta instancia constitucional se presentó hasta el veintiuno de marzo de la anualidad que transcurre, de ahí que resultaría extemporánea. Asimismo, en todo caso, de cuestionar la ilegalidad de la notificación de dicho acuerdo, tendría que plantear el incidente de nulidad de notificaciones, previsto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, ante la Juez responsable. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Magali Cristal Cuevas Pita, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    SENTENCIA.... NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Vidal Castro Calderón; en atención a su contenido, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Lugo Osorio y Roberto Castro Calderón, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como profesionales del derecho y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte las documentales que adjunto a su escrito y por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese,

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