Ma. Verónica Villa Solorzano

Expediente 262/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
262/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Verónica Villa Solorzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA:********************Que el plazo de que disponían la parte quejosa y la tercera interesada, para recurrir la sentencia dictada en el presente sumario transcurrió del ocho al veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, toda vez que fueron notificadas personalmente el seis de noviembre del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieren hecho.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************CUENTA. Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían la parte quejosa y la tercera interesada, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Ahora, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente:********************"SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente:********************a) Deje insubsistente la diligencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a través de la cual se emplazó a la quejosa ********************.********************b) Reponga el procedimiento para el efecto de que se emplace a juicio de manera legal a la referida peticionaria de amparo, dejando sin efectos todas las actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento, incluida la sentencia definitiva, el auto que la declaró ejecutoriada y el que no admitió a trámite el incidente de nulidad de notificaciones, así como cualquier acto de ejecución de la misma, al ser consecuencias del ilegal emplazamiento a juicio."********************3. REQUERIMIENTO. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez y Actuaria adscritos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, se sirvan cumplir con la sentencia de mérito, de la cual oportunamente se les envió copia certificada; lo que deberán hacer del conocimiento, por una sola vía, al correo institucional -6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.********************4. APERCIBIMIENTO. Se les apercibe que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa a cada una, de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $ ********************), en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente.********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En seis de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA:********************Que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se reservó proveer el escrito registrado bajo el folio 12324, suscrito por el mandatario jurídico de la tercera interesada Rocío Ameyally Hernández Villa, hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente al sumario en que se actúa, lo que aconteció el pasado treinta y uno de octubre del año actual.********************Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************CUENTA. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de noviembre de dos mil veintitrés.********************ESTADO PROCESAL. De la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se reservó proveer el ocurso registrado bajo el folio 12324, hasta en tanto se dictara sentencia en el presente asunto, lo que aconteció el pasado treinta y uno de octubre, por tanto, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación respecto del manuscrito en comento:********************Incorpórense a los autos el escrito signado por Neftalí Jiménez Ramírez, en su carácter de mandatario jurídico de la tercera interesada Rocío Ameyally Hernández Villa, en atención a su contenido, téngasele señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en la calle Alejandrina esquina con Agua Marina, número 5, de la colonia Palito Verde, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, así como autorizando para recibirlas a Miguel Ángel Hernández Suastes y Celia Albina Calderon Pulido.********************En consecuencia, se ordena a la Actuaria de la adscripción encargada del asunto, notifique a la tercera interesada mencionado la sentencia dictada el pasado treinta y uno de octubre del año en curso, en el domicilio mencionado con anterioridad, así como los subsecuentes proveídos de carácter personal derivados del presente sumario.********************Finalmente, agréguese al expediente original el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la recepción del escrito mencionado.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Uruapan, Michoacán, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto262/2023, promovido por Ma. Verónica Villa Solórzano, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado Sexto de Distrito, Ma. Verónica Villa Solórzano, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: "III.- Como autoridades responsables, señalo a las siguientes: Al C. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y competencia en materia familiar, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán. Al C. Notificador o Actuario adscrito al juzgado antes mencionado." IV.- Del Juez responsable, reclamo: Los 2 dos autos de fechas 12 doce de abril del presente año, dictados dentro del juicio familiar ordinario oral número 533/2022, que sigue en mi contra la C. Rocío Ameyally Hernández Villa sobre desocupación y entrega de inmueble, mediante los cuales, en uno, en el marcado con el número 1 uno, se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en dicho juicio y, en el otro, marcado con el número 2 dos, se me niega la admisión del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones por defectos en el emplazamiento que promoví mediante escrito de fecha 10 diez de abril del año en curso. Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado dentro del juicio antes mencionado, toda vez que no fui llamada, notificada ni emplazada a dicho juicio y, por ende, se me dejó en completo estado de indefensión para contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegar y recurrir la sentencia dictada en dicho juicio. De la misma manera, reclamo la sentencia dictada en dicho juicio y todas y cada una de las consecuencias que de la misma se deriven, como lo es su posible ejecución. Del Actuario o notificador del juzgado reclamo la falta de emplazamiento o su ilegalidad y por ende, todas las consecuencias legales que del mismo se deriven o derivaron". La parte quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de veinte de abril del dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo bajo el número 262/2023, se admitió a trámite; se pidió el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, seguido el juicio, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada; el ocho de junio del año corriente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud a que en el caso se reclaman actos dictados dentro de juicio con ejecución en el municipio de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, perteneciente a este Distrito Jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo, analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. El análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto, permite advertir que la parte quejosa reclama: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán. La sustanciación del juicio ordinario oral familiar 533/2022, que sigue en su contra Rocío Ameyally Hernández Villa, sobre desocupación y entrega de inmueble; y como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia y su ejecución; Los autos de doce de abril de dos mil veintitrés, en el primero de los cuales, se declaró ejecutoriada la sentencia y, en el segundo, se negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. Del Actuario adscrito a dicho juzgado: Las diligencias de citatorio y emplazamiento de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, practicadas como llamamiento a juicio de la aquí quejosa. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán y Actuario de su adscripción, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias del expediente 533/2022, relativo al juicio ordinario oral familiar sobre desocupación y entrega de bien inmueble promovido por Rocío Ameyally Hernández que obra en autos; documental con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, la tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario narrar los antecedentes más destacados del acto impugnado, los cuales se advierten de las constancias que integran el expediente 533/2022, relativo al juicio ordinario oral familiar promovido por Rocío Ameyalli Hernández Villa, que se hacen consistir en lo siguiente. El doce de octubre de dos mil veintidós, Rocío Ameyalli Hernández Villa, por su propio derecho, promovió juicio ordinario oral familiar sobre desocupación y entrega de bien inmueble, en contra de la ahora quejosa Ma. Verónica Villa Solórzano (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas). El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda ordinaria oral familiar y se ordenó el emplazamiento a juicio a la parte demandada para que en el término de nueve días compareciera a contestar la demanda, apercibida que de no hacerlo, se declararía su rebeldía y se continuaría el juicio con el trámite respectivo, asimismo para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esa ciudad. El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el Actuario se constituyó en el domicilio señalado en la demanda para practicarle la diligencia encomendada y al no encontrarla, dejó citatorio para ese mismo día; por lo que al constituirse por segunda ocasión llevó a cabo, mediante instructivo el emplazamiento a juicio de la parte demandada (fojas 33 a 36 del tomo de pruebas). El nueve de noviembre de dos mil veintidós, el autorizado de la actora, solicitó se declarara en rebeldía a la parte demandada ante la falta de contestación de la demanda (foja 38). Por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte actora a efecto de que dentro del término de tres días explicara la situación prevaleciente entre los progenitores de la actora, en virtud de haberse emplazado a la misma por conducto de su ex esposo Arturo Hernández Salazar cuando ya se habían divorciado desde el cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 39). Por escrito la actora manifestó que la diligencia de emplazamiento se entendió con su padre porque en ese momento no se encontraba la demandada, pero que posteriormente el veinticinco de octubre siguiente se le entregaron los documentos, por lo que solicitó que por conducto de la actuaria se verificara dicha situación y en caso negativo, se le emplazara nuevamente. Asimismo, para acreditar que la demandada habita en el mismo domicilio exhibió copias certificada de la sentencia dictada en el expediente 25/2019, relativo al juicio oral familiar sobre nulidad de convenio celebrado entre la demandada y Arturo Hernández Salazar (foja 42 a 59). El siete de diciembre de dos mil veintidós, se comisionó a la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable a fin de que verificara la entrega de copias a la demandada (fojas 61 del tomo de pruebas). El nueve de diciembre del año dos mil veintidós, la actuaria hizo constar que se constituyó en el domicilio de la demandada, ubicado en la calle Tomás Moro, sin número, de la localidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán, siendo atendida por una persona que no se identificó por no creerlo necesario, pero manifestó bajo protesta de decir verdad, ser yerno de la demandada, quien le informó lo siguiente: "La persona que buscas es mi suegra y este es su domicilio pero ella ahorita no se encuentra y no sé a qué hora o qué día la puedas encontrar ya ve trabaja en el corte de limón y a veces llega a las 13:30 trece horas con treinta minutos pero hoy no ha llegado y no trabaja todos los días pero aunque descanse se sale a la calle"; enseguida hizo constar, que a petición de ella procedió a realizar una llamada desde su teléfono móvil a la persona buscada y que, pasados unos segundos, atendió una persona del sexo femenino con quien se identificó y le hizo saber el motivo de su presencia, quien contestó lo siguiente: "Si yo soy María Verónica pero ahora no iré al domicilio, tampoco sé qué día pueda esperarte y ahorita no voy a regresar porque estoy trabajando"; procediendo a cortar la llamada. Asimismo, asentó que la persona con la que entendió la diligencia le informó lo siguiente: "Es que ella siempre se esconde, los papeles se le entregaron pero la señora no hace caso, ya en otra ocasión vinieron a buscarla y se niega, se queda dentro de la casa y no sale, siendo todo lo que me informa" (foja 62). 10. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, a petición del autorizado de la actora se habilitaron días y horas hábiles para actuar a fin de que se practicara la diligencia ordenada el siete de diciembre del dos mil veintidós (foja 64 del tomo de pruebas). 11. El ocho de enero de dos mil veintitrés, la actuaria levantó acta circunstanciada, en la que nuevamente hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle de Tomás Moro, sin número, de la localidad de San Juan de los Plátanos, del municipio de Apatzingán, Michoacán, y cerciorada de que es el lugar que busca tocó, acudiendo a su llamado una persona del sexo masculino, con quien se identificó y le hizo saber el motivo de su presencia a lo que a su vez manifestó: "ella es mi suegra y es la persona que está ahí, señalando a una persona del sexo femenino con quien se identificó, y se niega a hacer lo propio por no querer hacerlo, siendo la siguiente su media filiación de tez morena clara, cabello negro, largo y recogido en coleta, estatura aproximada de 1.70 un metro setenta centímetros de complexión delgada, boca pequeña, ojos pequeños, párpados caídos, ceja depilada, nariz larga y afilada, por lo que le cuestionó si ella es la señora María Verónica Villa Solórzano y si le fueron entregados los documentos que la suscrita deje en poder de Arturo Hernández Salazar a lo que la demandada de inmediato contesta; "yo no tengo nada que hablar contigo y de forma inmediata procede a ingresar el interior del inmueble y cierra la puerta de forma grotesca, por lo que la persona que al inicio me atendió se acerca y me informa lo siguiente: "Si gustas pasar y tocarle la puerta para ver si quiere salir, yo te permito el acceso a este inmueble, asimismo manifiesta bajo protesta de decir verdad ser yerno de la persona que yo busco, asimismo, se identifica con credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector ZNSNNB95092016H400, a favor de Nabor Zamora Sánchez, quien en este momento bajo protesta de decir verdad y sin temor a equivocarse la señala como la demandada María Verónica Villa Solórzano, además me informa que es testigo de que los documentos que recibió el señor Arturo Hernández Salazar le fueron entregados oportunamente a la demandada, y continúa tocando la puerta sin que la persona en comento acceda a atendernos adjuntando la presente placas fotográficas que acreditan esta diligencia". 12. A dicha diligencia agregó dos imágenes fotográficas, en la que se aprecia un mapa de Google y una habitación dentro de un inmueble, el que hizo constar corresponde al inmueble donde ingresó la demandada (fojas 65 a 66 del tomo de pruebas) 13. En escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el autorizado de la demandada, exhibió constancia de vivienda expedida por la Encargada del Orden de la localidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán, en la que hace constar que Ma. Verónica Villa Solórzano, originaria del municipio de Apatzingán, tiene su domicilio particular en la calle Tomás Moro, sin número, código postal 60711 de esa comunidad (fojas 67 y 68). 14. El veintinueve de enero de dos mil veintitrés, se declaró la rebeldía de la demandada y ordenó realizar las subsecuentes notificaciones mediante lista (foja 69 del tomo de pruebas). 15. El veintitrés de febrero siguiente, tuvo lugar la audiencia preliminar del juicio, en la que admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, entre otras la confesional a cargo de la demandada (fojas 76 y 77 del tomo de pruebas). 16. El quince de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos: "Primero. Este juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente negocio. Segundo. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de esa resolución, se declara procedente la acción de desocupación y entrega del inmueble cuya ubicación se precisó en el último párrafo del considerando tercero, que en la vía ordinaria oral familiar promovió Rocío Ameyally Hernández Villa, por su propio derecho frente a María Verónica Villa Solorio o Ma. Verónica Villa Solorio, apercibida que de no hacerlo se procederá en rebeldía. Tercero. No se hace condena en costas de esta instancia. Cuarto. Notifíquese personalmente". (Fojas 78 a 83). Dicha sentencia se notificó mediante lista a la parte demandada (foja 84). 17. Por escrito presentado el diez de abril del dos mil veintitrés, Ma. Verónica Villa Solórzano, compareció al juicio ordinario oral familiar 533/2022, a promover incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones por defecto en el emplazamiento (fojas 88 a 92 del tomo de pruebas). 18. En sendos proveídos de doce de abril de dos mil veintitrés, se declaró, primero, ejecutoriada la sentencia y después, se negó la admisión del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones por defecto en el emplazamiento interpuesto por la parte demandada (fojas 87 y 94). QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación que enseguida se expondrá es fundado, suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se advierte que en el caso se ha cometido una violación al procedimiento que ha dejado sin defensa a la quejosa por lo que no se analizarán los restantes. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia número 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del tomo XII, diciembre de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimar inoperantes los agravios relativos por esa razón." En el segundo y sexto concepto de violación la quejosa sostiene que los actos reclamados son violatorios de sus derechos humanos porque se le privó de la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 Constitucional y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 16 Constitucional. Lo anterior, pues argumenta que el emplazamiento al juicio no se llevó a cabo con las formalidades previstas en los artículos 741, 743 y 972 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, porque el actuario no describió los documentos que se adjuntaron a la demanda y con los que se corrió traslado; que el citado numeral debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación relativa el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los documentos que se adjuntaron y se corrió traslado. En apoyo de su argumento citó la jurisprudencia 1a./J.39/2020 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACION RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE SE CORRE TRASLADO". Lo anterior, como se dijo, es fundado. En efecto, el artículo 14 constitucional dispone: "Artículo 14. A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...". De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito se desprende que contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) la de irretroactividad de la ley; 2) la de audiencia; 3) la de legalidad en materia penal; y, 4) la de legalidad en el campo civil. Así, en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se protege a los gobernados en el goce de la libertad, la propiedad, la posesión, y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de garantías. Una de estas garantías es la de audiencia previa, que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa, antes de emitir el acto privativo, y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos, que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: a) El juicio previo al acto de privación; b) Que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; c) El cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y, d) La decisión jurisdiccional ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina el juicio. Conformándose la garantía de audiencia, mediante la concurrencia indispensable de las cuatro garantías específicas, es evidente que aquélla es susceptible de contravenirse al violarse una sola, de manera tal, que la íntima articulación que existe entre ellas impone la necesidad, por propio mandato constitucional, de reparar la esfera jurídica que así hubiere sido vulnerada, en protección a los derechos públicos subjetivos del gobernado. En este sentido, una de las formalidades esenciales del procedimiento consiste precisamente en emplazar a juicio al demandado, puesto que dicha diligencia tiene como finalidad garantizar que éste tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de las consecuencias de ello, pues sólo así tendrá oportunidad real de defenderse. Por su parte, el emplazamiento a juicio es la formalidad esencial más importante del procedimiento judicial, que en esencia establece la condición para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Es decir, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que la parte demandada tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Ahora bien, el emplazamiento dentro de un juicio familiar se rige conforme a lo que disponen los artículos 736, 741, 742, 743 y 972 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, mismos que establecen: "Artículo 736. Todos los litigantes en su primer escrito o en la primer diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio en el lugar en que resida el tribunal, para que se les hagan las notificaciones correspondientes; o bien, deberán manifestar su voluntad para que se practiquen a través del correo electrónico que ante el Poder Judicial registren". "Artículo 741. La primera notificación se hará en el domicilio designado al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, de no encontrarlo el notificador y cerciorado por el informe de dos vecinos, de que ese es su domicilio y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba, de todo ello se levantará acta pormenorizada suscribiéndola los que intervinieron en ella, incluyendo a los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo". "Artículo 742. Para el caso de no localizar al notificado y haya lugar a dejar citatorio, el actuario para fijar la hora de espera, deberá atender a las reglas de la lógica y la experiencia, tomando en cuenta las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda; debiéndose además expresar la razón por la cual determinó el plazo que hubiese concedido". "Artículo 743. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán al cónyuge, hijos, parientes, empleados del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos, se fijarán en la puerta; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, quedarán en la secretaría a disposición del demandado". "Artículo 972. Al analizar la demanda el juez revisará oficiosamente la vía propuesta, admitiéndola en la que legalmente corresponda, ordenando con las copias de la misma y los documentos que se acompañan emplazar al demandado, a fin de que, en un plazo de nueve días, ocurra a producir su contestación por escrito, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o negándolos, así como, en su caso, interponer excepciones". Los preceptos recién transcritos, en lo que interesa, señalan, que todos los litigantes en el primer escrito que presenten, deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique y, en el supuesto de que no se dé cumplimiento con éste requisito, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión, a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal a notificarse. Disponen, que si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio. En el supuesto de que el notificador no encontrare a la persona buscada, pero cerciorado de que es el domicilio del notificado por el informe de dos vecinos y que está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba. Prevén, que el instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán al cónyuge, hijos, parientes, empleados del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos, se fijarán en la puerta; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Además, el artículo 972, del referido Código Familiar expresamente establece la obligación de ordenar el emplazamiento con las copias de la demanda y los documentos que se acompañan, a fin de que, en un plazo de nueve días, ocurra a producir su contestación por escrito. Precisado lo anterior, tenemos que, en el caso, de las constancias allegadas por el juez responsable, se advierte que, a las diez horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se constituyó en el domicilio señalado como de la parte demandada a efecto de llevar a cabo el emplazamiento, cito en calle Tomás Moro, sin número, de la localidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán, y previo cercioramiento de ser su domicilio, le dejó citatorio para que la esperara a las dieciocho horas del mismo día para llevar a cabo la diligencia; como la demandada no la esperó, llevó a cabo la diligencia de emplazamiento de la demandada mediante instructivo; en dicha actuación asentó lo siguiente: "DILIGENCIA. En el mismo lugar, siendo las 18:00 dieciocho horas, del día 24 de octubre del año 2022 dos mil veintidós, nuevamente la suscrita actuaria adscrita al juzgado segundo de Primera instancia en materia civil de este distrito judicial, en funciones de ministro notificador, por segunda ocasión con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado dentro del auto de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que integran el juicio ordinario oral familiar número 533/2022 sobre desocupación y entrega de inmueble promovido por Rocío Ameyally Hernández Villa en contra de María Verónica Villa Solórzano, hago constar que me constituí en legal y debida forma en el domicilio señalado en autos como de la demanda María Verónica Villa Solórzano, sito en calle Tomás Moro sin número de la localidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán, domicilio señalado como de la demandada María Verónica Villa Solórzano, y bien cerciorada de que aquí es el domicilio de la persona que busco, porque así lo manifestaron vecinos del lugar y el ciudadano Arturo Hernández Salazar, quien dijo ser esposo de la persona que busco y quien quedó identificado con anterioridad, por lo que procedo a tocar la puerta y acude a mi llamado nuevamente Arturo Hernández Salazar, lo anterior toda vez que el (sic) María Verónica Villa Solórzano, no esperó a la suscrita, no obstante el citatorio dejado con anterioridad, por lo que de inmediato le doy lectura al auto que se cumplimenta; mismo que me ordena me constituya en este domicilio para que se haga saber la tramitación del presente juicio; por lo que con las copias simples de la demanda y documentos anexos a la misma, así como el instructivo correspondiente que en este momento le entrego a la persona que me atiende, emplazo y corro traslado a la demandada, haciéndole saber que se le otorga el termino de 9 días para que comparezca ante el juzgado de los autos a dar contestación a la demanda por escrito, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos por la actora, confesándolos o negándolos, en su caso, interponer excepciones, aunado a que en la misma ofrecerá sus pruebas, desde luego, con las formalidades establecidas en el Código Familiar para esta entidad; lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo se declarará su rebeldía y se continuará con el trámite respectivo; asimismo para que señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad o bien, manifieste su voluntad para que se practiquen a través de correo electrónico que ante el Poder Judicial registren, apercibido que de no hacerlo, las notificaciones aún las personales, le correrán por lista en los estrados de este juzgado. A lo que la persona que me atiende manifiesta: "quedo enterado de lo que me informa, del contenido del auto que da lectura y se cumplimenta, recibo de conformidad las copias simples de la demanda y documentos anexos, se los haré saber y llegar a Verónica en cuanto llegue, quien no creyó necesario esperarla para atenderla personalmente y firmo de conformidad únicamente al calce del instructivo, siendo todo lo que deseo manifestar". Con lo anterior, siendo las 18:10 dieciocho horas con diez minutos, se da por terminada la presente diligencia, previa lectura íntegra de la misma, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Doy fe". Una vez examinada la actuación reclamada, este Juzgador estima que resulta inconstitucional. Ciertamente, al realizar el emplazamiento, la actuaria adscrita al Juzgado segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, señaló los medios por los cuales se cercioró de que el domicilio en que actuaba era el correcto, por el dicho de dos testigos del lugar, quienes le indicaron que el domicilio donde se constituyó era el de la demandada María Verónica Villa Solórzano. Asimismo, como no la localizó, le dejó citatorio con Arturo Hernández Salazar, para que la esperara a las dieciocho horas de la propia fecha, para la práctica de la diligencia de carácter judicial, apercibida que de no hacerlo, entendería la diligencia con la persona que se encontrara presente, como no la esperó, llevó a cabo la diligencia con Arturo Hernández Salazar, quien se identificó con credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral a su favor, con clave electoral HRSLAR67112305H100. Sin embargo, el vicio de inconstitucionalidad se presenta en la parte de la diligencia en que, la actuaria señaló que le corría traslado al demandado con copias simples de la demanda y documentos anexos a la misma, pero sin describir cada una de las copias que entregó a la parte demandada, pues se limitó únicamente a hacer constar su entrega señalando que era copia simple de la demanda y documentos anexos, más no a describir o pormenorizar en qué consistían los mismos. Así, la omisión de certificar cuáles eran cada uno de los anexos entregados a la persona buscada, genera la violación a la garantía de audiencia de la parte demandada. Lo anterior es así, pues el artículo 972 del Código Familiar establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, enunciado que debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, lo que no aconteció en la especie. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 39/2020, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204, del libro 78, septiembre de 2020, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022118, que prevé: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado". Sin que obste a lo anterior que, en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se haya ordenado a la actuaria responsable indagar si se entregaron o no las copias simples de la demanda y de los documentos anexos a la misma, toda vez que, que esas diligencias no son un trámite previsto en la ley procesal como una medida para subsanar inconsistencias del emplazamiento, pero además, la circunstancia de haber entregado la copia no se corroboró en la diligencia verificada por la actuaria el nueve de diciembre del dos mil veintidós, pues en esta únicamente se hizo constar una llamada telefónica en un número del que no se proporcionó el dato, en la que una persona que dijo llamarse María Verónica señaló: "ahorita no iré al domicilio, tampoco sé qué día puedo esperarte y ahorita no voy a regresar porque estoy trabajando". En tanto que en la diversa diligencia de ocho de enero de dos mil veintitrés, una persona del sexo femenino a la que encontró en el domicilio, a requerimiento expreso de si le fueron entregados los documentos, simplemente señaló "yo no tengo nada que hablar contigo". Aunado a que la parte quejosa en modo alguno reconoció en su perjuicio esa situación. Por las razones expuestas, se concluye que el emplazamiento reclamado vulnera el artículo 14 de la Carta Magna, lo que hace innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia J/5, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 89, del tomo IX, marzo de 1992, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220006, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo". En esas condiciones, al resultar los conceptos de violación fundados, en suplencia de la queja deficiente, lo procedente será conceder el amparo solicitado. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación en estudio, procede conceder el amparo solicitado. Dicho sentido se hace extensivo a los actos reclamados del Juez segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, consistentes en la sustanciación y en todo lo actuado dentro del juicio ordinario familiar sobre desocupación y entrega de inmueble número 533/2022, incluyendo la sentencia, el auto que la declaró ejecutoriada, así como los proveídos de doce de abril de dos mil veintitrés que declaró ejecutoriada la sentencia y negó el trámite del incidente de nulidad, ya que tales actos estaban supeditados a lo que se resolviera sobre el acta de emplazamiento al juicio, por lo que al haberse declarado la inconstitucionalidad de tal diligencia, sus consecuencias deben seguir la misma suerte, al ser fruto de un acto viciado. Es aplicable, la tesis sin número, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 280, del volumen 121-126, sexta parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 252103, que prevé: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal". SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: a) Deje insubsistente la diligencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a través de la cual se emplazó a la quejosa Ma. Verónica Villa Solórzano, b) Reponga el procedimiento para el efecto de que se emplace a juicio de manera legal a la referida peticionaria de amparo, dejando sin efectos todas las actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento, incluida la sentencia definitiva, el auto que la declaró ejecutoriada y el que no admitió a trámite el incidente de nulidad de notificaciones, así como cualquier acto de ejecución de la misma, al ser consecuencias del ilegal emplazamiento a juicio. Alegatos. En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por el tercero interesado, sin embargo, este órgano de control constitucional, se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Criterio sustentado por Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 23/93, visible en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Verónica Villa Solórzano, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo, de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 12324. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE ESCRITO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el ocurso signado por Neftalí Jiménez Ramírez, mandatario jurídico de la tercera interesada Rocío Ameyally Hernández Villa, en atención a su contenido, este órgano de control constitucional realiza las siguientes determinaciones:********************Fórmese cuaderno de antecedentes, en razón de que el ocho de junio del año en curso, se levantó el acta de inicio de audiencia constitucional y agréguese el manuscrito de cuenta, asimismo, resérvese proveer en cuanto a su contenido hasta en tanto éste órgano de control constitucional emita la sentencia correspondiente.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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