Macario Molina Duran
Expediente 711/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Macario Molina Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, a través del cual informa que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, se liberó la clave de acceso al sistema informático generándose el título de propiedad correspondiente; toda vez que el veinticuatro de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, le fue notificado a la parte quejosa Macario Molina Duran la expedición del título de propiedad de origen parcelario número 1001549, que lo ampara como propietario de la parcela 148 Z-1 P-1/1, ubicada en el ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad, y al efecto remite copia certificada del acuse de recibo y de la identificación de la parte quejosa. Ahora, en relación con lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados en el presente asunto, lo constituyen: La negativa de dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa, respecto de la adopción de dominio pleno individual de la parcela 148 Z-1 P1, ubicada en el ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad y, consecuentemente, la falta de expedición del título de propiedad de origen parcelario. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad supracitada se advierte que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, fue expedido a la parte quejosa Macario Molina Duran el título de propiedad de origen parcelario número 1001549 del ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad, lo que se hizo de su conocimiento el diecinueve siguiente. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La negativa de dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa, respecto de la adopción de dominio pleno individual de la parcela 148 Z-1 P1, ubicada en el ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad y, consecuentemente, la falta de expedición del título de propiedad de origen parcelario. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa del oficio a través del cual hizo de su conocimiento que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, se expidió en su favor el título de origen parcelario 1001549, que lo ampara como propietario de la parcela 148 Z-1 P-1/1, del ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el diecinueve de los actuales, hizo del conocimiento de la parte quejosa que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, se expidió en su favor el título de propiedad de origen parcelario cuya omisión en su emisión constituía el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por Macario Molina Duran, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Agréguese el oficio signado por Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, le fue expedido a la parte quejosa Macario Molina Duran el título de propiedad de origen parcelario número 1001549 del ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad. De lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. En otro aspecto, se tiene por ofrecida la copia certificada de las documentales consistentes en título de propiedad de la parcela 148 Z-1 P1, así como de los comprobantes de recepción e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, remitida como anexo al oficio que se provee, misma que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Ahora, del contenido del informe se advierte que el título de propiedad referido se encuentra a disposición del quejoso en la Oficialía de Partes de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, a partir del once de septiembre de dos mil dieciocho, quien puede recogerlo, previa identificación oficial y de manera personal, en un horario de nueve a catorce horas de lunes a viernes. Se da vista a la parte quejosa. En razón a lo anterior, dese vista a las partes, por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; ello en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, le fue expedido a la parte quejosa Macario Molina Duran el título de propiedad de origen parcelario número 1001549 del ejido de Santiago Tetla, Municipio de Tetla de la Solidaridad. De lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. En otro aspecto, se tiene por ofrecida la copia certificada de las documentales consistentes en título de propiedad de la parcela 148 Z-1 P1, así como de los comprobantes de recepción e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, remitida como anexo al oficio que se provee, misma que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Ahora, del contenido del informe se advierte que el título de propiedad referido se encuentra a disposición del quejoso en la Oficialía de Partes de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, a partir del once de septiembre de dos mil dieciocho, quien puede recogerlo, previa identificación oficial y de manera personal, en un horario de nueve a catorce horas de lunes a viernes. Se da vista a la parte quejosa. En razón a lo anterior, dese vista a las partes, por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; ello en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
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