Madeo Palacios Hernández

Expediente 1670/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1670/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Madeo Palacios Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..M-II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Amadeo Palacios Hernández, contra actos que reclama del Juez Segundo Penal de Ejecución y Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número de orden 1670/2021-II-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, una de las causales de improcedencia previstas en el diverso 61 de dicho ordenamiento legal. En efecto, la previsión legal invocada en segundo término, en su fracción XVIII, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, esta autoridad resolutora considera que el auto mediante el cual se desechó la solicitud de un beneficio preliberacional planteada por el quejoso, es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 131 y 132, fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dicen lo siguiente: Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) II. Modificación o extinción de penas; (..) 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ En efecto, de su lectura de advierte que contra la resolución de modificación o extinción de penas, procede el recurso de apelación. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de diez de diciembre del año en curso, dictado en la carpeta de ejecución número 511/2016, mediante el cual se desechó de plano la solicitud de beneficio preliberacional de libertad condicionada planteada por el quejoso Amadeo Palacios Hernández; de ahí que se considere que procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los numerales transcritos, precisamente porque ese es el recurso idóneo contra actos de esa naturaleza. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso alegue que se trata de un acto reclamado relacionado con la privación de su libertad. Al efecto, debe decirse que, conforme al sistema jurídico de impugnación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el cual figura la apelación contemplada en los artículos 131 y 132, fracción II, de conformidad con los cuales es apelable una resolución relacionada con la extinción de la pena condigna, dicho medio ordinario de defensa es procedente contra fallos o resoluciones de la autoridad judicial correspondiente, en las que se ocupe sobre la extinción de la pena. Por su naturaleza, el conocimiento y solución del recurso corresponde a la autoridad de alzada o de segundo grado, de ahí que es dable calificarlo en los llamados medios de defensa verticales, pues el tribunal que debe resolver la impugnación es diferente al que dictó el fallo de primera instancia. Por tanto, por disposición expresa del artículo 132, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no cabe la 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ menor duda que el recurso de apelación es el medio de defensa procedente contra una resolución relacionada con la extinción de la pena relativa. Es inconcuso, entonces, que antes de acudir al juicio de amparo el quejoso estuvo jurídicamente constreñido a agotar tal medio de defensa, que no es otro más que la apelación prevista en los artículos 131 y 132, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, justamente por constituir un medio ordinario de defensa idóneo para cuestionar un acto como el atacado en la demanda que nos ocupa. Además, cabe mencionar que, si bien es cierto que la parte quejosa reclama un auto que por sus efectos podría considerarse como de aquellos que afectan de manera indirecta la libertad personal, no debe soslayarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio en el que, más que atender a la afectación a la libertad, deben agotarse los mecanismos de control previstos en la ley que rige el acto, para combatir aquellos como el que ahora nos ocupa, a efecto de que sean las autoridades quienes se ocupen del estudio de los temas respectivos en el ámbito de su competencia. Así, se reitera que, en este caso se surte la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual exige que, previo a promover un juicio de amparo, se deben agotar los medios de defensa ordinarios procedentes para modificar, revocar o nulificar el acto que se reclame; en tanto que el acto que se combate en la especie, fue emitido dentro del marco de un procedimiento y, a fin de cuentas, se encuentra ineludiblemente bajo la vigilancia y control de 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ una autoridad formalmente jurisdiccional -Juez de Ejecución-. Luego, con este criterio se colma básicamente el objetivo de propiciar en mayor medida la funcionalidad de la reforma constitucional en la materia -Ley Nacional de Ejecución Penal- y dotarla de congruencia con respecto a los principios y reglas de tramitación que rigen nuestro juicio de amparo. Pensar lo contario, sería permitir que todas las cuestiones relacionadas con la extinción de la pena - entre otras-, conforme a los principios que rigen la Ley Nacional de Ejecución Penal, se sigan resolviendo ante los jueces de amparo; con lo que se eludiría su objetivo principal, propiciando así su inoperatividad, no obstante que su finalidad es que los jueces especializados sean los que resuelvan al respecto. Además, porque si bien es cierto que la inobservancia de los principios que operan en la materia de ejecución, puede derivar en violaciones directas a los derechos sustantivos de las personas en reclusión, no debe soslayarse que la irreparabilidad de tales actos no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, sino que para ello, en todo caso, habría que configurarse -plenamente- alguno de los supuestos previstos en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, lo que se insiste, no sucedió en el caso. En conclusión, la citada normativa -Ley Nacional de Ejecución de Penas-, que es la reglamentaria del artículo 18 constitucional, tiene por objeto establecer las reglas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; en este caso particular, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal -extinción de la pena-. A final de cuentas, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución. Cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018. Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.). Página 230.). "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021. Tomo IV. Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.). Página 3506.). "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II. Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.).Página 1760.) En esa tesitura, al contener la Ley Nacional de Ejecución Penal el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que los supuestos específicos ahí previstos. Empero, como ha quedado plasmado, de los artículos 131 y 132, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que dicha determinación puede ser reclamada mediante la interposición del recurso de apelación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ circunstancias, a lo que el juez, en su caso, tendrá la obligación de resolver si su proceder fue legal o no. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Amadeo Palacios Hernández. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DEL QUEJOSO. Téngase como tal el ubicado en Camino Real de la Plata número 222, despacho 1-A, fraccionamiento Zona Plateada en esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Ortiz Pantoja, y para recibir notificaciones a Hugo Javier Aguilera Baca. ACUERDO SOBRE CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO MÓVIL. Se tiene al promovente proporcionando el siguiente: josealbertolic@hotmail.com y 7715257301. En el entendido que dichos medios de comunicación no sustituyen el domicilio procesal, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General.

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