Ma. Teresa Mota Álvarez y Otros.

Expediente 150/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
150/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Ma. Teresa Mota Álvarez y Otros.
  • Ma. Teresa Mota Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintiocho de junio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso, *******************, en representación de su hija de iniciales F.R.S.M., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de cinco a catorce años de edad en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 a la quejosa en cita, quien cuenta con doce años de edad. Sin embargo, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplada la posibilidad de inoculación para las niñas F.R.S.M. (quien cuenta con la edad de doce años), debiéndose ajustar a los programas, fechas y condiciones que determinen las autoridades responsables competentes, lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Datos que representan un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." De lo expuesto, se aprecia que a la fecha, el grupo al que pertenece la quejosa, quien actualmente tienen doce años de edad, se encuentra en proceso de vacunación, pues está abierto el pre-registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se le aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. De modo que, una vez registradas, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que les corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tales razones, actualmente la quejosa no se encuentra excluida del plan nacional de vacunación. Así, queda demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo al que pertenece la quejosa y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación del Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que: A la menor de iniciales F. R. S. M.: Se le generó una cita a las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato; el ubicado en calle Malvas, número 367, colonia Revolución, para recibir la segunda dosis del biológico. Dicha menor deberá acudir con los siguientes documentos: I Acta de Nacimiento II Clave Única de Registro de Población (CURP); III Comprobante de domicilio, IV Identificación Oficial vigente de los padres, V comprobante donde se otorga la suspensión de plano y VI comprobante original de la primera dosis. En ese sentido, con fundamento en el numeral 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, así como en el precepto 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que de inmediato notifiquen, tanto telefónicamente como por correo electrónico, a la parte quejosa la cita para la inoculación, al número telefónico: ********* y correo electrónico: *********** Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que, aun no obran en su totalidad los informes solicitados a las responsables; por tanto, se difiere y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo.

  4. Principal

    Téngase por recibido, con su anexo, el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación del Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento de lo que le fue solicitado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, hace del conocimiento que la menor quejosa identificada con las iniciales F.R.S.M., el veintidós de marzo del año en curso, fue valorada médicamente y que el veintinueve de abril del año en curso, se inoculó a la menor con la primera dosis de la vacuna Pfizer; asimismo, que no acudió para la segunda aplicación el veintisiete de mayo del año en curso. Remite las constancias respectivas. Al respecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la menor quejosa directa identificada con las iniciales F.R.S.M., por conducto de quien legalmente la represente, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste si es su deseo proseguir con el trámite del presente juicio de amparo, o bien, si es su deseo desistir del presente asunto; bajo el apercibimiento que de no ser exactamente observado en el plazo indicado, se decretará el sobreseimiento del presente juicio.

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