Macario Bazquez Baez
Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Macario Bazquez Baez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexos de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja ***, de la estadística del citado Tribunal, en la que se determinó declarar parcialmente fundado dicho medio de impugnación planteado por la parte quejosa, modificar el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y consecuentemente desechar la demanda de amparo origen de este asunto. En ese sentido, acúsese recibo del expediente y testimonio adjuntos al oficio de cuenta, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en este juzgado, anótese lo procedente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Agréguese el oficio de la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó su demanda de amparo; medio de impugnación que se registró bajo el número Q-****/2021 de su estadística, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, párrafo segundo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental e histórica y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo. Respecto al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, ya que se ubican en los supuestos previstos en el capítulo octavo, artículo 21, inciso c), del aludido Acuerdo General, por haberse negado tanto la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; tómese en cuenta que los mismos son susceptibles de destrucción; glósese copia certificada de este acuerdo a dichos cuadernos. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que se ordenaron formar en autos de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve y once de agosto de dos mil veinte, para lo cual se solicita se sirva acusar el recibo correspondiente.
- Principal
Establecido lo anterior, este órgano estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El citado numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De conformidad con el precepto legal antes transcrito, el juicio de amparo se torna improcedente cuando la ley secundaria que regula el procedimiento del que emana el acto reclamado, concede algún medio de impugnación ordinario por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, salvo lo que el inciso c) de dicho precepto y la fracción VII del artículo 107 constitucional disponen para los terceros extraños y se exceptúa de tal disposición los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Por tanto, el juicio de amparo para ser procedente, requiere que se agoten antes de promover el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame -principio de definitividad-, salvo las excepciones que la misma establece. En ese tenor, este órgano determina que el medio de impugnación ordinario para combatir el acto que en esta instancia constitucional señaló como acto reclamado, es el incidente de nulidad de notificaciones en la materia mercantil. Lo anterior, a pesar de que si bien su ordenamiento no lo contempla per se, partiendo de la premisa que el artículo 1345, fracción V del Código de Comercio, establece que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en éste, indefectiblemente, se deduce la existencia del incidente de nulidad de actuaciones en la materia, el cual se ajusta -más no se limita- a las circunstancias previstas en los numerales 1349 a 1358 del citado código. Sin embargo, no se prevé explícitamente si éste procede en contra del acuerdo en el que se ordena la manera en la que una notificación se efectuará. De ahí que, si bien no existe un fundamento legal que determine cabalmente si procede dicha incidencia contra la hipótesis antes prevista o similar, la Primera Sala del Alto Tribunal de este país, al efectuar una interpretación jurídica sobre la finalidad del recurso de revocación (que trata de controvertir autos puramente de instrucción, en función de la fundamentación y motivación por los que fueron dictados) y el incidente de nulidad de actuaciones (que tiene como objetivo analizar la legalidad de las notificaciones), arribó a la conclusión que el medio de impugnación idóneo para combatir y revisar la determinación judicial por la que se ordena la manera en la que una notificación se practicará, es el incidente de nulidad de actuaciones. Como corolario a lo anterior, se tiene que en contra de los actos reclamados, consistentes en el acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil veinte por medio del cual la autoridad responsable declara firme la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil veinte, al resolver la controversia del orden mercantil, con número de expediente ****/2019, de su índice, así como la omisión de la responsable para notificarle legalmente todos y cada uno de los autos posteriores al veintiocho de febrero de dos mil veinte, existe medio de defensa ordinario, esto es, que el hoy quejoso puede ser oído y combatir las notificaciones en comento, a través del incidente de nulidad de notificaciones, previsto en su generalidad en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, puesto que a través de ese medio ordinario de defensa se puede analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Ello es así, dado que -se insiste- la nulidad de notificaciones tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que se cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de notificaciones, pues de no hacerlo se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. En ese sentido, al no haberse agotado el incidente de nulidad de notificaciones, contra las notificaciones que califica de ilegales, se surten las causas de improcedencia antes señaladas y por esa razón, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII y XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, ante su notoria improcedencia. Domicilio y autorizados. La parte quejosa solicita que se le practiquen las notificaciones vía electrónica. En atención a ello, se acuerda de conformidad, dado que previa consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el apartado de autorizados, se advierte que los autorizados Rafael Zepeda Martínez, y Francisco Guerra López, se encuentran registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con los usuarios "****" y "****" respectivamente. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones, con todas las facultades a que alude el Acuerdo General citado. Por tanto, realícense las gestiones necesarias en el aludido sistema, a fin de materializar lo anterior. Se tiene por autorizado para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Zepeda Martínez, en virtud de que cuenta con registro de cédula ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de la certificación secretarial que antecede; y respecto a Francisco Guerra López, Patricia Tello Tapia, Rubén Esquivel Curz, Alejandra Luque Arias, Raquel María del Carmen Sevilla Díaz y Verónica González Domínguez, se les tiene únicamente como autorizados en términos restringidos de la Ley de Amparo. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso a más tardar el quince de octubre de dos mil veinte. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
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