Maclovia Miranda Flores

Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Maclovia Miranda Flores
  • Congreso del Estado de Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 9316/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, mediante el cual acusa recibo del diverso 5220/2022, remitido por éste órgano jurisdiccional, asimismo, informa que aceptó la competencia que se le declinó y se avocó al conocimiento del juicio de amparo número 246/2022-I, promovido por ********************, contra actos de los Congreso del Estado de Guanajuato, con sede en la capital y otras autoridades. Po tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por ... atento a su contenido, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se les tiene apersonándose dentro del juicio en que se actúa en su carácter de apoderados del tercero interesado ...., carácter que se les reconoce en términos del instrumento notarial que en copia cotejada acompañaron a su escrito de cuenta y que este juzgado les reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle ..., de esta ciudad, autorizando para recibir notificaciones, documentos y valores, a los licenciados ... Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ...anexo, contra actos de los Congreso del Estado de Guanajuato, con sede en la capital y Registro Público de la Propiedad de Moroleón, Guanajuato otras autoridades. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 246/2022-I. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. En principio debe decirse, que los actos que en esta instancia Constitucional reclama la parte promovente, se hacen consistir en: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: El Congreso del Estado de Guanajuato, ubicado en la calle del Congreso número 60, colonia Marfil, de la ciudad de Guanajuato. EJECUTORA: el Registro Público de la Propiedad de Moroleón, Guanajuato. IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad ordenadora se reclama la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. De la autoridad ejecutora reclamo la ejecución de todos los actos que reclamó de las ordenadoras y en especial el cobro de la suma de $3,345.00 (tres mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscribir una escritura de otra entidad federativa." Luego de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, sustancialmente precisó: "[.]El tres de febrero del año, en curso, acudí ante la autoridad responsable ejecutora a solicitar la inscripción de la escritura número 8769 de dieciséis de agosto de 2021, elaborada por el licenciado José Mige Medina González, notario público número 150, con ejercicio y residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, respecto de la adjudicación de un inmueble; habiéndose dado la orden de pago correspondiente y se enteró la suma de $5,065.00 (cinco mil sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), dentro de la cual se incluyó el concepto de inscripción de escritura de otra entidad federativa, por la suma de $3,345.00 (tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) [.]" Del mismo modo, de la documental que acompaña a su escrito inicial de demanda consistente en la boleta de ingresos 107381 de tres de febrero del año en curso, de la cual se infiere en la parte final de su escrito de la demanda que la aquí impetrante pagó la cuota de $3,345.00 (tres mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por solicitar la inscripción de una escritura de otra entidad federativa, esto ante la autoridad ejecutora con sede en Moroleón, Guanajuato. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo y su anexo, se obtiene que el acto que reclama la parte promovente de las autoridades que señala como responsables Congreso del Estado de Guanajuato con sede en la capital y Registro Público de la Propiedad, con sede en Moroleón, Guanajuato, consiste en la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, norma que aduce se le aplicó al momento que acudió al Registro Publicó de la Propiedad de Moroleón, Guanajuato, el pasado tres de febrero de dos mil veintidós, y pagó la cantidad de $5,065.00 (cinco mil sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de escritura pública, pagó en el que aduce le incluyeron el cobro de la suma de $3,345.00 (tres mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de escritura de otra entidad federativa. En este contexto, sirve de apoyo la tesis número 1a. II/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 206167, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así, como se adelantó este juzgador federal estima que carece de competencia legal por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que, para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, que resultan ser los dos primeros supuestos de la regla establecida en el citado numeral 37 de la ley de la materia, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad. Ahora bien, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, a través del acto de aplicación de la citada norma al momento que se le cobró la cantidad de $3,345.00 (tres mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de escritura de otra entidad federativa, inmersa en el monto total que pagó el tres de febrero de dos mil veintidós, por la cantidad de $5,065.00 (cinco mil sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de escritura pública, que sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, se realizó ante el Registro Publicó de la Propiedad en el municipio de Moroleón, Guanajuato, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. En ese sentido, resulta que los actos reclamados por esta vía Constitucional tienen como consecuencia, una actuación ejecutada; por tanto, se deberá analizar una actuación realizada por las autoridades responsables, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en turno. Apoya lo anterior en lo conducente la tesis V.2o.P.A.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la página 2054, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2003246, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley." Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en uno de los que lo hacen los juzgados de distrito con residencia en Celaya, Guanajuato, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado federal declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en turno, a quien se ordena remitir el original de la demanda de amparo con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el despacho ubicado en Boulevard García León, número 1244, de la colonia Nueva Chapultepec, de esta ciudad, y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a Ma. De los Ángeles Soto Lule y Raúl Tovar Gutiérrez en virtud de que sólo en esos términos fueron designados. Por otro lado, por lo que respecta a los correos electrónicos Ma.delos.angelessolu@hotmail.com y tovaraul@hotmail.com, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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