Macaria Delfina Santiago Santiago

Expediente 526/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
526/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Macaria Delfina Santiago Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de trece de junio de este año -fojas 6-10-, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Macaria Delfina Santiago Santiago contra el acto reclamado al juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 526/2019. Una vez examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: [.] V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". En forma previa, cabe mencionar que el segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. En ese tenor, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en el contenido del acuerdo de veinte de mayo del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 334/2017, en el que el juez responsable, al proveer el escrito de la endosataria en procuración de la aquí quejosa (presentado el diecisiete de mayo pasado), determinó en esencia que: En auto de veinte de mayo de esta anualidad (acto reclamado), ordenó la apertura del periodo probatorio de quince días comunes a las partes. En esa propia fecha, se formaron los cuadernos de pruebas correspondientes. En proveídos de veintitrés de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada realizando objeciones en torno a la demanda principal, y a la actora (aquí quejosa), haciendo objeciones respecto al escrito de contestación de la demanda. En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada oponiendo excepciones dilatorias, las que se mandaron tramitar conforme al artículo 1404 del Código de Comercio (vía incidental). En proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó darle vista (a la actora) con la prueba pericial ofrecida por su contraparte, y en auto de veinte de febrero siguiente, se tuvo por desahogada tal vista. Por tanto, cada una de las solicitudes contenidas en su ocurso estaban atendidas. En contra de lo anterior, en sus conceptos de violación, la impetrante en forma medular alega que: El numeral 1401 del Código de Comercio es claro al mencionar que una vez admitidas las pruebas se mandará preparar su desahogo, hasta por un término de quince días. En auto de veinte de mayo de esta anualidad, se ordenó la apertura del periodo probatorio de quince días comunes a las partes. El juez responsable desahogó diversas diligencias antes de abrir la dilación probatoria, como son: nombramientos de peritos, vistas, diligencias de ejercicios caligráficos y todo lo tendente al desahogo de la prueba pericial. En el acuerdo reclamado, la autoridad judicial le indicó que no resultaban procedentes sus peticiones, puesto que ya habían sido atendidas, aunque en momentos diversos al periodo probatorio. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 99/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERIODO PROBATORIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU APERTURA ES FORZOSA PARA EL JUEZ", en cuya parte conducente se determina que no es optativo para el juez abrir el periodo probatorio, sino que debe hacerlo forzosamente, de no hacerlo, se violaría la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Carta Magna. Con base en lo anterior, se determina que las posibles infracciones cometidas por la responsable, en cuanto a la apertura del periodo probatorio, y el desahogo de diversas diligencias antes de su comienzo, en todo caso constituyen violaciones a las leyes procesales que no puede considerarse afecte derechos sustantivos, las cuales pueden desaparecer si la quejosa obtiene una sentencia favorable, y en caso adverso, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, impugnable a través del juicio de amparo directo, en términos del arábigo 172, fracción III, citado. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, como requisito primordial se requiere que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado; en caso contrario, el mismo se torna improcedente, como acontece en la especie. En apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia PC.III.C. J/1 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página: 1250, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge el contenido del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio se reserva a los que tengan una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando la violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el amparo directo. Luego, no se está ante un acto de esa naturaleza cuando se reclama el auto que niega cerrar el periodo probatorio y cuya base es el derecho fundamental de defensa, tutelado por el artículo 14 constitucional, que tiene el oferente de una prueba pendiente de desahogar, que debe prevalecer sobre el de acceso a la justicia pronta que, a su vez, consagra el numeral 17 de la propia Carta Magna". El criterio judicial que precede resulta aplicable al caso aunque haya sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, dado que no se opone a la nueva ley de la materia. También, es aplicable al caso la tesis XX.4o.2 L (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página: 3399, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA OMISIÓN DE PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 89 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, las Salas del Tribunal Burocrático del Poder Judicial de esa entidad federativa, tienen la obligación de calificar las pruebas que hayan ofrecido los contendientes en sus escritos de demanda y contestación, respectivamente; es decir, que en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a que se refiere el numeral 84 de la legislación en cita, la Sala tendrá que admitir las que estime pertinentes y desechar las que resulten inconducentes o contrarias a la moral o al derecho, o bien, no tengan relación con la litis. Por tanto, si la Sala responsable dejó de proveer sobre la admisión respecto de unos medios de convicción durante la audiencia de ley, ello constituye una violación a las reglas del procedimiento que afecta las defensas del quejoso, análoga a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, la cual establece la hipótesis de que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; circunstancias que evidencian un estado de indefensión, dado que dichas probanzas pudieran llegar a ser favorables a sus intereses, al momento de dictarse el laudo correspondiente". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en el arábigo 113 del propio ordenamiento en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, a Gerardo Francisco López Tomas y Gerardo Francisco López García, por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, y las restantes personas sin esas facultades. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Gerardo Francisco López Tomas y a Gerardo Francisco López García, para consultar vía internet la versión electrónica del presente juicio de garantías, y se ordena agregar al expediente electrónico los usuarios lopezthomas y gerardoflg, para ese efecto, así como para recibir todo tipo de notificaciones de este expediente. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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