Ma Yolanda Andrade Torres

Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
340/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Ma Yolanda Andrade Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se ordena devolver un tomo de pruebas a la autoridad responsable, por resultar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 340/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales que allegaron tanto la parte quejosa como la autoridad responsable. Al respecto, el juez provee: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: En razón que ninguna de las partes los hicieron valer, se tiene por precluido el derecho a formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito en el Estado, por lo que en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó su registro y admitió a trámite con el número 340/2023; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le competey se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado (foja 41). Asimismo, en auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés (foja 120), a fin de estar en condiciones de realizar el estudio del acto reclamado, se otorgó a la quejosa vista por quince días, a efecto que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de ser la autoridad que dictó la sentencia cuya ejecución se reclama; sin que formulara la ampliación en esos términos a pesar que quedó legalmente notificada. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el dieciocho de agosto de la anualidad que transcurre (fojas 130-131) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue ejecutado por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad, ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad: La resolución contenida en el oficio 2.11.15.5/151/2023, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual incumple por segunda ocasión, con la sentencia definitiva, dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno por la Sala Regional Pacífico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 1192/20-21-01-1-OT. Tercera. Certeza del acto. La autoridad responsable aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora de las constancias aportadas por ésta, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así, este juzgador advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcritos, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, se le vincule a la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que también encuentra su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional; en ese sentido, debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 30/96, visible en la página 250 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en párrafos precedentes, en auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, a fin de estar en condiciones de realizar el estudio del acto reclamado, se dio a la quejosa vista por quince días a efecto que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por ser la autoridad que dictó la sentencia cuya ejecución se reclama; sin que formulara la ampliación en esos términos a pesar que quedo legalmente notificada. Vinculación que se hacía necesaria ya que si no se señala a dicha Sala como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que se haría nugatorio el derecho que le asiste para defender sus actos. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Así, debe entenderse que la quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada, sin menoscabar el derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable; de ahí, la improcedencia de mérito. Más, tomando en consideración que la falta de llamado de la referida autoridad, descansó en la voluntad tácita del justiciable, que así lo decidió, tal y como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la resolución contenida en el oficio 2.11.15.5/151/2023, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, incumple por segunda ocasión, con la sentencia definitiva, dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno por la Sala Regional Pacífico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 1192/20-21-01-1-OT. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, Octubre de 1995, página 468, registro 194684, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." También, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación registro 230811, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Y la diversa, jurisprudencia VII.A.T. J/6 emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Página 738, Novena Época, Registro 202332, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Sentado lo anterior, lo aquí resuelto no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************contra el acto y autoridad que precisadas quedaron en la consideración segunda del presente fallo, por las razones expuestas en la diversa cuarta. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de julio del año en curso se dio vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta ciudad. Asimismo, se desprende que mediante acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, la parte quejosa pretendió ampliar su demanda respecto de la autoridad antes indicada, sin embargo, en ese mismo auto se le previno para que aclarara su escrito de ampliación y se le informó que únicamente le restaban cinco días más para cumplir con el requerimiento formulado en auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna, con motivo del requerimiento realizado en auto de dieciocho de agosto del año en curso, en relación con el diverso de veintiuno de julio de dos mil veintitrés; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de julio de la presente anualidad y se ordena que el sumario en que se actúa sea resuelto únicamente respecto de la autoridad responsable y actos reclamados por el que se lleva el trámite del mismo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.ORF

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 20 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano