Macario José Rojas Florencio
Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/06/2017
Partes del expediente
- Macario José Rojas Florencio
- Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias y discos que le fueron devueltos por oficio 15283/2017; circunstancia de la que queda debidamente enterado este órgano jurisdiccional.
- Principal
III. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo, conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en su oportunidad archívese este sumario como asunto concluido.
- Principal
VISTOS, para pronunciar sentencia, en los autos del juicio de amparo 204/2017-I; y, R E S U L T A N D O: Único: Mediante escrito recibido el nueve de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Macario José Reyes Florencio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que precisó. La parte quejosa señala que con el actuar de la autoridad responsable se infringieron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por razón de turno el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado, en auto de trece siguiente, se registró con el juicio de amparo 204/2017, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la tercera interesada, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló en términos del acta que antecede y forma parte de esta resolución; y, El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento de las partes, la adscripción de la licenciada Michele Franco González, como nueva titular de este Juzgado de Distrito (foja 99). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, porque se reclama una resolución dictada en el curso de un procedimiento, por una autoridad del orden civil que tiene su residencia dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Ante todo, debe destacarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio íntegro del escrito de demanda, se aprecia que el acto que por esta vía constitucional se reclama, consisten en: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el recurso de revocación del procedimiento especial de divorcio incausado, mediante el cual se confirmó la medida provisional referente a la pensión alimenticia del treinta por ciento de los ingresos del quejoso a favor de la hoy tercera interesada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, por así manifestarlo la autoridad responsable: Autoridad responsable Sentido informe Foja. Juzgado Noveno Familiar de Toluca, Estado de México. Cierto 101 Circunstancia que se corrobora con las documentales públicas que al efecto adjuntó la responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, conforme con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, de las que se aprecia que está plenamente probada la certeza del acto reclamado. CUARTO. La suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos respecto de los cuales, en materia administrativa, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Actos o resoluciones en materia administrativa respecto de los cuales, la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, (solo aplica cuando se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, esto es, cuando los actos reclamados no provienen de tribunales jurisdiccionales). Actos o resoluciones en materia administrativa: a) que carezcan de fundamentación; b) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (solo aplica cuando se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, esto es, cuando los actos reclamados no provienen de tribunales jurisdiccionales). Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Una vez desarrollado el principio de definitividad se estima necesario puntualizar en lo que interesa los antecedentes del presente juicio, los cuales se advierten del tomo de pruebas. 1.- El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la tercera interesada, demandó al quejoso, el divorcio incausado, solicitando a su favor la pensión provisional y en su momento definitiva del cuarenta por ciento del total de las percepciones recibidas por su aun esposo (fojas 2 a 17). 2.- El diez de noviembre de dos mil dieciséis, se radico la demanda y se dictó como medida precautoria el treinta por ciento del total de las percepciones recibidas por el quejoso (foja 18). 3.- El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la revisión de las medias provisionales, en la cual se confirmó la pensión provisional del treinta por ciento (foja 91 y 92). 4.- Inconforme con dicha determinación el hoy quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, confirmando la pensión provisional (foja 95 a 98). Resolución anterior que constituye el acto reclamado. 5.- El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se decretó la disolución del vínculo matrimonial (foja 90 y 91). 6.- El diez de febrero de dos mil diecisiete, el hoy quejoso, demando de la tercera interesada, la cancelación, cesación o suspensión de la pensión alimenticia que fuera otorgada el diez de noviembre de dos mil diecisiete. 7.