Macaria Viridiana Cuevas Villagrana
Expediente 523/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Macaria Viridiana Cuevas Villagrana
Actuaciones
- Principal
Se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, contra el auto de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida. Luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno.
- Principal
Vista la demanda promovida por xxxx, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas por sí o a través de sus Subsecretarios Directores y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 523/2021-IV. Desechamiento A efecto de proveer lo procedente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, es relevante tener en cuenta lo dispuesto el artículo 113 de la Ley de Amparo (.)la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos de defensa para regular las cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o que estén compurgando una pena, entre los que se encuentra el regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal(.)existen supuestos en los que la autoridad administrativa puede ordenar el traslado de una persona privada de su libertad. En cuanto a la posibilidad de la persona privada de su libertad de controvertir dicha determinación, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la controversia ante el juez de ejecución y/o de control, la cual se desprende de los artículos 117 y 122(.)se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la acción vía controversia ante el juez de control y/o ejecución que se pueden exponer las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, por ejemplo, en materia de traslados. Así, en los casos previstos en el artículo 117, las personas privadas de su libertad tienen la posibilidad de acudir ante la autoridad jurisdiccional y someter a controversia, diversos temas, entre los que se encuentran los traslados urgentes o no que respecto de ellos ordenen, acción que podrán ejercer hacer al momento en que se les notifica o dentro del plazo de diez días siguientes de su ejecución, en los supuestos en los que no se les hubiera notificado previamente. Incluso en aquellos casos en los que el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir. En ese sentido, se concluye que una orden de traslado como la que se reclama, puede ser sujeta a revisión directamente por la autoridad jurisdiccional, mediante dicho mecanismo de defensa; por tanto, la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, es importante resaltar que este medio de defensa constituye la posibilidad real de que un acto positivo (como lo es una orden de traslado) pueda ser suspendido por el juez que corresponda, incluso de oficio y paralizarlo de plano, en términos del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, medida que En consecuencia, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una orden de traslado atribuida a autoridades administrativas, el quejoso debe agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto pues la persona privada de su libertad al tener noticia de ella tiene la posibilidad de reclamarla con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si se tratara de la acción de amparo. En consecuencia, al no observarse el principio de definitividad y por tanto actualizado la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovidaprevé los mismos efectos que la similar de la Ley de Amparo, ya que no exige mayores requisitos ni plazos que los que están consignados para conceder la suspensión provisional. Lo que permite establecer que se cumple con el requisito exigido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el acto sea suspendido por el juez respectivo.(.) En consecuencia, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una orden de traslado atribuida a autoridades administrativas, el quejoso debe agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto pues la persona privada de su libertad al tener noticia de ella tiene la posibilidad de reclamarla con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si se tratara de la acción de amparo. En consecuencia, al no observarse el principio de definitividad y por tanto actualizado la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida
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