Magali Cortés López

Expediente 169/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
169/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
31/07/2017

Partes del expediente

  • Magali Cortés López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, en el que este juzgado federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante de estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; en consecuencia, se les tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, respecto del presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.

  2. Principal

    se resuelve: ÚNICO. Se DECLARA CUMPLIDA la sentencia de amparo dictada el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 196/2017-III, promovido por Magali Cortes López, por conducto de su Apoderado Legal Jesús Montalván Ramírez, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; razón por la cual una vez que cause estado la presente resolución, procede ordenar el archivo del expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento a la quejosa esta determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo vigente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 4918/2017, la autoridad responsable refirió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, y al efecto remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 412/2012; sin embargo una vez analizado el contenido del mismo, se advierte que dicho cumplimiento sólo se hace de forma parcial. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, tomando en consideración que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, la cual debe ser cumplimentada sin demora, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído acredite con constancias relativas, el cumplimiento total a la sentencia amparadora de diecisiete de mayo del año en curso, respecto al inciso c), que señala lo siguiente: "c) Atendiendo a los lineamientos de la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, emita pronunciamiento respecto a la petición de la parte actora -aquí quejosa-,por conducto de su apoderado legal, respecto al embargo a bienes del ayuntamiento demandado, como medida eficaz al cumplimiento del laudo". Ello, en razón de que en el punto considerativo quinto última parte de la sentencia ejecutoriada, se precisaron los lineamientos que anteceden al efecto del fallo protector; de ahí, que la responsable debe acatar lo indicado y emitir pronunciamiento apegado a derecho en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días unidades de medida y actualización, ello, con arreglo a los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que por una parte sobreseyó, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente de aquél en que sea notificado el presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: "a) Deje sin efectos el auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, en lo concerniente al apercibimiento consistente en una multa de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional). b) Dicte otro, en el cual podrá ser en el mismo sentido, pero en caso de apercibir a la parte demandada, deberá aplicar el actual artículo 95 de la mencionada legislación, puesto que el anterior fue reformado. c) Atendiendo a los lineamientos de la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, emita pronunciamiento respecto a la petición de la parte actora -aquí quejosa-, por conducto de su apoderado legal, respecto al embargo a bienes del ayuntamiento demandado, como medida eficaz al cumplimiento del laudo." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

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