Ma. Trinidad Rizo Loza

Expediente 516/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
516/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD EN MATERIA PENAL DE LA REGIÓN I, DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO (lLICENCIADO FRANCISCO AGUILERA CID)
  • Ma. Trinidad Rizo Loza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL QUE SE ACORDÓ: I. Parte quejosa cumple con requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte; por tanto, se provee: II. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo y ocursos aclaratorios, se obtiene que la impetrante señala como acto reclamado la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por el juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Región I del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal ********************, en la que se desechó por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la audiencia de once de septiembre del año en curso, en la que se le negó la ampliación del cierre de la investigación complementaria y se estableció que el Ministerio Público cerró la referida investigación desde el tres de septiembre de dos mil veinte. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)". De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, del análisis efectuado al acto reclamado descrito con antelación, se obtiene que carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De lo que se obtiene que son actos de imposible reparación aquéllos que afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." Al respecto, han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, la reparabilidad al dictarse el fallo y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Ahora bien, respecto al acto reclamado en este asunto, es menester tener presente lo establecido en los artículos 211, 321 a 324 y 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria. El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente." "Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior." "Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez." "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación." "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio." De los dispositivos transcritos, se obtiene que: a) La etapa de investigación comprende las fases inicial y la complementaria, cuya finalidad es que el fiscal investigador, el indiciado y el ofendido, de ser el caso, aporten los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos, hasta el cierre de la investigación. b) En la fase de investigación complementaria, se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación. Es decir, el Ministerio Público continuará realizando actos de investigación para lograr una preparación integral del caso. c) Al final del plazo de investigación complementaria, el Fiscal podrá hacer tres cosas: solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formular acusación. d) La etapa intermedia o de preparación del juicio, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En la especie, el acto reclamado consiste en la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por el juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Región I del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal ********************, en la que se desechó por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la audiencia de once de septiembre del año en curso, en la que se negó a la quejosa la ampliación del cierre de la investigación complementaria y se estableció que el Ministerio Público cerró la referida investigación desde el tres de septiembre de dos mil veinte. Lo anterior, pone en evidencia que el acto que reclama la quejosa no transgrede ningún derecho sustantivo, sino que se trata de cuestiones meramente procesales respecto de las cuales no procede el juicio de amparo, al tratarse de un medio de control constitucional extraordinario, que no puede sujetarse a cuestiones de la expresada naturaleza. Ello es así, si se tiene en cuenta que el juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria, el cual no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, sin menoscabo de que pueda agotarse dicha investigación antes de su vencimiento y, en caso de que sea negada la prórroga de referencia o la reapertura de la investigación, como acontece en la especie, en la etapa intermedia, la parte quejosa podrá ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para su defensa. Por tanto, la determinación reclamada por la solicitante del amparo no es un acto de imposible reparación, en virtud de que tal actuación no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, aunado a que cuenta con distintos momentos procesales para ofrecer los medios de convicción que estime conducentes ante el juez competente. Ello es así, toda vez que después de cerrada la investigación complementaria y formulada la acusación, mediante escrito dirigido al juez de control, la recurrente tiene la oportunidad de ofrecer sus medios de prueba, de acuerdo al procedimiento establecido para la etapa intermedia; por tanto, el acto reclamado no causa de inmediato una situación de imposible reparación, pues si bien se cierra el periodo con el cual la imputada, aquí quejosa, pudiera ofrecer pruebas al fiscal para desvirtuar sus datos de prueba y, con ello, lograr que la representación social, una vez cerrada la investigación complementaria, solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa, es decir, el acto de autoridad tiene que ver con el desahogo de pruebas en la etapa de investigación, también lo es que la negativa de la ampliación del plazo de la investigación complementaria, no afecta en ese momento el derecho de defensa adecuada, pues en la etapa intermedia, tendrá la oportunidad de preparar y ofrecer sus pruebas; por tanto, la parte impetrante aún tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa adecuada, pues la etapa intermedia tiene por objeto la preparación y ofrecimiento de los medios de prueba que serán desahogados en la etapa de juicio oral, momento idóneo para que la imputada, aquí quejosa, presente los medios convictivos que estime conveniente. En consecuencia, se advierte que no se afecta materialmente el derecho sustantivo a una defensa adecuada, pues con independencia de la legalidad o ilegalidad en la que haya