Macario Fabela Cerda
Expediente 1150/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rafael Díaz Barriga Morales
- Macario Fabela Cerda
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria de cuatro de julio del año en curso, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por los quejosos, contra el auto de quince de mayo de la presente anualidad, dictado por este Juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. El recurso de queja es infundado" Acúsese recibo. En consecuencia, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe Porfirio Martínez González, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el quince de mayo de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el citado autorizado, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado, en su carácter de representante legal del Gobernador del Estado de Zacatecas; mediante el cual informa que en su carácter de superior jerárquico, requirió al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos, que remite el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dígasele que este Juzgado le concede una prórroga por el término de tres días contados a partir de que reciba la notificación correspondiente, para enviar las constancias con las que acredite su total cumplimiento a la ejecutoria protectora emitida en este juicio, bajo el apercibimiento, que de no hacerlo en el plazo indicado, se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el numeral 238, ambos de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución.
- Principal
Se publica síntesis del auto de 15 de mayo de 2018, con efectos de notificación para la parte quejosa. Visto; el escrito de demanda presentado por Macario Fabela Cerda, Rafael Díaz Barriga Morales, María Blanca Estela Villegas Valdez, Ma. Leticia González González, Nélida Moreno Martínez, Irma Martínez Araiza, Irma Pat Hernández, Adriana Espinosa Ramírez, Ma. Angélica Serna Martínez, Hilda Medina Duarte, Talía Guillén Villanueva, Irma Santos Alba, San Juana de Monserrat Hernández Esparza, Luz Elena García Pinedo, Víctor Hugo Guerrero Caldera, Esperanza Gallegos Escobedo, Carlos Ordaz García, J. Carmen Martínez Delgado, Julián Lombardo Ayala, José Martín Ortiz Becerra, José Ángel Martínez Rivera, Ramiro González Limones, Jorge Arturo Ávalos Renovato, Gonzalo Ríos Soto, Felipe Esteban Meza Fabela, Jorge Valente Hernández Hernández, J. Inés Cruz López, José Francisco García Rodríguez, Gilberto Rivas Cruz, José de Jesús Ambris Nájera, Francisco Adame Palacios, Sandra Arredondo Ayala, Gilberto Hernández Bañuelos, Felipe Campos Delgado, Salvador López García, Joel Solís Rodarte, Pedro Aguayo Márquez, José Luis Sandoval Delgado, Rodolfo González Castañeda, Salvador Botello Hernández, Guillermo Velásquez Hernández, José Renovato Castañeda, Juan Trujillo Lozano, José de Jesús Villagrana Ramírez, José Remedios Contreras Rodríguez, J. Lauro Esquivel Juárez y Raúl Esparza Nava; por sus propios derechos, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 11150/2018-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de dos de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dentro del expediente laboral promovido por los ahora quejosos, por el que los previene, en su carácter de actores, para que dentro del término de tres días, subsanen las deficiencias destacadas en dicho auto, a saber, comparezcan ante dicho tribunal, debidamente identificados, a ratificar la demanda, por no reconocerle a Porfirio Martínez González, su carácter de apoderado de algunos actores, para suscribir la demanda; asimismo, que señalen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de las prestaciones reclamadas, bajo el apercibimiento que de no cumplir con dicha prevención, se acordará lo que en derecho proceda. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Establecido lo anterior, es pertinente señalar que los ahora quejosos, son actores dentro de un expediente laboral que se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, que inicialmente fue registrado bajo el folio 333/2017, del índice de dicha responsable; dentro del mismo, el citado Tribunal, declinó la competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de zacatecas, el que no aceptó la competencia y, por ende, correspondió seguir conociendo de dicho juicio al mencionado Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, quien registró el expediente con diverso número y, por auto de dos de abril de dos mil dieciocho, previene a los ahora quejosos, en su carácter de actores, para que dentro del término de tres días, subsanen las deficiencias destacadas en dicho auto, a saber, comparezcan ante dicho tribunal, debidamente identificados, a ratificar la demanda, por no reconocerle a Porfirio Martínez González, su carácter de apoderado de algunos actores, para suscribir la demanda, por los motivos que ahí expone; asimismo, que señalen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de las prestaciones reclamadas, bajo el apercibimiento que de no cumplir con dicha prevención, se acordará lo que en derecho proceda. Acto reclamado. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de los quejosos, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución al quejoso en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional no tienen ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías. Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley. Téngase por autorizados de los quejosos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Porfirio Martínez González, Efraín Arteaga Domínguez, Mayra Miguel Cruz García, Karina Leyva López y Patricia Tello Aguilera; y, como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Insurgentes, número ciento treinta y nueve (139), letra "A", Centro Histórico en Zacatecas, capital.
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