Magali Carolina Salazar Robles

Expediente 1229/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1229/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Magali Carolina Salazar Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son para que la autoridad responsable: ".SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata los emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 1939/2020-12-E (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "OXXO-O´SABOR, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco, dedicada a la elaboración y venta de comida rápida; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Impulsora de Mercados de México, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "OXXO, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Fomento Económico Mexicano, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco). O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)...." Requerimiento. En tal virtud, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere al Actuario adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que, dentro del plazo de tres días, cumplan con el fallo protector y lo acrediten con las constancias conducentes, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el entendido que la omisión a lo anterior trae como consecuencia el procedimiento previsto en la ley de la materia. Cobra aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tienen para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se impondrá al Actuario adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1229/2021, promovido por Magali Carolina Salazar Robles, por conducto de su apoderado especial, contra actos de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en línea, el doce de julio de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Magali Carolina Salazar Robles, por conducto de su apoderada especial, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 1229/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario adscrito: La omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral 1939/2020-12-E (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como OXXO-O´SABOR, sociedad anónima de capital variable, ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco, dedicada a la elaboración y venta de comida rápida; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Impulsora de Mercados de México, sociedad anónima de capital variable, ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como OXXO, sociedad anónima de capital variable, ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Fomento Económico Mexicano, sociedad anónima de capital variable, ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco). TERCERO. Inexistencia de la materia de reclamo. Es inexistente el acto reclamado a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada; ello, toda vez que no se está ante una omisión, sino a un imposibilidad, pues la autoridad encargada de realizar el emplazamiento en un juicio laboral, resulta ser el actuario adscrito y no la Junta por sí. En efecto, el artículo 625 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje estará compuesto, entre otros, por actuarios; asimismo, el diverso numeral 640 de la misma ley, establece o precisa cuáles son las faltas especiales de los actuarios, siendo estas del tenor siguiente: "Artículo 640.- Son faltas especiales de los Actuarios: I. No hacer las notificaciones de conformidad con las disposiciones de esta Ley; II. No notificar oportunamente a las partes, salvo causa justificada; III. No practicar oportunamente las diligencias, salvo causa justificada; IV. Hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones; V. No devolver los expedientes inmediatamente después de practicar las diligencias; y VI. Las demás que establezcan las leyes." De lo anterior se colige que, es responsabilidad del actuario adscrito a una Junta de Conciliación y Arbitraje, la de notificar de conformidad con las disposiciones de la Ley laboral, así como también hacerlas oportunamente, salvo causa justificada. En ese tenor, es claro que la realización del emplazamiento en el juicio laboral, una vez que fue ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, constituye o le corresponde exclusivamente al actuario adscrito a esta, por lo que, su omisión, es de igual forma solamente atribuible o imputable a dicho funcionario público. En ese tenor, resulta inconcuso que no existe la omisión reclamada a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Es aplicable la jurisprudencia 99/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". Así, ante la inexistencia de dicha omisión, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de la materia de reclamo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al Actuario adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, pues así lo confeso al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte que remitió la Junta responsable, de la que se advierte que ordenó el emplazamiento a las demandadas y, sin que en el caso, exista constancia con la que se acredite que sí fueron realizado; de ahí que, se insiste, se tiene por cierto el acto reclamado al Actuario adscrito. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Omisión del actuario adscrito de emplazar a las demandadas en el juicio laboral. Sostiene la parte quejosa que, en el caso, el actuario adscrito a la Junta del conocimiento ha sido omiso en emplazar a juicio a la parte demandada en el sumario laboral, trascurriendo en demasía el término que la propia ley contempla para ello. Es fundado el concepto de violación. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes. ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deban efectuar los emplazamientos, de cuya realización tardía se duele el peticionario. El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda y que, dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. Ahora, de las constancias allegadas a los autos, se advierte que desde el quince de diciembre de dos mil veinte se ordenó a la responsable emplazar a juicio a la parte demandada -fecha en la cual se avocó al conocimiento según se advierte de las manifestaciones que realizó la quejosa bajo protesta de decir verdad y contra la cual no obra prueba en contrario-, sin que a la fecha se tenga noticia de que lo haya hecho. Consecuentemente, si a la fecha no se ha efectuado el emplazamiento al juicio laboral de origen, es indudable que no se cumple con la obligación legal que tiene la autoridad de realizar ese llamamiento y, por ende, resulta violatorio del artículo 17 constitucional, de ahí que se concede el amparo solicitado. Finalmente, no pasan inadvertidos los alegatos efectuado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; empero, debe decirse que en el caso el suscrito estima que no es necesario pronunciarse puntualmente respecto estos pues no se está haciendo valer alguna causa de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 122/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1534, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata los emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 1939/2020-12-E (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "OXXO-O´SABOR, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco, dedicada a la elaboración y venta de comida rápida; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Impulsora de Mercados de México, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "OXXO, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Fomento Económico Mexicano, sociedad anónima de capital variable", ubicada en avenida Juan Gil, número 1904-A, en la colonia Los Robles, en Zapopan, Jalisco). O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra el acto reclamado del Actuario adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su actuario notificador, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remiten en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, formulando las manifestaciones que a manera de alegatos expresa, de conformidad a lo establecido en el numeral 124 de la Ley de Amparo, las cuales, en caso de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Por otro lado, y en atención a su solicitud, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, indíquesele que una vez que se dicte la resolución correspondiente se le expedirán las copias que indica. Asimismo, se informa al aludido agente que en atención a las medidas de prevención para evitar la propagación del virus del Covid-19, acorde a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 361 del citado acuerdo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Finalmente, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se le exhorta a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia.

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