Madai Reyna Segreste Acevedo

Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Madai Reyna Segreste Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales para devolver a la quejosa. Anexo. Se ordena devolver a la Jueza Municipal de Cuautlancingo (sic), Estado de Puebla, el original de la causa penal ***, que fue recibida en este juicio. Por consiguiente, se requiere a la citada jueza que en el plazo de tres días siguientes a la fecha cuando le sea notificado este proveído, acuse el recibo de estilo por el original en mención. Se apercibe a la citada autoridad judicial con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, que de no cumplir lo requerido u omitir manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). No obstante, se le hace saber que a fin de respetar la política de sana distancia, aplicada por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, que obliga a privilegiar el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, deberá preferir el envío de su acuse por la vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx A través de ese correo electrónico, se le acusará de recibo -el mismo día, si el correo se recibe de nueve a quince horas en día hábil; o bien, al día siguiente hábil, si se recibiera con posterioridad-. Pero se informa a la jueza municipal requerida que todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que pretenda exhibir su acuse de manera física, en el supuesto de que no pueda remitirlo por la vía electrónica. Indicaciones a la actuaria judicial. Se instruye a la actuaria encargada de este expediente, que el oficio generado por este acuerdo, lo notifique físicamente a la jueza municipal citada. Pero deberá observar el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad que se le proporcionó para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer, dado que ha quedado firme el proveído en el cual fue desechada su solicitud de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si pretendiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido -ello con independencia del oficio que habrá de librarse para devolver el anexo mencionado-. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.- PPuebla, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual informa un acuerdo dictado por el magistrado presidente de ese tribunal, en el que declaró firme el proveído de incompetencia legal que había emitido con anterioridad, para conocer de la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por la quejosa *** por derecho propio, contra un acto de la Jueza del Juzgado Municipal de Cuatlancingo En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, .. También se instruye librar el oficio de acuse para el citado tribunal colegiado. Se asume la competencia declinada. Conforme a la decisión emitida por el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, esta juzgadora se avoca al conocimiento de la demanda presentada por la quejosa por derecho propio, contra un acto de la Jueza del Juzgado Municipal de Cuatlancingo (sic), Puebla. Ello atiende a que la demanda de la quejosa en mención, debe ser tramitada en la vía de amparo indirecto... se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa *** (denominada en lo subsecuente como la causa penal). En ese proveído fue desechado el recurso de revocación que interpuso la quejosa, como defensora del procesado, contra el diverso de once de agosto de dos mil veinte, en el que fue programada la audiencia de vista en la causa penal y se apercibió a la defensora con la imposición de una multa, para el caso de que no acudiera con el procesado a la referida audiencia. Recurso que fue desechado por extemporaneidad, como se observa en el reclamado proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal y que fue transcrito en la demanda de amparo. Pero el reclamo formulado por la quejosa contra el proveído de marras, encuentra desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, ..., se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación....contra un diverso acuerdo de la causa penal. Ello impide considerar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, reflejan que el desechamiento del recurso únicamente quedó soportado en el factor de extemporaneidad. De modo que al haberse soportado el desechamiento en el factor de extemporaneidad, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el proveído reclamado, porque la jueza responsable nunca afectó derechos sustantivos de la quejosa, por ejemplo, el cargo reconocido que esta tiene de defensora en la causa penal, el derecho de consultar las actuaciones ni el diverso de gestionar lo que estimara pertinente a ese cargo o a los derechos del procesado, entre otros derechos. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental de la quejosa -como defensora-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Incluso debe mencionarse que el desechamiento del recurso de revocación, no restringió a la quejosa el derecho para interponer recurso de revocación contra el diverso acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, en el que parece haberse impuesto la multa con la que fue apercibida, por inasistencia de ella y del procesado a la audiencia de vista. Más aún, los conceptos de violación formulados por la quejosa, permiten visualizar que el recurso de revocación que interpuso -el desechado-, pretendía la nulidad de la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, que citó a la audiencia de vista con apercibimiento de multa para aquélla. Sólo que la ruta legal para impugnar la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal, era el incidente de nulidad de notificaciones que deriva de los artículos 46, fracción XIV, y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Todo lo cual permite afirmar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, el cual está circunscrito al desechamiento del recurso de revocación por el factor de extemporaneidad, no afectó derechos sustantivos de la quejosa en el causa penal, como el ejercicio de su cargo de defensora, la promoción del incidente de nulidad contra la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, ni la impugnación del acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte en el que se le impuso la multa. De ahí que no pueda considerarse que el proveído reclamado, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, haya afectado derechos sustantivos de la quejosa en la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que el acuerdo combatido en la demanda, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente contiene el desechamiento de un recurso de revocación por el factor de extemporaneidad, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, como el ejercicio del cargo de defensora que tiene la quejosa, el derecho a promover el incidente de nulidad contra la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, ni el derecho a impugnar el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte en el que se le impuso la multa. Así, debe concluirse que la quejosa pretende reclamar un proveído que generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Es pertinente agregar que la existencia del auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal, refuerza la falta de un acto de imposible reparación en la demanda de amparo. Máxime que ese proveído ya está incorporado a la causa penal y contiene la multa que en realidad podría generar a la quejosa una afectación de imposible reparación, razón por la cual tendría que impugnarlo con el recurso ordinario pertinente; y si la resolución fuera adversa, estará en condiciones de promover otro juicio de amparo con el planteamiento de que se ha materializado un acto de imposible reparación. Solo que el proveído reclamado en la demanda, emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal, no ha afectado directamente algún derecho fundamental, como se explicó en párrafos anteriores. Por tanto, debe estimarse que el acuerdo reclamado por la quejosa, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa **** por derecho propio, dado que el proveído que reclamó a la autoridad responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación.Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre , porque aquélla decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula del nombrado, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación.Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    PPuebla, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual informa un acuerdo dictado por el magistrado presidente de ese tribunal, en el que declaró firme el proveído de incompetencia legal que había emitido con anterioridad, para conocer de la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por la quejosa *** por derecho propio, contra un acto de la Jueza del Juzgado Municipal de Cuatlancingo En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, .. También se instruye librar el oficio de acuse para el citado tribunal colegiado. Se asume la competencia declinada. Conforme a la decisión emitida por el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, esta juzgadora se avoca al conocimiento de la demanda presentada por la quejosa *** por derecho propio, contra un acto de la Jueza del Juzgado Municipal de Cuatlancingo (sic), Puebla. Ello atiende a que la demanda de la quejosa en mención, debe ser tramitada en la vía de amparo indirecto... se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa *** (denominada en lo subsecuente como la causa penal). En ese proveído fue desechado el recurso de revocación que interpuso la quejosa, como defensora del procesado, contra el diverso de once de agosto de dos mil veinte, en el que fue programada la audiencia de vista en la causa penal y se apercibió a la defensora con la imposición de una multa, para el caso de que no acudiera con el procesado a la referida audiencia. Recurso que fue desechado por extemporaneidad, como se observa en el reclamado proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal y que fue transcrito en la demanda de amparo. Pero el reclamo formulado por la quejosa contra el proveído de marras, encuentra desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, ..., se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación....contra un diverso acuerdo de la causa penal. Ello impide considerar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, reflejan que el desechamiento del recurso únicamente quedó soportado en el factor de extemporaneidad. De modo que al haberse soportado el desechamiento en el factor de extemporaneidad, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el proveído reclamado, porque la jueza responsable nunca afectó derechos sustantivos de la quejosa, por ejemplo, el cargo reconocido que esta tiene de defensora en la causa penal, el derecho de consultar las actuaciones ni el diverso de gestionar lo que estimara pertinente a ese cargo o a los derechos del procesado, entre otros derechos. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental de la quejosa -como defensora-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Incluso debe mencionarse que el desechamiento del recurso de revocación, no restringió a la quejosa el derecho para interponer recurso de revocación contra el diverso acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, en el que parece haberse impuesto la multa con la que fue apercibida, por inasistencia de ella y del procesado a la audiencia de vista. Más aún, los conceptos de violación formulados por la quejosa, permiten visualizar que el recurso de revocación que interpuso -el desechado-, pretendía la nulidad de la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, que citó a la audiencia de vista con apercibimiento de multa para aquélla. Sólo que la ruta legal para impugnar la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal, era el incidente de nulidad de notificaciones que deriva de los artículos 46, fracción XIV, y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Todo lo cual permite afirmar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, el cual está circunscrito al desechamiento del recurso de revocación por el factor de extemporaneidad, no afectó derechos sustantivos de la quejosa en el causa penal, como el ejercicio de su cargo de defensora, la promoción del incidente de nulidad contra la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, ni la impugnación del acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte en el que se le impuso la multa. De ahí que no pueda considerarse que el proveído reclamado, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, haya afectado derechos sustantivos de la quejosa en la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que el acuerdo combatido en la demanda, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente contiene el desechamiento de un recurso de revocación por el factor de extemporaneidad, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, como el ejercicio del cargo de defensora que tiene la quejosa, el derecho a promover el incidente de nulidad contra la notificación del proveído de once de agosto de dos mil veinte, ni el derecho a impugnar el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte en el que se le impuso la multa. Así, debe concluirse que la quejosa pretende reclamar un proveído que generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Es pertinente agregar que la existencia del auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal, refuerza la falta de un acto de imposible reparación en la demanda de amparo. Máxime que ese proveído ya está incorporado a la causa penal y contiene la multa que en realidad podría generar a la quejosa una afectación de imposible reparación, razón por la cual tendría que impugnarlo con el recurso ordinario pertinente; y si la resolución fuera adversa, estará en condiciones de promover otro juicio de amparo con el planteamiento de que se ha materializado un acto de imposible reparación. Solo que el proveído reclamado en la demanda, emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal, no ha afectado directamente algún derecho fundamental, como se explicó en párrafos anteriores. Por tanto, debe estimarse que el acuerdo reclamado por la quejosa, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa **** por derecho propio, dado que el proveído que reclamó a la autoridad responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación.Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ***, porque aquélla decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula del nombrado, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación.Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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