Macario García de la Cruz

Expediente 1062/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1062/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Macario García de la Cruz

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, registrado en oficialía de partes de este tribunal federal con el número 6551/2023, mediante el cual rinde informe justificado, además, remite escrito de presentación, original con copia de la demanda de amparo promovida por Macario García de la Cruz, constancias de emplazamiento y los autos del expediente agrario 424/2021-14; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, se advierte que, respecto de la demanda de amparo promovida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Del expediente agrario 424/2021-14, el cual por ser documento público merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo se advierte que, en cumplimiento al fallo constitucional emitido por este órgano federal en el diverso juicio de amparo directo 920/2022, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, el siete de julio de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución en el expediente agrario 424/2021-14, promovido por Alfredo García de la Cruz. Cabe destacar; que en la demanda de amparo promovida, Macario García de la Cruz manifestó que fue notificado de la sentencia que en esta vía impugna, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés; sin embargo, se constata que es diversa a la data que se aprecia en las constancias que integran el juicio de amparo directo 920/2022 (foja 179), del índice del Tribunal colegiado, mismo que deriva del citado expediente agrario, y que es el antecedente directo del presente asunto, del que se desprende: Que mediante oficio TUA/UAJ/1230/2023, la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, remitió a este tribunal federal, en vía de cumplimiento al fallo protector, copia certificada de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, y por auto de presidencia de diecisiete de julio del mismo año, se ordenó se diera vista a las partes, por el término de diez días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera (fojas 166 a 174 del juicio de amparo 920/2022). Acuerdo que le fue notificado al quejoso, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por medio de lista. Luego, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, el autorizado del quejoso Macario García de la Cruz compareció a recibir copia autorizada de la nueva resolución de siete de julio de dos mil veintitrés (foja 179). Posteriormente, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso contestando la vista, y por hechas las manifestaciones que refirió sobre la sentencia dictada en cumplimiento al fallo protector (foja 180 a la 182). Ahora bien, del numeral 18 de la Ley de Amparo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) A partir del día siguiente a aquel en que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el impetrante se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se sigue, que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo, el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último, o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. De lo antes expuesto queda claro, el quejoso tuvo conocimiento completo de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, a partir de que su autorizado compareció a recibir copia certificada de la sentencia que impugna, es decir, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, tan es así, que el dieciséis de agosto de este año, desahogó la vista y alegó que no estaba de acuerdo con la nueva resolución de trato. Consideración que tiene sustento, en la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, con número de registro digital 2010666, cuyo título y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 115/2010 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Tomo XXXIII, Materia Común, con número de registro digital 163172, que estableció: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, existe en autos del juicio de amparo directo 920/2022, prueba ehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo de la sentencia impugnada, con anterioridad a la fecha en la que el Tribunal responsable se la notificó. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis ejecutoria XXVII.1o.(VIII Región) 7 K (10a.), del Primer Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se comparte, consultable en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, con registro digital 2002280, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda será de quince días contados a partir del siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto. Ahora bien, se entiende que el gobernado se ostenta sabedor del acto de autoridad cuando formula alguna manifestación en la que hace patente que conoce su existencia y contenido. Esta declaración cognitiva puede generarse en los procedimientos relativos a la ejecución de las sentencias de amparo, cuando el interesado expresa que el nuevo acto de autoridad no acata correctamente algún lineamiento del fallo protector. En efecto, dicha manifestación revela que el inconforme conoce el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria, pues de otro modo no podría compararlo con los efectos que rigen el otorgamiento del amparo. Así pues, tal ostentación de conocimiento puede tomarse como punto de partida para computar el plazo dentro del cual debe reclamarse el nuevo acto; salvo que previamente se haya actualizado alguna otra de las hipótesis alternativas previstas en el referido artículo 21." Por otra parte, es importante precisar que, si bien se trata de un asunto de naturaleza agraria, estamos en presencia de derechos particulares, afectando a un ejidatario o comunero en lo particular, no de núcleos de población ejidal o comunal, por lo que el término para la promoción del juicio de amparo es de QUINCE DÍAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, fracción III, y 18 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si el quejoso tuvo conocimiento pleno del fallo reclamado, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (momento en el que su autorizado compareció a recibir la copia certificada de la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés), el plazo a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del uno de agosto de dos mil veintitrés, para fenecer el veintiuno del mismo mes y año, siendo inhábiles en ese lapso los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto de esta anualidad; por lo que es inconcuso que si la demanda de amparo se presentó ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, hasta el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, transcurrió en exceso el término que se disponía para presentarla, por lo que es de entenderse que el acto reclamado fue tácitamente consentido por Macario García de la Cruz, al no presentarla dentro del término legal. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no encuadra en ninguno de los casos excepcionales que señala el precepto 17, fracciones III y IV, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 62, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, SE DESECHA DE PLANO POR EXTEMPORÁNEA la demanda de amparo promovida por Macario García de la Cruz, demandado en el juicio agrario 424/2021-14, en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente de trato, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. En otro contexto, se toma conocimiento que, de conformidad con el acuerdo 24/2023, emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, la sede del Tribunal oficiante, a partir de este fecha, cambió de domicilio, el cual se ubica en Huejutla de Reyes, Hidalgo, e iniciará funciones el seis de noviembre de este año. Además, se modificó la distribución de la competencia de los Municipios tanto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, como del Cincuenta y Cinco, en ese sentido, el juicio agrario 424/2021-14, pasará a la competencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, toda vez que, el expediente de origen, corresponde al municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de Alfredo García de la Cruz, actor en el juicio agrario 424/2021-14, en atención a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado para tales efectos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Magdaleno Aguilar Hernández. Ahora, por lo que hace al número telefónico y correo electrónico proporcionados por el tercero interesado, se tienen como vía de comunicación no procesal, en términos de la primera parte, del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, expídansele a su costa la copia certificada de lo que solicita, previa razón que por su recibo otorgue en autos para constancia. Finalmente, estése a lo acordado en auto que antecede. