Macario Romero Salas

Expediente 290/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Macario Romero Salas
  • MACARIO ROMERO SALAS y Otros.
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa., domicilio ampliamente conocido en la planta alta de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, el cual se localiza por Av. López Mateos, colonia Angel Flo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese el oficio de cuenta del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloas, en donde informa que recibió el oficio 10937/2023, con el que se le remitieron constancias que anexó a su informe justificado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, Veintidós de Agosto de dos mil Veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales solicitadas al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, que remitió con su informe justificado; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés (notificado el tres de julio siguiente), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución emitida por este juzgado el treinta de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó y concedió el amparo a la parte quejosa, resolución que fue recurrida y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le ordenó mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, acerca de las constancias remitidas por el Juzgado Primero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************, albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, resolución que fue recurrida por la parte tercero interesada, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida, la cual fue agregada en auto de once de abril de dos mil veintidós, y se requirió por el cumplimiento a la autoridad responsable. La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: "(.) La concesión del amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Guasave, Sinaloa, es para efectos de que se proceda a lo siguiente: a) Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil número ********************de su índice, a partir del proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, en el que ordenó el emplazamiento de la parte demandada mediante la publicación de edictos, y b) Proceda, ordenar el emplazamiento legal de la sucesión a bienes de ********************, por conducto de su albacea ********************. (.)" En cumplimiento a lo anterior, la Jueza del Juzgado Primero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, mediante oficio ********************, de tres de mayo del presente año, anexó el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, y ordenó el emplazamiento legal de la sucesión a bienes de ********************, por conducto de su albacea ********************. En atención a lo anterior, del examen de la citada documental, se desprendió que la autoridad responsable, efectuó actos con los que cumplía con la sentencia de amparo, porque por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, y ordenó el emplazamiento legal de la sucesión a bienes de ********************, por conducto de su albacea ********************; por lo que se tuvo por cumplimentada la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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