Mabel Judith Ramírez Cardona
Expediente 85/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- Mabel Judith Ramírez Cardona
- Claudia Angélica Fraire Guevara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a ********************, sociedad anónima de capital variable, para los efectos siguientes: "[.] El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. [.]" No pasa inadvertido para esta juzgadora que si bien en la sentencia dictada no se desarrolló el estudio que motiva la concesión de amparo respecto a la citada porción normativa y que del considerando décimo se continuó al décimo segundo, sin incluir el décimo primero, lo cierto es que existe pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que transgrede el derecho de audiencia, por prever la facultad conferida a la autoridad para hacer efectiva la cantidad determinada en la preliquidación de contribuciones contenida en la resolución provisional, privando al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Razonamientos que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 158/2016 (10a.) y 2a./J. 157/2016 (10a.), consultables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de dos mil dieciséis, tomo I, páginas 725 y 726, de rubros que se transcriben a continuación. "REVISIÓN ELECTRÓNICA. LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS CONSTITUYE UNA PROPUESTA DE PAGO. " "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA." Así, debido a que en este asunto se reclamó el artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, y que en el último considerando de la sentencia se precisaron los efectos para los cuales se otorgó la protección solicitada, además de que en el resolutivo tercero se precisó la concesión de amparo a ********************, sociedad anónima de capital variable, se procede a requerir el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Sin omitir destacar que no se requerirá a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que en el ámbito de su competencia formal y materialmente legislativa, se les atribuyeron en esta instancia constitucional, y respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal, debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Tiene aplicación la tesis 2a. CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Atendiendo a los efectos de la sentencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a ********************, sociedad anónima de capital variable, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este apartado. Juicio de amparo Quejosa Registro Federal de Contribuyentes 972/2014 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** Lo anterior, en el entendido de que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que anexa el expediente principal del juicio de amparo y la resolución dictada en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en el amparo en revisión 1797/2020 de su índice, sin que sea necesario acusar recibido, por los motivos que expone. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: " (.) PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo en términos de la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en la última consideración de esta resolución. (.) Se toma conocimiento de su contenido y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes, ya que estas son copia de las que obran agregadas en el juicio de amparo. ARCHIVO DEL ASUNTO CONCLUÍDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluído, previa verificación de la integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial. Así mismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco siguiente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó, por lo que carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del acuerdo general citado en consecuencia, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese vía electrónica a la quejosa
- Principal
Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, en el que transcribe el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 85/2020 de su índice, y remite el oficio 2870 recibido vía electrónica, porque éste le fue notificado de manera errónea al Juzgado Federal citado. En a su contenido, se acuerda lo siguiente: Ténganse por recibido el oficio 2870, por medio del cual el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, comunica el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, del que se desprende que registró la queja interpuesta en autos con número de toca 1796/2020, e informa que fue desechado por extemporáneo. De lo anterior este Juzgado Federal toma conocimiento. Así mismo, en atención a lo requerido por la superioridad, se pone a su disposición el expediente electrónico en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. SE ACUERDA PROMOCION Téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual comunica el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, del que se desprende que fue admitido el recurso de revisión, el quedó registrado con el número de toca 1797/2020 de su índice. De lo anterior este Juzgado Federal toma conocimiento. Por otra parte, como lo solicita el Tribunal de Alzada, notifíquese el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte de su índice por oficio a las autoridades responsables, por lo que, una vez practicadas las referidas notificaciones, sin previo acuerdo, remítanse las constancias respectivas al órgano colegiado. En atención a lo requerido por la superioridad, se pone a su disposición el expediente electrónico en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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