Madai Farías Barajas

Expediente 622/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
622/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Madai Farías Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y no apareciendo de autos que se hubiere interpuesto ante este Juzgado recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el juicio constitucional en que se actúa, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso d), 84 y 86, de la Ley de Amparo y con fundamento en el artículo 2º de la propia ley y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales conducentes; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Vista la certificación que antecede se desprende, que conforme a la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudaron las actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte, conforme al Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en este juicio que se encontraba suspendido. Cabe precisar que conforme al artículo 2, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se hace del conocimiento de las partes que deberán ajustarse, en lo que a ellas competa, a lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tales condiciones, se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que los plazos legales no se reinician, sino continúan su curso, los cuales se computarán a partir de los días y horas transcurridos antes de la suspensión del procedimiento, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista con base en las razones que se expresan a continuación. En efecto, ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la vigencia de la Ley de Amparo de diez de enero de mil novecientos treinta y seis -abrogada por la vigente legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada el dos de abril de dos mil trece-, sostuvo en su momento, el criterio de que el entonces artículo 30 de la referida normatividad, relacionado con el arbitrio que concede dicho precepto al juzgador para ordenar que se haga personalmente una determinada notificación, no puede quedar a la voluntad del juez, sino que tiene que ajustarse a los dictados de la razón, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar y con la trascendencia del acto a que la notificación se refiera, a efecto de que todas aquéllas resoluciones de trascendencia para las partes, lleguen a su conocimiento dándoles oportunidad de interponer las defensas procedentes o de cumplir con lo que ordenen las determinaciones judiciales. En ese sentido, dispuso que la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y fija además fechas para la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes, es de gran trascendencia para estas, por lo mismo, debe estimarse que la notificación de dicha resolución debe hacerse personalmente y no por medio de lista -criterio que se emitió por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, bajo el epígrafe: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO (PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO, REANUNDACIÓN DEL).- Sin embargo, ese criterio debe entenderse desde la lógica de cuando el órgano jurisdiccional ha emitido una determinación que suspende el procedimiento y con motivo de tal circunstancia es trascendente que ordene la notificación personal cuando se reanude el mismo, para no dejar en estado de indefensión o en incertidumbre jurídica a alguna de las partes. A manera de ejemplo de ese tipo de resoluciones dictadas por el juzgador que paralizan el procedimiento dentro del procedimiento constitucional -en la vía de amparo-, pueden enunciarse las siguientes: En materia penal, cuando el amparo se promueve por persona distinta al agraviado -por imposibilidad de éste-, caso en el que el órgano jurisdiccional decretará la suspensión del procedimiento hasta que se logre la comparecencia de aquél -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la hipótesis de fallecimiento del quejoso o tercero interesado, cuando el "de cujus" no tiene representación legal en el juicio -numeral 16 del ordenamiento aludido-. Cuando no se puedan realizar las notificaciones por vía electrónica por fallas que interrumpan el sistema de envío y recepción de promociones -arábigo 30, fracción III de la legislación en comento-. Luego de que se suscite una cuestión de competencia -ordinal 42 de la ley de la materia-. En los incidentes, atento a la naturaleza del asunto, el órgano jurisdiccional podrá determinar si se suspende el procedimiento -dispositivo 67 de la invocada norma reglamentaria-. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia -precepto 102 de la aludida legislación". En esos supuestos, si el juzgador dentro del juicio constitucional en forma particularizada hubiera emitido una determinación en la que dispusiera la suspensión del sumario de que se trata, lógicamente, al reanudarlo, de existir la posibilidad de dejar en estado de indefensión a cualquiera de las partes por desconocimiento de la continuación del procedimiento y si ello pudiera provocarles que no puedan ejercer su derecho a demostrar lo que a su interés convenga, debe ordenar por su trascendencia la notificación personal para las partes, por así permitirlo la fracción I, inciso k), arábigo 26 de la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, que dispone que en los juicios de amparo se harán las notificaciones en forma personal, cuando se trate de resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten. Pero no existe obligación de notificar personalmente la continuación de un juicio en forma particular, cuando la suspensión y reanudación de labores se dispuso para todos los procedimientos que se ventilan en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con base en acuerdos generales precisos y claros, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal -para el adecuado ejercicio de sus funciones y de la organización de los juzgados y tribunales que se sujetan a disposiciones de carácter administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-, ya que con motivo de ese evento, basta con que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, las partes con motivo de la publicidad de los mismos, no puedan argüir su desconocimiento de cuándo se reestablecen efectivamente los