- En proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la tercera interesada (foja 193). Precisados los antecedes, cabe mencionar, que de la interpretación del artículo 61, fracción XIX se advierte que regula uno de los principios del juicio de garantías: el de definitividad del acto reclamado, que como ya se vio no es otra cosa que la exigencia de que el acto que se reclama en el juicio de garantías sea definitivo, es decir, que ya no exista otro medio de defensa o recurso por medio del cual dicho acto pueda ser anulado, revocado o modificado, ya que el juicio de amparo es un medio de defensa constitucional extraordinario que requiere la definitividad del acto impugnado, salvo los casos excepcionales establecidos en la misma ley y en la jurisprudencia. Por lo anterior, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resulta improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El referido principio trata de evitar la coexistencia del medio ordinario de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues lo contrario traería como consecuencia, la posibilidad de que emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias. Ahora bien, para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia, se deben satisfacer los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley establezca algún recurso o medio de defensa contra ese acto; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que en la especie no se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley; Que haya sido el quejoso quien interpuso el medio de defensa; Que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad. Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Establecido lo anterior, debemos determinar a qué tipo de recurso o medio de defensa se refiere la causal que se analiza: si a uno ordinario o extraordinario. Los medios de defensa o recursos ordinarios son aquellos que se establecen en la ley por la cual se rige el procedimiento de donde deriva el acto reclamado y que pueden interponerse en el curso mismo del procedimiento, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre; esto es, por medio ordinario de defensa entendemos todos aquellos que se pueden interponer durante un procedimiento para modificar, revocar o nulificar el acto materia del mismo y que se encuentran previstos en la misma ley que rige el procedimiento. Los medios extraordinarios se diferencian de los ordinarios por la ley u ordenamiento legal en que se encuentran establecidos, o por el momento procesal en que se pueden interponer. En efecto, el carácter de medio de defensa o recurso extraordinario no sólo está dado por no estar previsto dentro del procedimiento de que se trate, por su denominación o por estar regulado en un ordenamiento diverso, sino debe analizarse aunado a todo lo anterior la naturaleza del mismo, sus fines y efectos para poder determinar si dicho recurso o medio de defensa cumple con esa naturaleza para efecto de calificar la definitividad del acto reclamado y, en consecuencia, la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2009, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal. Establecido lo anterior, habrá de determinar si el juicio de controversia sobre el estado civil de las persona y familias, en el cual se reclama, la cancelación, cesación o suspensión de la pensión alimenticia fijada a favor de la tercera interesada puede ser considerado como un recurso o medio de defensa, ordinario o extraordinario, para los efectos señalados en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo que se analiza. Para tales efectos, resulta conveniente recordar que es de explorado derecho que en materia de alimentos no opera el principio de cosa juzgada, y que el monto y la determinación, puede mutar de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando día con día, lo cual se puede promover a través de una controversia familiar y de las personas, ya sea por medio de un juicio o a través de un incidente. Sin embargo, dada la trascendencia y la importancia que puede tener este procedimiento, que es la de alterar la calidad de cosa juzgada de que goza, dicho procedimiento sólo procede por causas extraordinarias. Así, puede decirse que la controversia familiar y de las personas, consistente en la cancelación, cesación o suspensión de la pensión alimenticia provisional, es un medio de defensa extraordinario. Lo anterior, al tratarse de un juicio independiente y autónomo que tiene como finalidad nulificar las actuaciones tomadas en el procedimeinto que le antecedió exclusivamente en cuanto a la medida provisional. Por lo mismo, no constituye un recurso o medio ordinario de defensa que el quejoso esté obligado a interponer antes de ir al juicio de amparo. Por tanto, se estima que si bien no se tenía la obligación de agotar dicho medio de defensa, para poder acudir al presente juicio de amparo con la finalidad de que no se actualizara la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX , en tanto éste es un medio de impugnación autónomo que se puede ejercer fuera del procedimiento, y no dentro de él, como ocurre con los medios y recursos ordinarios, los cuales deben hacer valer las partes para cumplir con el principio de definitividad y poder así acudir a la justicia de garantías. Sin embargo, también se debe analizar si la promoción de dicha controversia y la promoción del juicio de amparo pueden subsistir al mismo tiempo. Para ello, habrá que tomar en cuenta la finalidad de dicha acción, según se ha analizado en párrafos anteriores. La finalidad de dicha acción es modificar la pensión alimenticia provisional o definitiva que se hubiera otorgado por el juez familiar, es decir lo que se pretende es dejar sin efectos ya sea el auto o la sentencia dictada en el procedimiento familiar de origen, exclusivamente en cuanto a las medidas provisionales. Si se declara procedente y fundada la acción, el efecto será, entonces, terminar o disminuir la pensión alimenticia provisional o definitiva fijada. De esta manera, si se promueve el juicio de amparo en contra de la resolución que confirma la pensión alimenticia provisional y al mismo tiempo se promovió su cancelación, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicho juicio puede provocar que el acto reclamado en esta instancia, pueda anularse, modificarse o revocarse, por lo tanto debe sobreseer en el juicio de garantías con apoyo en la causal antes citada. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que no sea obligatorio agotar el juicio de cancelación previamente al de garantías, pues la causal en análisis no se refiere a este tipo de recursos obligatorios. En este sentido, era optativo para el gobernado acudir al juicio de garantías o promover dicho juicio; pero si decidió ejercer el medio extraordinario, debe concluirlo antes de acudir al amparo, pues como se ha dicho en apartados anteriores, no pueden coexistir dos o más procedimientos en los que se pueda anular los efectos del acto reclamado. Asimismo, dicho medio de impugnación ya fue admitido, por lo que se encuentra en trámite, lo que implicara la emisión de un resolución, que de ser favorable para el quejoso será la idónea para satisfacer su pretensión. Apoya a lo anterior por analogía el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Cuando se promueve un juicio de amparo contra la falta o el indebido emplazamiento a un juicio y al mismo tiempo se promueve uno diverso para anular aquel de donde deriva el emplazamiento reclamado en el amparo en ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido, se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues dicha causal deriva del principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Así, la mencionada acción de nulidad busca invalidar lo actuado en el juicio natural, incluido el emplazamiento hecho en el mismo. Por lo que puede considerarse una defensa legal contra el acto reclamado en el juicio de amparo y aunque no es obligatorio promoverlo para el quejoso, si lo hace debe concluirlo antes de intentar la acción constitucional pues, como se ha dicho, no puede coexistir con ella por el principio de definitividad antes mencionado. Máxime que, el medio de defensa que la parte quejosa promovió, cumple con los requisitos existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 113/2013 (10a.) estimó que para que un recurso se deba agotar previo a la promoción del juicio de amparo, deberá estar en condiciones de fungir como garantía de protección de los derechos fundamentales de quienes han sometido una disputa bajo el conocimiento de las autoridades jurisdiccionales ordinarias; por ende, dicho medio ordinario de defensa debe de tener los siguientes requisitos: a) El recurso previo deberá existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. b) Debe ser adecuado, lo que acontece si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida, esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica. c) Debe ser eficaz; ello se actualiza, si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido; y d) Garantizar que dicho recurso sea capaz de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. En el caso, como ya se dijo, el medio ordinario de defensa es la controversia familiar y de las personas, consistente en la cancelación, cesación o suspensión de la pensión alimenticia provisional, previsto en el libro quinto, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, denominado de las Controversias Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar. De conformidad a los referidos preceptos legales, se advierte que existe el recurso o medio ordinario de defensa, es decir, se encuentra contemplado y reglado en la legislación aplicable; dicho medio de defensa se estima adecuado, porque es aplicable a la circunstancia específica, que en el caso concreto, la cancelación de la pensión alimenticia provisional. De igual forma, se considera eficaz tal medio de defensa ordinario, pues tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido; esto es, a través de dicho incidente se puede lograr la cancelación o disminución de la pensión alimenticia provisional; el mismo es capaz de producir una decisión dentro de un plazo razonable. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 63, fracción V del cuerpo de leyes en cita, se sobresee en el presente sumario. QUINTO. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio constitucional promovido por Macario José Reyes Florencio, contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por los motivos expuestos en el cuarto considerando del presente fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que está transcurriendo el término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (foja 101 y 102), toda vez que se les notificó a las partes el nueve de los actuales (foja 103 vuelta). Por tanto, para dar tiempo a lo anterior y evitar alguna violación intraprocesal en relación con las reglas esenciales que norman el procedimiento, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
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