Maclen Marrufo Rubio

Expediente 510/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
510/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Maclen Marrufo Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede y dado que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, archívese el presente expediente como asunto concluido, hágase la anotación en el libro respectivo y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 1, 3, fracción VII, 6 fracción I, 8, fracciones I y II, 15 y 18, fracción I, inciso b), que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) VII. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a un proceso jurisdiccional en los cuales, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable, se ha dictado su última resolución, bien sea por acuerdo que haya causado estado o porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna; o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución; Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; (.) Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido; II. Expediente en el Archivo de Concentración: Son aquellos expedientes que transferidos del archivo de trámite, quedan en resguardo en los depósitos del Consejo de la Judicatura Federal. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años con posterioridad de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables o depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido; y (.) Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Artículo 10. Resguardo de Archivo de Concentración. El archivo de concentración se resguardará en los depósitos documentales dependientes de la Dirección de Archivo y Documentación. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables y depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. El acceso a los expedientes que se encuentren resguardados en el archivo de concentración será restringido, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al Archivo de Trámite, que se lleva en este órgano jurisdiccional. Esto, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del referido Acuerdo General, por ende, el presente asunto no es de relevancia documental; por lo que, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado el archivo a que hace referencia el acuerdo en mención y transcurrido el plazo de noventa días, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración. Luego, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados partir del presente auto y depurado el expediente en los términos ordenados por el penúltimo párrafo del artículo 18, del mencionado Acuerdo, remítase al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal, para que lo resguarde en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno; por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si está se encuentra o no cumplida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En proveído de dieciocho y veinte de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo, remitidos por signado por la Delegada del Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada dentro de los presentes autos. Por tanto, este Juzgado Federal con fundamento en los párrafos tercero y cuarto del artículo 194 y tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, procede a emitir resolución fundada y motivada, donde además determinará si está cumplido o no el fallo protector, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. En ese sentido, se advierte que el dos de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a efecto de que el Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Dentro del plazo legal, sustancie la solicitud transmisión de derechos, que le fue presentada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, registrada con el expediente administrativo ********. 3 Artículo 74. La sentencia debe contener: 4 V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y 5 Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. ( En caso de que la petición sea improcedente, deberá notificar personalmente al quejoso tal determinación. ( Si la solicitud de consulta y a su vez, la expedición del certificado correspondiente, ya sea de existencia o inexistencia, resulta procedente, deberá turnar la autorización respectiva a la autoridad competente. ( Para lo cual, una vez que la autoridad Registral provea lo conducente respecto de la expedición del certificado correspondiente, deberá remitir la información respectiva a la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad a fin de notificar personalmente al aquí quejoso la resolución que recaiga, con lo cual se tendrá por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo." Así las cosas, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio de amparo, en ese misma data, se dio vista a las partes, con el oficio BOO.0906.01.-200-2021, signado por la Delegada del Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada de la resolución contenida en el diverso oficio BOO.0906.01.-5485 E, emitida el veintidós de septiembre de dos mil veinte, referente a la respuesta dada a la solicitud planteada por la parte quejosa, la legal notificación y la entrega del título de concesión respectivo. Con las anteriores actuaciones, se dio vista a la parte quejosa, notificación que se realizó el veinte de enero de dos mil veintiuno, constancia que por ser expedida por un servidor público en ejercicio o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, sin que haya realizado manifestación alguna. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal considera que en el presente caso, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre el efecto para el cual se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional y la actuación realizada por la autoridad responsable en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Delegada del Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informa que se resolvió de manera procedente la resolución respecto del expediente ****, sobre el título de concesión número ****; la cual fue legalmente notificada a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, exprese lo que a su interés convenga, en el entendido de que una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestaciones de su parte, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada donde declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.

  4. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así las cosas, de autos se advierte que en el presente asunto, se reclamó específicamente: "La omisión de substanciar y resolver dentro del plazo legal, la solicitud de transmisión de derechos, presentada ante la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, registrada con el expediente administrativo CHI-L-3017-26-11-19.". Luego, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la responsable, en términos de lo ordenado por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal, sustancie la solicitud transmisión de derechos, que le fue presentada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, registrada con el expediente administrativo CHI-L-3017-26-11-19, para así restituir en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene a la autoridad responsable Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, por conducto de la Delegada, informando sobre el cumplimiento que dice dar a la sentencia de amparo pronunciada en este juicio y para tal efecto, remite resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte; registro de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y notificación de once de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que queden legalmente notificada del presente proveído, expresen lo que a su interés convenga, en el entendido de que una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestaciones de su parte, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada donde declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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