plazos para el ejercicio de sus derechos. Por las razones que la informan, se trae a la palestra la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En ese sentido, el presente acuerdo en el que se señala la nueva fecha de la audiencia constitucional se ordena notificarlo a las partes por medio de lista, ya que no existe ningún precepto de la Ley de Amparo que imponga el deber al juzgador de comunicar personalmente el nuevo día y hora que se señala para que tenga verificativo la audiencia de ley. Se reitera, porque el procedimiento se suspendió -no con motivo de una determinación judicial- y se reanudó en cumplimiento a la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; y en concordancia con el Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, ello, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte, acuerdos cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haber sido publicados en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación, sin que correspondiera a una decisión emanada del quehacer particular jurisdiccional derivada del planteamiento de la problemática surgida entre las partes. Ilustran el sentido de lo razonado, los criterios emitidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo." "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA. Ni el artículo 219, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo en que se señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional cuando ésta ha sido diferida de oficio en atención a que la parte tercera perjudicada no había sido emplazada, de tal manera que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado, por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; por consiguiente, no se deja en estado de indefensión al quejoso por no notificársele personalmente dicho acuerdo." A mayores datos, el criterio que se adopta no es por voluntad caprichosa de quien resuelve, sino en términos de los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, así como con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, cuenta habida que este órgano jurisdiccional no soslaya que se debe cumplir con la finalidad que persiguió el propio Consejo de la Judicatura Federal en los diversos acuerdos generales que se enlistaron, a efecto velar por la salud de las personas -actuarios y justiciables- que pudieran interactuar al momento de llevar a cabo una notificación personal. Aunado a que considerarlo de otro modo, retrasaría seriamente la impartición de justicia, pues implicaría hacer notificaciones personales en todos los asuntos de este juzgado, que como ya se vio, resulta innecesario, dada la publicidad que específicamente se le dio a la reanudación de las labores que quedó puesta de relieve en la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, sería una labor titánica que se sumarían a la carga que se acumularía a este juzgado de distrito con motivo de los asuntos nuevos que se lleguen a recibir, que requieren de notificaciones personales, lo que podría colapsar en el sistema de notificaciones del propio juzgado, en una época en la que es factible privilegiar las comunicaciones por la vía electrónica. OFICIO Visto el oficio de la DIRECTORA GENERAL DE ESPECIALIDADES PERICIALES DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en la audiencia constitucional de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y propone como perito en materia de Grafoscopía y Documentoscopía al C. Oswaldo Perales Palma, por tanto, se tiene como perito designado por este juzgado al referido experto. Aunado a lo anterior, y toda vez que mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se ordenó reservar proveer respecto al contenido del oficio signado por --, Perito Técnico Ejecutivo en Materia de Grafoscopía y Documentoscopía de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, hasta en tanto obrara en autos el informe de la DIRECIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA respecto a su designación, y como se advierte del párrafo que antecede, tal situación ya aconteció; en consecuencia, infórmese al perito referido anteriormente, que deberá acudir al local de este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido a las ONCE HORAS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, fecha y hora que le fue asignado en el Portal del Consejo de la Judicatura, para tal efecto, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una MULTA DE CINCUENTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE y POR OFICIO AL PERITO --.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito aclaratorio de Madaí Farias Barajas, por medio de la cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló por auto de seis de noviembre del año en curso, al respecto se provee: Toda vez que el quejoso en su escrito aclaratorio refiere que solicita la suspensión del auto de treinta de septiembre de dos mil veinte emitido por el juez responsable, por medio del cual se le negó la búsqueda de los documentos prueba en el juicio de origen; sin embargo, dicho proveído no fue señalado como acto reclamado en el escrito inicial de demanda, ya que ésta se enderezó contra el diverso de catorce de octubre de dos mil veinte, pro el cual el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, no admitió a trámite el recurso de revocación que hizo valer dentro del juicio de origen 1345/2018. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo se le requiere para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: 1.- Precise exactamente cuál o cuáles son los actos que reclama y a qué autoridades, en el entendido de que no puede solicitar la suspensión del acto si éste no es señalado como reclamado. Dígasele a la ocursante que deberá presentar su aclaración en ORIGINAL y copias suficientes, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, SE TENDRÁ ÚNICAMENTE COMO ACTO RECLAMADO EL SEÑALADO EN EL LIBELO DE DEMANDA INCIAL. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto el siguiente: Registro No.184437, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Página: 1121, Tesis: XVII.3 K, Tesis Aislada Materia(s): Común: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." Notifíquese personalmente al quejoso.

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