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, registrado en oficialía de partes de este tribunal federal con el número 6551/2023, mediante el cual rinde informe justificado, además, remite escrito de presentación, original con copia de la demanda de amparo promovida por Macario García de la Cruz, constancias de emplazamiento y los autos del expediente agrario 424/2021-14; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, se advierte que, respecto de la demanda de amparo promovida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Del expediente agrario 424/2021-14, el cual por ser documento público merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo se advierte que, en cumplimiento al fallo constitucional emitido por este órgano federal en el diverso juicio de amparo directo 920/2022, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, el siete de julio de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución en el expediente agrario 424/2021-14, promovido por Alfredo García de la Cruz. Cabe destacar; que en la demanda de amparo promovida, Macario García de la Cruz manifestó que fue notificado de la sentencia que en esta vía impugna, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés; sin embargo, se constata que es diversa a la data que se aprecia en las constancias que integran el juicio de amparo directo 920/2022 (foja 179), del índice del Tribunal colegiado, mismo que deriva del citado expediente agrario, y que es el antecedente directo del presente asunto, del que se desprende: Que mediante oficio TUA/UAJ/1230/2023, la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, remitió a este tribunal federal, en vía de cumplimiento al fallo protector, copia certificada de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, y por auto de presidencia de diecisiete de julio del mismo año, se ordenó se diera vista a las partes, por el término de diez días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera (fojas 166 a 174 del juicio de amparo 920/2022) . Acuerdo que le fue notificado al quejoso, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por medio de lista. Luego, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, el autorizado del quejoso Macario García de la Cruz compareció a recibir copia autorizada de la nueva resolución de siete de julio de dos mil veintitrés (foja 179). Posteriormente, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso contestando la vista, y por hechas las manifestaciones que refirió sobre la sentencia dictada en cumplimiento al fallo protector (foja 180 a la 182). Ahora bien, del numeral 18 de la Ley de Amparo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) A partir del día siguiente a aquel en que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el impetrante se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se sigue, que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo, el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último, o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. De lo antes expuesto queda claro, el quejoso tuvo conocimiento completo de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, a partir de que su autorizado compareció a recibir copia certificada de la sentencia que impugna, es decir, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, tan es así, que el dieciséis de agosto de este año, desahogó la vista y alegó que no estaba de acuerdo con la nueva resolución de trato. Consideración que tiene sustento, en la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, con número de registro digital 2010666, cuyo título y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 115/2010 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Tomo XXXIII, Materia Común, con número de registro digital 163172, que estableció: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, existe en autos del juicio de amparo directo 920/2022, prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo de la sentencia impugnada, con anterioridad a la fecha en la que el Tribunal responsable se la notificó. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis ejecutoria XXVII.1o.(VIII Región) 7 K (10a.), del Primer Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se comparte, consultable en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, con registro digital 2002280, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda será de quince días contados a partir del siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto. Ahora bien, se entiende que el gobernado se ostenta sabedor del acto de autoridad cuando formula alguna manifestación en la que hace patente que conoce su existencia y contenido. Esta declaración cognitiva puede generarse en los procedimientos relativos a la ejecución de las sentencias de amparo, cuando el interesado expresa que el nuevo acto de autoridad no acata correctamente algún lineamiento del fallo protector. En efecto, dicha manifestación revela que el inconforme conoce el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria, pues de otro modo no podría compararlo con los efectos que rigen el otorgamiento del amparo. Así pues, tal ostentación de conocimiento puede tomarse como punto de partida para computar el plazo dentro del cual debe reclamarse el nuevo acto; salvo que previamente se haya actualizado alguna otra de las hipótesis alternativas previstas en el referido artículo 21." Por otra parte, es importante precisar que, si bien se trata de un asunto de naturaleza agraria, estamos en presencia de derechos particulares, afectando a un ejidatario o comunero en lo particular, no de núcleos de población ejidal o comunal, por lo que el término para la promoción del juicio de amparo es de QUINCE DÍAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, fracción III, y 18 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si el quejoso tuvo conocimiento pleno del fallo reclamado, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (momento en el que su autorizado compareció a recibir la copia certificada de la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés), el plazo a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del uno de agosto de dos mil veintitrés, para fenecer el veintiuno del mismo mes y año, siendo inhábiles en ese lapso los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto de esta anualidad; por lo que es inconcuso que si la demanda de amparo se presentó ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, hasta el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, transcurrió en exceso el término que se disponía para presentarla, por lo que es de entenderse que el acto reclamado fue tácitamente consentido por Macario García de la Cruz, al no presentarla dentro del término legal. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no encuadra en ninguno de los casos excepcionales que señala el precepto 17, fracciones III y IV, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 62, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, SE DESECHA DE PLANO POR EXTEMPORÁNEA la demanda de amparo promovida por Macario García de la Cruz, demandado en el juicio agrario 424/2021-14, en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente de trato, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. En otro contexto, se toma conocimiento que, de conformidad con el acuerdo 24/2023, emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, la sede del Tribunal oficiante, a partir de este fecha, cambió de domicilio, el cual se ubica en Huejutla de Reyes, Hidalgo, e iniciará funciones el seis de noviembre de este año. Además, se modificó la distribución de la competencia de los Municipios tanto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, como del Cincuenta y Cinco, en ese sentido, el juicio agrario 424/2021-14, pasará a la competencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, toda vez que, el expediente de origen, corresponde al municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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