Ma. Vicenta Hernández Hernández
Expediente 1046/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Vicenta Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El treinta de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí: [.] en el ámbito de sus atribuciones legales deberán: 1. Lleven a cabo la cirugía dacriucistorrinastomía izquierda. 2. Continuar brindando la asistencia médica necesaria que requiera la quejosa Ma. Vicenta Hernández Hernández; y, 3. En su caso, le sigan practicando los procedimientos médicos que llegue a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. [.] Luego, mediante proveído de veintiuno de octubre siguiente, causó ejecutoria dicho fallo constitucional; por lo que se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este órgano constitucional el veintiocho de octubre del año que transcurre, la apoderada jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad y el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informaron las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Posteriormente, previo requerimiento formulado por este Juzgado, mediante diversa comunicación oficial recibida el nueve de noviembre del presente año, consistente en el oficio HGDIMP/SJDH/1123/2022, signado por el apoderado y representante del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en esta ciudad, por el que manifestó lo siguiente: .bajo protesta de decir verdad, mi representanta continuará brindando la atención médica que requiera la paciente Ma. Vicenta Hernández Hernández, mientras subsista su padecimiento oftalmológico, así como llevar a cabo los diversos estudios y tratamientos que requiera, suministrando los medicamentos que le sean prescritos por los médicos especialistas de mi representada, acorde a su padecimiento. En ese sentido, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. En ese orden de ideas, si el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", manifestó bajo protesta de decir verdad que se continuará brindando la asistencia médica que llegase a necesitar la quejosa Ma. Vicenta Hernández Hernández, lo que incluye los procedimientos médicos que resultaren necesarios, así como el suministro de los medicamentos que le sean prescritos; es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, es menester subrayar que en caso incurrir la autoridad responsable en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa y de proporcionarle el medicamento necesario para su padecimiento, y se advierta que dichas omisiones se realizaron dolosamente, previa petición en tal sentido, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular correspondiente, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que, de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El treinta de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí: [.] en el ámbito de sus atribuciones legales deberán: 1. Lleven a cabo la cirugía dacriucistorrinastomía izquierda. 2. Continuar brindando la asistencia médica necesaria que requiera la quejosa Ma. Vicenta Hernández Hernández; y, 3. En su caso, le sigan practicando los procedimientos médicos que llegue a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. [.] Luego, mediante proveído de veintiuno de octubre siguiente, causó ejecutoria dicho fallo constitucional; por lo que se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este órgano constitucional el veintiocho de octubre del año que transcurre, la apoderada jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad y el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informaron las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Posteriormente, previo requerimiento formulado por este Juzgado, mediante diversa comunicación oficial recibida el nueve de noviembre del presente año, consistente en el oficio HGDIMP/SJDH/1123/2022, signado por el apoderado y representante del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en esta ciudad, por el que manifestó lo siguiente: .bajo protesta de decir verdad, mi representanta continuará brindando la atención médica que requiera la paciente Ma. Vicenta Hernández Hernández, mientras subsista su padecimiento oftalmológico, así como llevar a cabo los diversos estudios y tratamientos que requiera, suministrando los medicamentos que le sean prescritos por los médicos especialistas de mi representada, acorde a su padecimiento. En ese sentido, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. En ese orden de ideas, si el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", manifestó bajo protesta de decir verdad que se continuará brindando la asistencia médica que llegase a necesitar la quejosa Ma. Vicenta Hernández Hernández, lo que incluye los procedimientos médicos que resultaren necesarios, así como el suministro de los medicamentos que le sean prescritos; es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, es menester subrayar que en caso incurrir la autoridad responsable en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa y de proporcionarle el medicamento necesario para su padecimiento, y se advierta que dichas omisiones se realizaron dolosamente, previa petición en tal sentido, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular correspondiente, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que, de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios de cuenta signados por la apoderada legal de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí y apoderado legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto, con su contenido y anexo que se acompaña dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a derecho convenga. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase nuevamente al Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres dias, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se constriña a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, deberá de manifestar "bajo protesta decir verdad" que se continuará brindando la asistencia médica necesaria que requiera la quejosa y, en su caso, que se le seguirán practicando los procedimientos médicos que se llegue a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En la inteligencia que, de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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