Macrina Martínez Brianza

Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
94/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Macrina Martínez Brianza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de trece de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2. Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3. Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Diligencia. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la quejosa ...ratificó el escrito recibido el siete de febrero pasado, presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en esa fecha. 2. Desechamiento. Con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: La resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del toca civil 108-C-1C01/2013, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad; formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora (hoy quejosa), contra la interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que a su vez, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la propia actora, contra la notificación del auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio ordinario mercantil 527/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución; en ese orden de ideas, resulta claro que el auto que aquí se reclama no constituye la última resolución en ejecución del expediente 527/2012. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Por tanto, la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del toca civil 108-C-1C01/2013, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad; formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora (hoy quejosa), contra la interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que a su vez, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la propia actora, contra la notificación del auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio ordinario mercantil 527/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, tal determinación es un acto previo en el proceso de dicha ejecución, que en modo alguno constituye la última resolución en la ejecución de sentencia. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/2001. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.-1. Diligencia. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la quejosa ...ratificó el escrito recibido el siete de febrero pasado, presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en esa fecha. 2. Desechamiento. Con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: La resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del toca civil 108-C-1C01/2013, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad; formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora (hoy quejosa), contra la interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que a su vez, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la propia actora, contra la notificación del auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio ordinario mercantil 527/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución; en ese orden de ideas, resulta claro que el auto que aquí se reclama no constituye la última resolución en ejecución del expediente 527/2012. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Por tanto, la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del toca civil 108-C-1C01/2013, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad; formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora (hoy quejosa), contra la interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que a su vez, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la propia actora, contra la notificación del auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio ordinario mercantil 527/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, tal determinación es un acto previo en el proceso de dicha ejecución, que en modo alguno constituye la última resolución en la ejecución de sentencia. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/2001. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, aparentemente firmado por la quejosa Macrina Martínez Brianza, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de treinta de enero del presente año. 1.1. Acuerdo. Atento a su contenido, y advirtiéndose que la firma que calza el mismo no concuerda a simple vista con los rasgos de la que aparece en el escrito inicial de demanda suscrito por la promovente Macrina Martínez Brianza. 1.2. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la citada promovente por conducto del Actuario de este Juzgado de Distrito, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca debidamente identificada ante la presencia judicial a reconocer como suya la firma que calza el ocurso de cuenta y a ratificar su contenido; advirtiéndole a la ocursante de los delitos que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. 1.3. Apercibimiento. En la inteligencia que de no cumplir con lo que se le ordena, se tendrá por no presentado dicho escrito. 1.4. Jurisprudencia. Tiene aplicación al caso la Tesis número doscientos dos, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.

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