Ma. Teresa Reséndiz Torres
Expediente 1075/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Teresa Reséndiz Torres
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO; envíese al archivo.
- Principal
Agréguese a los autos la razón actuarial de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, suscrita por la fedataria de la adscripción, de la que se advierte que no fue posible notificar a la quejosa Ma. Teresa Reséndiz Torres, el proveído de veinticuatro de ese mismo mes y año, dictado en el presente sumario, en razón de que al constituirse en el domicilio señalado en autos fue informada por Jorge Lara Vega, que no conoce a la aquí quejosa y tampoco a sus autorizados María Isabel Torres Díaz y Jorge Armando Ramírez Granados; consecuentemente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 ambos de la Ley de Amparo, notifíquese dicho auto por medio de lista que se publique en los estrados y hágase lo propio con las subsecuentes providencias que a su respecto se dicten.Notifíquese a la quejosa Ma. Teresa Reséndiz Torres en la forma indicada.-En cumplimiento a lo ordenado en el proveído que antecede, notifico a la quejosa Ma. Teresa Reséndiz Torres, el diverso de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado de mi adscripción, el cual en su parte conducente dice:...Vista la demanda de amparo promovida por María Teresa Resendiz Torres, contra actos de la Presidenta Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero y otras autoridades. En consecuencia, se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes. Del estudio integral de la demanda se advierte que la misma resulta improcedente en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone...El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes...Como se ve, los actos que reclama derivan de una relación de trabajo, por consiguiente, carecen de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acto suscitado entre particulares, ya que, en el caso, las partes mencionadas (la quejosa y las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, de quienes depende) se encuentran en un mismo plano. Ello es así, pues en la especie, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúa como particular, y no con el carácter de autoridad, pues dicha relación es de índole laboral; de manera que, en el caso se está en presencia de un acto del patrón, por lo que se encuentra en aptitud de combatirlo en otra vía, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación laboral es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. En efecto, atento a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que los actos combatidos no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que se trata de una cuestión derivada de la relación laboral entre el quejoso -como trabajador- y el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero -en su carácter de patrón- y en esas consideraciones, debe atenderse al régimen constitucional que rige al vínculo laboral del cual derivan los actos en cuestión; motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente atento a las siguientes consideraciones...En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad...Precisado lo anterior, los actos reclamados no encuadran en dicho supuesto, puesto que éstos se han dado entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que el Municipio, representado por el Ayuntamiento, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación...Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral...De ahí que, si en el caso que se analiza el quejoso al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclama la orden verbal de desposesión, retención y...o suspensión del salario quincenal que venía percibiendo como servidor público del aludido Ayuntamiento y sus consecuencias, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional...En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...Aunado a lo anterior, el motivo de improcedencia es manifiesto, dado que se advierte en forma patente y absolutamente clara con lo que ha sido narrado; asimismo, es indudable, pues se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso concreto, y en modo alguno va a variar su resultado; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera y se substanciara el procedimiento respectivo, independientemente de los elementos que de modo eventual pudieran allegarse, la conclusión seguiría siendo la misma. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Isabel Torres Díaz y Jorge Armando Ramírez Granados, por no contar con cédula profesional respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en esta ciudad. En términos del artículo 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a las fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a y 29 de la ley de amparo vigente.
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