Macario Aguilar Agraz

Expediente 369/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
369/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Macario Aguilar Agraz

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO MACARIO AGUILAR AGRAZ, EL AUTO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "PERSONERÍA Vista la demanda de amparo presentada por Macario Aguilar Agraz, por su propio derecho. FORMACIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 369/2018. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. De acuerdo a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, en los términos siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció qué debía entenderse por actos de imposible reparación, al emitir la jurisprudencia P.J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a Libro 7, correspondiente al mes de junio de dos mil catorce, Tomo I, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. De acuerdo a lo establecido por la citada jurisprudencia, existen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, la primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). En el caso, la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "La omisión por parte de la autoridad responsable (H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SONORA) de emitir el laudo correspondiente, en término legal en el juicio arbitral número 1215/09 seguido ante dicha autoridad." Asimismo, en relación a los preceptos constitucionales violados, expresó que se viola su derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si en el dictado de sus resoluciones, la autoridad incurre en una dilación que transgreda los plazos y términos que señalan los preceptos legales que rigen las materias de donde derivan los actos reclamados, debe atenderse entre otras circunstancias a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia; de ahí que, tomando en consideración que los Tribunales del Estado como la responsable, cuentan con un número considerable de juicios que deben resolver, no es dable pensar que el plazo transcurrido entre la fecha en que refiere la promovente se desahogaron las pruebas y se cerró instrucción, esto es, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho y la fecha en que presenta su demanda de amparo, pueda llevar a concluir que la responsable hubiese incurrido en una dilación excesiva que arroje una paralización del asunto para efectos de hacer procedente el juicio constitucional. Por identidad jurídica y las razones que la integran es apoyo de lo anterior, la tesis VI.2o.T.17 L (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1966, Materia Laboral, "PROCEDIMIENTO LABORAL. ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL. PECULIARIDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA VERIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 838 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DETERMINAR LA CONFIGURACIÓN DE AQUÉLLA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total de éste, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en caso de incumplimiento del término previsto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos." En efecto, no se advierte que el juicio laboral de origen se encuentre totalmente paralizado o se advierta una abierta dilación en su resolución, pues incluso, la quejosa indica que el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 1215/2009, se cerró instrucción y se turnó el expediente al área de dictámenes para la elaboración del laudo correspondiente, situación que no implica, se reitera, una abierta dilación, ya que el propio quejoso señala la continuidad que ha habido en el procedimiento. Tal manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que resulta eficaz para demostrar que el juicio de origen no se encuentra totalmente paralizado o en una abierta dilación, en tanto que como se dijo, en diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 1215/2009, se cerró instrucción. En las condiciones apuntadas, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto que reclama el quejoso Macario Aguilar Agraz, de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, del mismo ordenamiento, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la legislación en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Berlín número 23, interior D, de la colonia Centenario, de esta ciudad. Asimismo, al advertirse del escrito de demanda, que el asunto del que deriva el acto reclamado deriva de un juicio laboral, y que la promovente no resulta ser la parte patronal, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en los amplios términos que prevé dicho numeral, a Florencio Jaramillo López, Miguel Ángel Labastida Silva, Ana Karen Antillon Vega y Susana Elizabeth Cheno Silva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes..."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · 9,271 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano