Macario Zuñiga Barragan
Expediente 160/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Macario Zuñiga Barragan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que tuvo por recibido los autos del juicio de amparo 160/2017-1A, del índice de este órgano jurisdiccional, así como que acepta la competencia planteada, para seguir conociendo del citado juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. INCOMPETENCIA Derivado de un examen practicado al estado que guardan los presentes autos, se advierte que la ejecución del acto que reclama el quejoso Macario Zuñiga Barragán se ubicada territorialmente en la ciudad de Tecate, Baja California, tal como se desprende de las documentales que obran en autos, específicamente de las presentadas por el autorizado de la parte quejosa que obra agregada en autos. (foja 78), consistente en la diligencia de reinstalación del quejoso de mérito practicada en el municipio de Tecate, Baja California, restando el pago a que fuera condenada la demandada -Ayuntamiento de Tecate, Baja California- conforme al laudo de catorce de junio de dos mil trece, emitido en el juicio laboral 244/2011. Ahora, tomando en consideración lo anterior, es oportuno verificar la competencia objetiva del Órgano Jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ésta constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Por tanto, queda demostrado que en el caso sujeto a esta potestad federal, es carente de legal competencia para conocer el presente asunto por razón del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del transcrito dispositivo legal, se prevén tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, de la lectura de la hipótesis señalada en primer término, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Por tanto, tiene competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. Ahora, la parte quejosa señala esencialmente como acto de reclamo lo siguiente: La omisión del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para cumplir la condena impuesta mediante laudo de fecha catorce de junio de dos mil trece. El laudo de referencia resolvió: "PRIMERO: Se CONDENA a la demandada H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, de otorgar las prestaciones reclamadas por el actor MACARIO ZUÑIGA BARRAGAN, de otorgar a la parte actora, su Reinstalación en el punto de Jefe Administrativo, al pago de la cantidad al actor de $574,304.52 pesos moneda nacional por concepto de salarios caídos generados del 01 de diciembre al dos mil diez al 05 de julio del 2013, así como también los que se continúen venciendo hasta el total cumplimiento del presente laudo con los incrementos que se den al salario; al pago de la cantidad de $112,854.6 pesos moneda nacional, por concepto de aguinaldo 210, 2011 y 2012, así como los que se continúen generando hasta el debido cumplimiento del presente laudo; a realizar a favor de la actora, el entero de la cantidad que por concepto de pago de aportaciones a ISSSTECALI debe cubrir, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2010 al 05 de julio de 2013, y las que se sigan generando hasta que cumplimiento el laudo, lo anterior previo Estudio Actuarial que para tal efecto lleve a cabo ISSSTECALI en términos del artículo 64 Bis de la Ley del ..ISSSTECALI, por las razones y en los términos ya expuestos en el considerando que antecede, por los razonamientos y en los términos que han quedado asentados en el considerando que antecede." ; Por tanto, el cumplimiento del laudo en cuestión, se hará a través del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, lugar donde incluso se ha dado cumplimiento parcial al mismo, y donde se llevará a cabo el pago al que fuera condenado la demandada en cuestión; en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Determinación que respeta el principio de territorialidad que justifica la creación de órganos jurisdiccionales en los diversos circuitos en que se divide la República Mexicana y, por ello, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia y la plena ejecución de sus resoluciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 91, publicada en la página 142, parte VIII, del apéndice 1985, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." En consecuencia, se declina la competencia a favor de un Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, Baja California, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase los autos originales al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, Baja California, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en aquella ciudad; previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, déjese sin efectos la audiencia señalada a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, así como hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe. INCOMPETENCIA Derivado de un examen practicado al estado que guardan los presentes autos, se advierte que la ejecución del acto que reclama el quejoso Macario Zuñiga Barragán se ubicada territorialmente en la ciudad de Tecate, Baja California, tal como se desprende de las documentales que obran en autos, específicamente de las presentadas por el autorizado de la parte quejosa que obra agregada en autos. (foja 78), consistente en la diligencia de reinstalación del quejoso de mérito practicada en el municipio de Tecate, Baja California, restando el pago a que fuera condenada la demandada -Ayuntamiento de Tecate, Baja California- conforme al laudo de catorce de junio de dos mil trece, emitido en el juicio laboral 244/2011. Ahora, tomando en consideración lo anterior, es oportuno verificar la competencia objetiva del Órgano Jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ésta constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Por tanto, queda demostrado que en el caso sujeto a esta potestad federal, es carente de legal competencia para conocer el presente asunto por razón del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del transcrito dispositivo legal, se prevén tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, de la lectura de la hipótesis señalada en primer término, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Por tanto, tiene competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. Ahora, la parte quejosa señala esencialmente como acto de reclamo lo siguiente: La omisión del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para cumplir la condena impuesta mediante laudo de fecha catorce de junio de dos mil trece. El laudo de referencia resolvió: "PRIMERO: Se CONDENA a la demandada H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, de otorgar las prestaciones reclamadas por el actor MACARIO ZUÑIGA BARRAGAN, de otorgar a la parte actora, su Reinstalación en el punto de Jefe Administrativo, al pago de la cantidad al actor de $574,304.52 pesos moneda nacional por concepto de salarios caídos generados del 01 de diciembre al dos mil diez al 05 de julio del 2013, así como también los que se continúen venciendo hasta el total cumplimiento del presente laudo con los incrementos que se den al salario; al pago de la cantidad de $112,854.6 pesos moneda nacional, por concepto de aguinaldo 210, 2011 y 2012, así como los que se continúen generando hasta el debido cumplimiento del presente laudo; a realizar a favor de la actora, el entero de la cantidad que por concepto de pago de aportaciones a ISSSTECALI debe cubrir, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2010 al 05 de julio de 2013, y las que se sigan generando hasta que cumplimiento el laudo, lo anterior previo Estudio Actuarial que para tal efecto lleve a cabo ISSSTECALI en términos del artículo 64 Bis de la Ley del ..ISSSTECALI, por las razones y en los términos ya expuestos en el considerando que antecede, por los razonamientos y en los términos que han quedado asentados en el considerando que antecede." ; Por tanto, el cumplimiento del laudo en cuestión, se hará a través del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, lugar donde incluso se ha dado cumplimiento parcial al mismo, y donde se llevará a cabo el pago al que fuera condenado la demandada en cuestión; en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Determinación que respeta el principio de territorialidad que justifica la creación de órganos jurisdiccionales en los diversos circuitos en que se divide la República Mexicana y, por ello, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia y la plena ejecución de sus resoluciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 91, publicada en la página 142, parte VIII, del apéndice 1985, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." En consecuencia, se declina la competencia a favor de un Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, Baja California, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase los autos originales al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, Baja California, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en aquella ciudad; previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, déjese sin efectos la audiencia señalada a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, así como hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el licenciado Juan Ángeles Reséndiz, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, anexando tres copias simples de diversas documentales, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por ofrecidas las pruebas documentales de su intención de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional respectiva.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Con vista a las partes agréguense a los autos los informes justificados que rinden el SINDICO PROCURADOR y TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, háganse nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngase como prueba de la autoridad responsable SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, las copias certificadas de diversas constancias que anexa a su informe de cuenta, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de volver a relacionarlas en el momento procesal oportuno.
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