Macdiel Esmeling Corzo López

Expediente 1385/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1385/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • MACDIEL ESMELING CORZO LÓPEZ y Otros.
  • Macdiel Esmeling Corzo López
  • ENIS MARDALIA ZARATE GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado, el proveído en el que se desechó la demanda de amparo. se ordena el arcivo del expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Ha causado estado, el proveído en el que se desechó la demanda de amparo. se ordena el arcivo del expediente como asunto concluido

  3. Principal

    Agréguese el TELEGRAMA enviado por el Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el cinco de septiembre del año en curso, recibió la misiva 10354 de nuestro índice. Finalmente, vuélvanse los autos al archivo del que fue extraído.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO-. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por derecho propio, contra actos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas (SECH) a través de su Subsecretaría de Educación Estatal, residente en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1385/2019-4-B. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes reclaman de la autoridad responsable, la falta de contestación al escrito de petición presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve (foja 8). Así, se desprende que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." (.) "Artículo 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Del artículo 8 Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el numeral 8º de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquella se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y sólo se considerará que se transgrede el artículo 8º de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas (SECH) a través de su Subsecretaría de Educación Estatal, residente en esta ciudad; la falta de respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve, ante la responsable. Luego, atendiendo a los numerales 1 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, los cuales dicen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del Libro Primero de esta Ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o los municipios presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el Estado o los municipios. El procedimiento administrativo previsto en el Libro Primero de esta Ley no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, de afectación de bienes o derechos por causa de utilidad pública; ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, los que se regirán por sus leyes respectivas. Para los efectos del Libro Primero de esta Ley, sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas, las que podrán ser recurridas en términos del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas." "ARTÍCULO 18. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Además, atendiendo a que dicha Secretaría es una Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, como lo refiere el numeral 1 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas y 2º del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Chiapas. (.) Esta Ley tiene por objeto regular la educación que imparta el Estado; sus Organismos Descentralizados; Órganos Desconcentrados; Municipios y los Particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; de conformidad con los principios establecidos por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Educación; la Ley General del Servicio Profesional Docente; la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Constitución Política del Estado de Chiapas; los Principios contenidos en la presente Ley, Reglamentos y demás disposiciones que emanen de estas, así como los convenios que sobre la materia celebre el estado." (.) "Artículo 2. La Secretaría de Educación es una Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la Ley General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Chiapas, el presente Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables, dentro del ámbito de su competencia." Entonces, la ley que corresponde regir el acto administrativo reclamado, es la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, pues en términos de su artículo 1°, la referida legislación se aplicará en materia de servicios que presta el Estado de manera exclusiva. Además, del contenido del artículo 18 de la ley mencionada, se evidencia, que corresponde a la dependencia estatal, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de tres meses; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes citado para que la autoridad atienda la petición elevada ante ésta. Cabe destacar que del acuse fechado el quince de agosto del año en curso, que los quejosos adjuntaron a su escrito de demanda, se advierte que solicitaron se les considere como docentes de la Escuela Secundaria Dr. Belisario Domínguez Palencia, de la zona escolar 01, de esta ciudad, a fin de poder incrementar y basificar las horas vacantes del referido centro escolar. De lo anterior, se sigue que de conformidad con la naturaleza de la petición y de lo que implica para la institución responsable, la respuesta que debe recaer a dicha solicitud no es de estudio sencillo; puesto que se debe de allegar de los expedientes, así como de diversas constancias para observar la procedencia de su petición; y enseguida de esto, realizar un análisis integral a efecto de determinar si resulta procedente dicha petición; es por ello que, quien resuelve, estima que el tiempo de respuesta no puede ser menor de tres meses. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el diez de octubre de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el quince de agosto de esta anualidad; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido un mes y veinticinco días después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que los peticionarios del amparo debieron adecuarse al plazo establecido en el artículo 18 de Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, esto es, al término específico para que la autoridad responsable deba dar contestación a su escrito dentro del término de tres meses (el cual no podrá exceder de dicho lapso), a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de tres meses, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí podría actualizarse cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. Lo anterior es así, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en detrimento de la parte quejosa, además de los gastos estériles que le podría generar el trámite del presente sumario. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señalan en el escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a +++, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común a +++ MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, se autoriza a la promovente, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar a la parte quejosa la oportunidad de defensa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.

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