incurrido la autoridad responsable al dictar el acto reclamado, al no infringir derecho sustantivo alguno, no reviste la característica de acto de imposible reparación, en virtud de que en la mencionada etapa, la quejosa tiene la oportunidad de ofrecer datos de prueba para demostrar su teoría del caso y rebatir los ofrecidos por el fiscal. Del mismo modo, tampoco se trasgrede el principio de presunción de inocencia, ya que el mismo se desvirtúa hasta dictada la sentencia condenatoria contra el acusado, una vez que se llega a la convicción de su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Por tanto, el acto reclamado no impide o restringe en forma actual el ejercicio de alguno de los llamados derechos fundamentales constitucionales y convencionales, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones. Tan es así, que al concluir el plazo de investigación complementaria, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación, por lo que se garantiza el principio de presunción de inocencia, toda vez que no se ha demostrado la responsabilidad de la aquí quejosa mediante sentencia condenatoria. Bajo esas consideraciones, se determina que el acto reclamado constituye una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues no hay una afectación material, directa e inmediata de alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales. Por ende, se determina que la resolución reclamada, por sí sola, no puede afectar a la inconforme, mientras que en ella no se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, pues es claro que la preparación y ofrecimiento de datos de prueba tendientes a finalizar la integración de la carpeta de investigación, no constituyen actos que afecten a sus derechos sustantivos, ya que existe una etapa procesal para tal efecto, como es la intermedia. Apoya a lo anterior, la tesis XVII.1o.P.A.63 P (10a.) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." Así como la diversa tesis IV.1o.P.27 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, del siguiente tenor: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." Para emitir esa decisión, se tiene en cuenta que en el amparo en revisión 119/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, por lo que una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente y no podrán alegarse como violaciones procesales en el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que el acto reclamado en el presente asunto no afecta materialmente derechos sustantivos, como el de defensa adecuada y el principio dde presunción de inocencia, pues consiste en la resolución que desestimó el recurso de revocación interpuesto contra la audiencia de once de septiembre del año en curso, en la que se negó a la quejosa la ampliación del cierre de la investigación complementaria y se estableció que el Ministerio Público cerró la referida investigación desde el tres de septiembre de dos mil veinte, por lo que aunque tenga que ver con la falta de desahogo de pruebas en esa etapa, no es un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que una vez concluida dicha etapa de investigación, en caso de que el Ministerio Público determine formular acusación, se continuará con la etapa intermedia, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, momento idóneo para que el imputado presente los medio convictivos que estime convenientes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Lo que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, se determina que la determinación reclamada ante esta instancia constitucional por la quejosa, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo biinstancial, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que transgredan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución, de lo que se colige que para establecer si procede el juicio constitucional en contra de la resolución reclamada, debe establecerse si las consecuencias producidas por dicha decisión son o no de imposible reparación, entendiéndose por ello que se afecten derechos sustantivos tutelados por la constitución, lo que no acontece en la especie, toda vez que la determinación reclamada, por sí misma, no lesiona los derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ende, es claro que el acto reclamado en estudio, no puede estimarse como de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, puesto que la parte agraviada reclama la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por el juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Región I del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal ********************, en la que se desechó por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la audiencia de once de septiembre del año en curso, en la que se le negó la ampliación del cierre de la investigación complementaria y se estableció que el Ministerio Público cerró la referida investigación desde el tres de septiembre de dos mil veinte, lo cual, como se dijo, emerge como una cuestión procesal que no transgrede ningún derecho sustantivo; por lo que es incuestionable que contra dicho acto opera la causal de improcedencia en estudio, ya que se trata de actos intraprocesales, de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales o de imposible reparación. Cobran aplicación, las jurisprudencias números 24/92 y 29/89, publicadas en la páginas doscientos diecinueve y ochocientos treinta y siete, Tomo I, Pleno y Tomo IV, Tercera Sala, Segunda Parte, ambas de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Contradicción de Tesis, respectivamente, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En similares términos se pronunció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 1/2020, en sesión virtual de dieciocho de junio de dos mil veinte.

  4. Principal

    Se provee escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada por este órgano jurisdiccional el dos de octubre del año en curso; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de catorce de octubre pasado, en el que se le requirió de nueva cuenta para que cumpla con lo ahí precisado; lo anterior, en razón a que para desahogar cualquier requerimiento deberá hacerlo en un solo escrito, en el que se constriña a cumplir expresamente lo que le fue instado.

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