Macario Reza Alvarez
Expediente 721/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Macario Reza Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de enero del año en curso, el nuevo titular de este órgano Jurisdiccional es el Licenciado Óscar Alejandro López Cruz. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 721/2018, promovido por Macario Reza Álvarez contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Macario Reza Álvarez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Gobernador, secretario de gobierno y titulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte y de la Secretaría de la Contraloría, todos del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: I. Del Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, LA OMISIÓN en que han incurrido al no concluir con el proceso deducido del programa de regularización ordenado por el Titular del Ejecutivo mediante el Acuerdo denominado "ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE LA REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, CON Y SIN ITINERARIO FIJO, EXCLUSIVAMENTE EN LA ZONA METROPOLITANA CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, HUITZlLAC, TEPOZTLÁN, TEMIXCO, EMILlANO ZAPATA y XOCHITEPEC DEL ESTADO DE MORELOS; y POR EL QUE SE SUSPENDE LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES DE ESE SERVICIO EN LA REFERIDA ZONA", publicado el uno de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5153, no obstante que han fenecido los plazos y términos establecidos para tal efecto como se expondrá más adelante. II.- De la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, LA OMISIÓN en que incurrió en dar cumplimiento a las diversas observaciones realizadas al mencionado proceso de regularización por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, como se expondrá más adelante. III.- De la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, LA OMISIÓN en que ha incurrido al no desplegar acto alguno tendiente a que la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Entidad cumpla con las observaciones señaladas, lo que se explicará en párrafos subsecuentes." SEGUNDO. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. TERCERO. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja , del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien mediante ejecutoria de cuatro de octubre de dos mil dieciocho determinó declarar fundado el recurso interpuesto y ordenó se admitiera la demanda. CUARTO. En estricto acatamiento a lo ordenado por el órgano colegiado citado en el punto anterior, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: a) Del Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos: La omisión de concluir con el programa de regularización ordenado mediante el Acuerdo denominado "ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE LA REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, CON Y SIN ITINERARIO FIJO, EXCLUSIVAMENTE EN LA ZONA METROPOLITANA CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, HUITZlLAC, TEPOZTLÁN, TEMIXCO, EMILlANO ZAPATA y XOCHITEPEC DEL ESTADO DE MORELOS; y POR EL QUE SE SUSPENDE LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES DE ESE SERVICIO EN LA REFERIDA ZONA", publicado el uno de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5153. b). Del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos: La omisión en dar cumplimiento a las diversas observaciones realizadas al proceso de regularización por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. c). De la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos: Omisión de no realizar acto alguno a fin de que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, cumpla con las observaciones realizadas al proceso de regularización ordenado mediante el Acuerdo denominado "ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE LA REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, CON Y SIN ITINERARIO FIJO, EXCLUSIVAMENTE EN LA ZONA METROPOLITANA CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, HUITZlLAC, TEPOZTLÁN, TEMIXCO, EMILlANO ZAPATA y XOCHITEPEC DEL ESTADO DE MORELOS; y POR EL QUE SE SUSPENDE LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES DE ESE SERVICIO EN LA REFERIDA ZONA" TERCERO. El Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación, negaron el acto que se les atribuye y de autos no se advierte la participación directa de dichas autoridades en relación con el acto reclamado, consistente en la omisión de concluir con el programa de regularización ordenado mediante el Acuerdo denominado "ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE LA REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, CON Y SIN ITINERARIO FIJO, EXCLUSIVAMENTE EN LA ZONA METROPOLITANA CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, HUITZlLAC, TEPOZTLÁN, TEMIXCO, EMILlANO ZAPATA y XOCHITEPEC DEL ESTADO DE MORELOS; y POR EL QUE SE SUSPENDE LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES DE ESE SERVICIO EN LA REFERIDA ZONA", publicado el uno de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5153. Ello es así, toda vez que como se desprende del artículo tercero en relación con el diverso segundo, fracción VII, del citado Acuerdo, corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, realizar el proceso de regularización a que se alude, numerales que en lo conducente son del siguiente tenor: "ARTÍCULO SEGUNDO. Par los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: (.) VII. Secretaría, a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal;." "ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la Secretaría para que, con base en los estudios de factibilidad, los censos realizados y las necesidades de la población, en términos de la Ley, proceda de manera inmediata a la regularización del servicio de transporte público exclusivamente en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, e incorpore a los Beneficiarios a los esquemas gubernamentales de seguridad y control, como parte de la estrategia de paz implementada en contra de la inseguridad en el Estado. El proceso de regularización a que se alude en el párrafo anterior, deberá realizarse por la Secretaría del primero al treinta y uno de enero de 2014." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Las autoridades responsables Secretaría de la Contraloría y Secretario de Movilidad y Transporte, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación negaron el acto que se les reclama; sin embargo, deben tenerse por ciertos, toda vez que su negativa contiene afirmaciones, ya que, por lo que se refiere a la Secretaría de la Contraloría refirió que sí ".ha realizado los actos inherentes respecto de las observaciones derivadas de la revisión realizada a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.", asimismo, el Secretario de la Movilidad y Transporte precisó que ".en el proceso de regularización de que se duele el impetrante de garantías, no se ha culminado con la primera etapa de las observaciones, razón por la cual no ha sido posible continuar con la segunda etapa que menciona..", de lo que se advierte que tales negativas envuelven una afirmación, por lo que no provocan la inexistencia de los actos, porque las omisiones atribuidas por la parte quejosa no son lisas y llanas, sino que se requiere del análisis de lo actuado por las autoridades para verificar su actuación, de ahí su existencia. QUINTO. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, respecto a los actos reclamados a la Secretaría de la Contraloría y Secretario de Movilidad y Transporte, ambos del Gobierno del Estado de Morelos -precisados en el considerado II de la presente resolución-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó el principio de definitividad. Del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo. En efecto, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa. Por tanto, podemos decir que los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, 3) Que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos del acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 4) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el entendido de que no existe obligación de agotar tales recursos, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Asimismo, cabe traer a colación el artículo 107, fracción IV, constitucional, numeral que a la letra dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;". Así, el principio de definitividad encuentra justificación de la aplicación armónica del citado precepto constitucional y de su Ley Reglamentaria, en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia, modificación o revocación del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción legal establecidos y que, en esencia, se relacionan con el examen puro de aspectos de constitucionalidad de leyes, en la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución o en tratándose de actos carentes de total fundamentación. Ahora bien, resulta necesario realizar la transcripción de los artículos 1, 3, 4, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 18, apartado B), fracción I, inciso a) y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: A) (.) B) Competencias: I. Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; (.) Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de Instrucción y de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones siguientes: I. Substanciar el procedimiento en todas sus etapas, teniendo la más amplia facultad para subsanar cualquier omisión que notaren para el solo efecto de regularizar el procedimiento, conforme a la normativa aplicable; II. En el caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, suplir la deficiencia de la queja; III. Proceder a la ejecución de la sentencia; IV. Resolver el Recurso de Reconsideración previsto en la Ley de Justicia Administrativa; V. Cursar la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma; VI. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos de las Salas; VII. Dictar las medidas que exijan el orden, el buen servicio y la disciplina de las Salas y exigir se guarde el respeto y consideración debidos; VIII. Dictar acuerdos para el mejor desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y administrativos de la Sala; IX. Imponer las correcciones disciplinarias al personal administrativo en aquellos casos en que no esté reservada expresamente la imposición de las sanciones al Pleno; X. Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de las Salas; XI. Solicitar al Gobernador del Estado, Secretarios de Despacho, Presidentes Municipales y demás autoridades el apoyo necesario para hacer cumplir sus determinaciones; XII. Emitir opinión, con relación a las solicitudes de licencias que presente el personal de las Salas; XIII. Informar mensualmente al Pleno de las labores de la Sala; XIV. Proponer al Pleno, a través de su Presidente, los nombramientos y remociones de los funcionarios y del personal administrativo de la Sala a su cargo; XV. La aprobación de los convenios debidamente ratificados que lleguen a celebrarse con motivo de un Acuerdo Conciliatorio entre las partes para elevarlos a categoría de cosa juzgada. XVI. Las jurisdicciones voluntarias relacionadas con los convenios de terminación de la resolución administrativa para elevarlos a categoría de cosa juzgada, y XVII. Someter al Pleno que corresponda, los proyectos de resolución de los asuntos de su competencia." Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes. Ahora, de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 18, apartado B), fracción I, inciso a) y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de impugnar las, omisiones que reclama de la Secretaría de la Contraloría y Secretario de Movilidad y Transporte, ambos del Gobierno del Estado de Morelos -dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos-, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. Además, del análisis de los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se advierte que prevén similares requisitos a los de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de los actos que se impugnan. En efecto, los numerales antes señalados de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establecen que la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, y antes de la citación para sentencia; siempre que no se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio; y tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en la citada ley, así como que la autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. Por su parte, los preceptos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo , prevén como requisitos para la procedencia de la suspensión, en lo que interesa, que la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto; y en los casos en que la suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio; asimismo, cuando se solicite la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, se concederá previo depósito total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o a la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamiento, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así, como puede advertirse, la ley que dispone la procedencia del juicio de nulidad contra los actos que reclama la parte quejosa, no dispone plazo mayor que el establecido en la Ley de Amparo para la suspensión, con lo que se satisface el último requisito que impone la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, para que el quejoso deba agotar previamente el medio ordinario de defensa. Ahora, por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que los actos reclamados versan sobre omisiones y no se trata propiamente de una resolución que deba estar fundada y motivada, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por lo que hace a la excepción consistente en que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud de que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a las responsables a resolver de inmediato a su favor lo relativo al programa de regularización del servicio de transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo mediante el otorgamiento de una concesión; sin embargo, como la propia parte quejosa lo refiere, ese servicio público y la obtención de la concesión están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de una norma general (Ley de Transporte del Estado de Morelos), lo que equivale a que en este asunto se plantea un tema de legalidad. Así también, no se actualiza la excepción relativa a que el recurso o medio de defensa ordinario esté previsto en un reglamento, ello toda vez que como se analizó a lo largo de la sentencia, el juicio de nulidad está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos y autoridades antes reseñados, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por otra parte, no se hace pronunciamiento alguno con relación a la diversa causal de improcedencia que invocaron las autoridades responsables, pues el hecho de que opere o no, resulta irrelevante, ya que en modo alguno variaría el sentido que sustenta la presente resolución. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, que comprenden del catorce al veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio CCJ/ST/6862/2018, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en proveído de seis de diciembre del año en cuso, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia señalada para el día de hoy por lo que se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; y Directora General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, representante legal del Gobernador Constitucional; Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Gobierno del Estado de Morelos, residentes en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.
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