Mablia Tejero Guerra
Expediente 1153/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Mablia Tejero Guerra
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente asunto y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Mablia Tejero Guerra, para los efectos siguientes: Dicte de inmediato el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 046/2011 de su índice". El uno de septiembre del mismo año, causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Mediante oficio TCYA/AMP/8851/2022 recepcionado el ocho de septiembre de la presente anualidad (registrado bajo el folio 14680), emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del laudo de seis de septiembre citado, relativo a la controversia laboral de origen 046/2011 de su índice. Documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se observa que acató tales efectos, ya que el seis de septiembre del año en curso, dictó el laudo respectivo en el expediente 046/2011 de su índice; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hayan hecho lo propio. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. No obsta a lo anterior la solicitud de notificación, que indicó el apoderado legal de la quejosa al desahogar la vista que se le dio con las constancias materia del presente análisis, dado que tal acto no fue materia de la presente controversia y por tanto tampoco de la concesión de amparo. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del laudo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 46/2011 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1153/2022-4, promovido por *********, contra los actos que reclama del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el quince siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho posterior, Mablia Tejero Guerra solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO LABORAL 046/2011, en virtud de que ya no hay pruebas pendientes por desahogar (.)" (sic) "(.) LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DE LAS ACTUACIONES (ACTO RECLAMADO) DE LA ORDENADORA." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Presidente del Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecinueve de julio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1153/2022-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de emitir el laudo dentro de la controversia burocrática 046/2011 de su índice, así como su notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL RESPONSABLE. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable, toda vez que la materia del reclamo en la presente controversia lo constituye la omisión de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral 046/2011; por tanto, tal omisión al tratarse de una determinación que, como se verá más adelante, a la fecha en que se resuelve la presente controversia constitucional aún no se ha emitido, entonces se conculca lógico que el actuario responsable no se encuentra en aptitud legal de notificarlo. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable, procede sobreseer en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, dado que así lo manifestó el Tribunal responsable al rendir su informe justificado. [Foja 18] Lo cual se robustece con la copia certificada del proveído de diez de enero de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente laboral 046/2011 del índice de esa responsable, de la cual se advierte que, hasta la presente fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo, no se ha dictado el laudo correspondiente. Se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el procedimiento laboral 046/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio, entre otros, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho a que se le imparta justicia pronta y expedita. Esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del referido precepto constitucional, protege a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia, para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye, entre otras cosas, que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será inmediato, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez. Por su parte, en los ordinales 108 y 112 de ese mismo ordenamiento jurídico, se dispone que el procedimiento laboral se reducirá a la presentación de la demanda, contestación y una sola audiencia en la que se recibirán pruebas y alegatos de las partes, hecho lo anterior, de no existir alguna diligencia pendiente, se pronunciará la resolución respectiva. Por lo que el tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos para la audiencia de mérito. Como se puede advertir, el legislador local prevé un procedimiento ágil y concreto para la tramitación y decisión de los juicios laborales competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, acotado a una audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Ahora, de la constancia que integran la presente controversia se advierte que, mediante auto de diez de enero de dos mil veinte el Tribunal responsable certificó e hizo constar que ya no quedaban pruebas por desahogar, por lo que declaró cerrada la instrucción [Fojas 19 y 20]; por tanto, desde ese momento se generó la obligación del órgano colegiado responsable de dictar el laudo correspondiente. Lo anterior al margen del cierre de instrucción, ya que, conforme a lo previsto en el marco jurídico que rige el procedimiento natural, tal figura no se encuentra prevista y por tanto, tal actuación deviene contraria a los principios que deben regir ese juicio burocrático. En esa tesitura, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -catorce de julio de dos mil veintidós-, la responsable en cuestión no ha dictado laudo en el juicio natural, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, que instituyen que el procedimiento ante ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será inmediato y que éste deberá tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez, concretándose a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas, alegatos de las partes y pronunciará resolución. Lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparte justicia pronta y expedita. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, el cual se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Por lo anterior, conforme al ordinal 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, la autoridad responsable ya debió dictar laudo, sin que lo haya hecho, contraviniendo dicha disposición normativa, en razón de que la misma establece que en la audiencia en que las partes deben formular sus alegatos, se dictará resolución. Sin que en el caso resulten aplicables supletoriamente los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2005 para que ello sea procedente, tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien, que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer. Además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del tribunal, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. Si bien en dicho criterio se analizaron legislaciones de otras entidades federativas, éstas prevén el mismo procedimiento que contempla la ley burocrática del Estado de Tabasco, que se reduce a la presentación de la demanda, a su contestación y a una sola audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por lo cual ese criterio es de exacta aplicación al caso en estudio. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 214/2019. No pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria; sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir el dictado del laudo en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por las anteriores consideraciones, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: Dicte de inmediato el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 046/2011 de su índice. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********* por las razones y para los efectos establecidos en el considerando sexto y séptimo de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Mablia Tejero Guerra, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1153/2022-4. DESECHAMIENTO Ahora bien, respecto al Secretario general del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, también señalado por la parte quejosa como autoridad responsable, debe decirse que al mismo no le reviste tal carácter, ya que si bien es cierto, que entre las funciones de éste se encuentra la de emitir las resoluciones dictadas por el Tribunal; sin embargo, dicha función no implica que resuelva conjuntamente con quien es el único responsable de sus fallos; por lo cual debe desecharse la demanda respecto de esta autoridad, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, y 113 todos de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable por analogía la jurisprudencia número 1006, visible en la página 692, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, bajo el rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". ADMISION DEMANDA Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informe justificado a las autoridades señaladas como responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. Se le hace saber a las autoridades responsables jurisdiccionales que el plazo de quince días para que rindan o actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la presuncional legal y humana, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuanto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente laboral 046/2011 e informe justificado que deberán remitir las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto éstas hagan lo propio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. RESGUARDO DE OFICIOS Finalmente, toda vez que las autoridades jurisdiccionales se encuentran gozando de su periodo vacacional, tal y como se desprende del aviso que en su momento remitió a este Juzgado; en esas condiciones, considerando que esta determinación no es de carácter urgente, déjense bajo resguardo del Actuario Judicial que corresponda, los oficios que se libran, para que sean entregados una vez que las autoridades responsables reanuden sus labores. Lo anterior, no se contrapone a lo establecido en la jurisprudencia con registro 2024510, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE, toda vez que del aviso citado no se desprende que las responsables, hayan establecido guardias durante ese periodo para recibir oficios o requerimientos. Notifíquese.
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