Ma. Trinidad Sandra González Sevilla

Expediente 195/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Ma. Trinidad Sandra González Sevilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte peticionaria de amparo, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General; por lo anterior, toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente; y, con fundamento en el artículo 34 párrafo segundo, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a MA. TRINIDAD SANDRA GONZÁLEZ SEVILLA, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, a través del cual remite la ejecutoria dictada en el recurso de queja 116/2022 de su índice, y a su vez, los autos del juicio de amparo 195/2022 en que se actúa; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, y hágase saber a la parte quejosa que el Tribunal de referencia declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Alejandro Vargas Mercado, en su carácter de apoderado legal de MA. TRINIDAD SANDRA GONZALEZ SEVILLA; por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente dicho proveído única y exclusivamente lo tocante al desechamiento de la demanda en el pronunciado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Luego, antes de proveer lo que en derecho proceda en relación a esa demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Alejandro Vargas Mercado, en su carácter de apoderado legal de MA. TRINIDAD SANDRA GONZALEZ SEVILLA, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede debidamente notificado del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente:- Narre los antecedentes del acto reclamado, toda vez que refiere que la suspensión del servicio de luz eléctrica, agua potable y gas respecto del bien inmueble identificado como Departamento 206, nivel 1, ubicado en el condominio edificio "Supercondominio", dentro del condominio maestro "Los Veneros", el cual está ubicado aproximadamente en el kilómetros 8.3 de la carretera federal La Cruz de Huanacaxtle Punta de Mita, dentro del Desarrollo Costa de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, deriva de adeudos que le atribuyen las autoridades que señala como responsables en su carácter de administradores de dicho condominio. Sin embargo, del contrato de comodato de uno de marzo de dos mil diecisiete, celebrado entre la sociedad MF HOLDERS, S. de R.L. de C.V. (comodante) y la aquí quejosa MA. TRINIDAD SANDRA GONZÁLEZ (comodatario), que adjuntó a su demanda de amparo se advierte de su cláusula segunda que será el comodante y no la amparista quien cubrirá los gastos en que se incurra en los conceptos de pagos de servicios de gas, energía eléctrica y agua potable, entre otros respecto del citado departamento.- Asimismo, indique si a la fecha le fueron reconocidos los pagos que dice realizó por concepto de los servicios referidos, a través del procedimiento de consignación llevado a cabo ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte de las personas que señala como responsables, y en consecuencia, si actualmente cuenta con dichos servicios. Aclaración que resulta necesaria a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a las autoridades responsables del informe de ley; en la inteligencia de que la parte quejosa deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio y en su caso de los documentos que anexe, para estar en condiciones de correr traslado a las partes. Toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el entendido de que el peticionario de amparo deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio a efecto de emplazar a las partes; bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimento con los requerimiento contenido en el presente auto dentro del término señalado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y .". Es aplicable a lo anterior la tesisI.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, Página 2613, Tomo XXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Elías Moisés Rosas Ríos, en su calidad de delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y en cumplimiento al fallo protector pronunciado en autos, exhibiendo un billete de depósito N 913455, valioso por la cantidad de $12,022.18 (doce mil veintidós pesos 18/00 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, y se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación dicho proveído comparezca ante este órgano jurisdiccional, a fin de que se le haga la entrega del citado billete; sin que hasta el día de hoy exista constancia alguna que acredite la devolución del certificado bancario de referencia. En consecuencia, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificada de este proveído comparezca ante este órgano jurisdiccional, a fin de que se le haga la entrega del billete de mérito, apercibida que de no hacerlo, este juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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