Macaria Monroy Hernández

Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Macaria Monroy Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término concedido a la quejosa por auto de veintiuno de febrero del año en curso, para efecto de que señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de éste juzgado, el cual le fue notificado de manera personal el veintitrés del mismo mes y año, transcurrió del veintisiete de febrero al uno de marzo, sin que la quejosa hubiera desahogado dicho requerimiento; por lo tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y la notificación del presente y las subsecuentes notificaciones que deban hacérsele, incluso las personales, se realizarán por medio de listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiocho de febrero del año en curso: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el auto de auto de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual se sobreseyó antes de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, promovido por la quejosa **********, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Por otra parte, con base en lo previsto en los artículos 12, 14 y 21, inciso c) del Acuerdo General de referencia, se hace constar que el ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva; en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  2. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, los oficios suscritos por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como por la Magistrada de la Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante los cuales rinden su informe previo; lo anterior sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento dado que en auto de veintiocho de febrero del año en curso, se dejó sin efectos la celebración de la audiencia incidental en el presente incidente; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes auto, el oficio suscrito por la Magistrada Titular de la Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado; sin realizar mayor pronunciamiento, dado que por auto de veintiocho de febrero de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, con respecto a las documentales que anexa, fórmese legajo de pruebas por separado en un tomo, asimismo quien esto juzga considera que no ha lugar a colocar en ellos, el entresello de este juzgado en cada una de las fojas, dado a que las mismas son copias certificadas emitidas por la autoridad oficiante. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos, los oficios suscritos por el Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual remite su informe justificado; al respecto es preciso señalar, que del mismo se advierte lo siguiente: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, únicamente en cuanto a que ésta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictó la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, respecto al Recurso de Revisión **********, relacionado con el Juicio Administrativo **********, del índice de la Séptima Sala Regional, en la que éste Órgano Colegiado en cumplimiento al amparo directo número **********, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de sus funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la que dejó insubsistente la sentencia de fecha once de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por esta Primer Sección de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, asimismo se modificó la sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Séptima Sala Regional de este Tribunal, donde se reconoció la validez de los actos impugnados." Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esta juzgadora advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque no es posible alegar a través de un juicio de amparo indirecto actos emitidos en un diverso juicio de amparo o en ejecución de las mismos, pues produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica. En primer lugar, conviene precisar que la quejosa **********, reclama: "1. De los ciudadanos Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Libre y Soberano de México. Reprocho el ilegal e inconstitucional dictado de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2020, dictada en la constancia legal que integran los folios del Recurso de Revisión **********. (.) 3. Del Ciudadano Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Libre y Soberano de México. Reprocho la ejecución de la Sentencia de fecha 26 de noviembre de 2020, dictada en la constancia legal que integran los folios del Recurso de Revisión **********, dictado con efecto en el Juicio Administrativo **********, de su índice." Ahora bien, del informe justificado que rinde el Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se advierte que el acto que por ésta vía reclama la quejosa, consistente en la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en la constancia legal que integran los folio del Recurso de Revisión **********, así como su ejecución, fue en cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo directo número **********, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la que dejó insubsistente la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por la Primer Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y modificó la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Séptima Sala Regional de ese Tribunal, donde se reconoció la validez de los actos impugnados Bajo este tenor, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtiene la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro del amparo directo **********, de la cual se ordena agregar copia certificada, se advierte que se concedió el amparo y protección de justicia federal, para los siguientes efectos: "1. Dejar insubsistente la sentencia pronunciada, el once de julio de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión número **********; y 2. Siguiendo los lineamientos señalados en la presente ejecutoria, deberá emitir una nueva resolución, en la que declare fundados los agravios que se hacen valer en cuanto al fondo y, determine lo que en derecho corresponda." Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial P./J.16/2018 (10ª), con número de registro 2017123, visible en la página 10, del Tomo I, Junio de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y contenido: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Sentado lo anterior, es conveniente destacar que el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracciones IX, en relación con la XVIII, concatenadas con el arábigo 192 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" . XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio." "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Precisado lo anterior, es evidente que los actos que se reclaman en este controvertido constitucional, no pueden ser materia de un nuevo juicio de amparo, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional, de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 192 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), con registro electrónico 2018315, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, materias constitucional, común, página 829, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Así como por identidad jurídica, la tesis: II.2o.P.41 K, sustentada Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, Página 2363, que es del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR Y LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO INCIDEN EN LOS MISMOS ASPECTOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL. Aun sin prejuzgar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garantías, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional; de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 105 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de garantías." En razón de lo expuesto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 192 del propio ordenamiento, lo cual conduce a sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Sin que sea óbice señalar que el presente sobreseimiento se hace extensivo al acto que el quejoso reclama del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, puesto que a ésta última, le atribuye la omisión de supervisar el buen desempeño de los servidores públicos que tiene a su cargo, omisión que hace derivar de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en la constancia legal que integran los folio del Recurso de Revisión **********, así como su ejecución. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por lo que hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para los efectos legales a que haya lugar Lo anterior para todos los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

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