Ma. Teresa Monzón Flores

Expediente 658/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
658/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Ma. Teresa Monzón Flores
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de cuatro de julio último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. Teresa Monzón Flores; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y el punto 7.5 del Manual para la Organización de los archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, toda vez que se desechó la demanda Amparo, aunado a que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Por último, dada la vía de presentación de la demanda que originó el presente asunto, se remitieron los autos originales del juicio oral ordinario civil 617/2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, sin embargo, por lo proveído en los párrafos anteriores deviene innecesaria su conservación, entonces devuélvanse al citado órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, al que anexa impresión con firmas electrónicas del acuerdo de seis de julio pasado, en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo directo promovido por Ma. Teresa Monzón Flores, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la constancia levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la quejosa Ma. Teresa Monzón Flores, en el domicilio ubicado en Boulevard Tomás Fernández número siete mil novecientos cuarenta, cuarto piso, interior cuatrocientos dos, Centro de Negocios Torres Campestre, por las razones que expresa. En tal virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, toda vez que se advierte del juicio oral ordinario civil 617/2021 un domicilio diverso ubicado en calle Paseo San Pablo número quinientos setenta y cuatro del fraccionamiento Jardines de San Pablo, etapa III, se ordena al fedatario adscrito se constituya en dicho domicilio, a fin de cumplimentar la notificación ordenada mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, al que anexa impresión con firmas electrónicas del acuerdo de seis de julio pasado, en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo directo promovido por Ma. Teresa Monzón Flores, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la constancia levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la quejosa Ma. Teresa Monzón Flores, en el domicilio ubicado en Boulevard Tomás Fernández número siete mil novecientos cuarenta, cuarto piso, interior cuatrocientos dos, Centro de Negocios Torres Campestre, por las razones que expresa. En tal virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, toda vez que se advierte del juicio oral ordinario civil 617/2021 un domicilio diverso ubicado en calle Paseo San Pablo número quinientos setenta y cuatro del fraccionamiento Jardines de San Pablo, etapa III, se ordena al fedatario adscrito se constituya en dicho domicilio, a fin de cumplimentar la notificación ordenada mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite copia con firma electrónica de acuerdo dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de su adscripción el treinta de junio último, en el juicio de amparo directo 319/2022, derivado del expediente 617/2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el que determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** contra el citado juez, al considerar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos legales que establece el artículo 170 de la Ley de Amparo. En tal virtud, envían los autos del juicio de amparo directo y el expediente de origen. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asume la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. Acúsese el recibo de estilo. Regístrese la demanda en el libro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado con el número consecutivo 658/2022-VIII, y fórmese expediente electrónico e impreso. Del estudio integral de la demanda de amparo, así como de las constancias exhibidas por el propio inconforme, y las remitidas por el juzgado responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 129, 197 y 2022 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, se hace consistir en la determinación de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio oral ordinario civil 317/2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, dado que le fue notificado de manera indebida en el código aplicable al caso, mismo que en lo conducente dice: De lo antes precisado, se deduce que en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, la parte agraviada es parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de parte demandada. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que se le cita para que comparezca a las once horas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno para llevar a cabo el estampamiento de su firma y también se designan las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia de alegatos dentro del incidente de autenticidad de la firma estampada en el escrito de contestación de demanda producida por la aquí agraviada en el juicio de origen, dejándola en estado de indefensión, pues aduce que la notificación que se le hizo fue indebida. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, de acuerdo con el cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, previamente a su promoción el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque la determinación que se reclama fue emitida por el Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; lo que evidencia que se trata de una resolución proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro, ya precisados, conviene invocar lo establecido en los artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que disponen: "ARTÍCULO 90. Las actuaciones y las notificaciones serán nulas, cuando a las primeras les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que la omisión deje sin defensa a alguna de las partes, y cuando la ley expresamente lo disponga; las segundas cuando se hagan en forma distinta a la prevenida en este código. ARTÍCULO 91. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por la otra. Tampoco puede ser invocada la nulidad por la parte que dio lugar a ella. ARTÍCULO 92. La nulidad deberá ser reclamada en la subsecuente audiencia o actuación y resolverse dentro del plazo de tres días a partir de que la persona interesada tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entienden consentidas las notificaciones hechas en forma irregular cuando la parte agraviada reciba una notificación personal con posterioridad, haga alguna promoción en el procedimiento o asista a cualquier acto o diligencia del mismo, y no impugne la notificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, cuando el juicio se haya seguido en rebeldía. ARTÍCULO 93. Las cuestiones que se susciten con motivo de la nulidad de actuaciones o notificaciones, se substanciarán dando vista a la parte contraria. Si se ofrecieren pruebas y fuesen admitidas, se señalará una audiencia especial en la que se desahogarán las mismas, se oirán alegatos y, de ser posible, se dictará la resolución. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, sin más trámite se dictará resolución, si fuera posible; en caso contrario, se dictará dentro del término de tres días. ARTÍCULO 94. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa.". De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se tiene que la nulidad en las notificaciones deberá reclamarse en la subsecuente audiencia o actuación y resolverse dentro del plazo de tres días a partir de que la persona interesada tuviera conocimiento de dicha nulidad. En el caso, ya que la quejosa reclama la ilegalidad de la notificación en relación al auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en donde se ordenó, entre otras cosas, la citación de la aquí quejosa para comparecer al estampamiento de su firma y la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de autenticidad de la firma estampada en el escrito de contestación de demanda producida por la aquí agraviada en el juicio de origen, lo anterior pues aduce que le fue notificado de manera distinta a la ley aplicable y en consecuencia se le dejó en estado de indefensión; por ende, en su contra procede el incidente de nulidad de notificaciones; mismo que debe agotarse previamente de acudir al juicio de amparo, a fin de agotar el principio de definitividad que lo rige. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 180570, al tenor del literal siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el actoreclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Lo anterior es así, pues el hecho de que la notificación realizada del auto recurrido, según aduce la quejosa, debió ordenarse o practicarse de una manera distinta a la que se llevó a cabo, debe promoverse el incidente de nulidad de notificaciones, pues éste constituye el mecanismo idóneo para verificar su legalidad, sin que pase inadvertido para este juzgado que obra acta de notificación de cinco de octubre de dos mil veintiuno (foja 150 juicio de origen), en la que se comunica a la agraviada el proveído impugnado y que según el actuario que la suscribe se entendió con la directa buscada. Aunado a lo anterior, debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni está sujeto a interpretación adicional; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, puesto que la parte quejosa figura como parte en el procedimiento civil de origen. Por tanto, la solicitante de amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad previo acudir a esta instancia constitucional. Tampoco se actualiza la excepción consistente en que se requiera interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra las actuaciones y notificaciones que se consideren nulas, deben reclamarse dentro de los tres días siguientes que se ostenta como sabedor de dicha nulidad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con apoyo en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, se invoca la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Torre Ejecutiva Condominio Torre Campestre Centro de Negocios, ubicado en Boulevard Tomás Fernández número 7940, Cuarto Piso, interior 402, en esta ciudad; y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, quien tiene su cédula profesional inscrita en el registro que para tal efecto se lleva en este juzgado y únicamente para oír y recibir notificaciones, a los licenciados ******************** y ********************, por no contar con el aludido registro. Asimismo, como medios de comunicación proporcionando los correos electrónicos y números de teléfono que indica, por lo que téngnase como diversa forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre la parte correspondiente y el personal jurisdiccional. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaría judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente expediente (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Hágase del conocimiento de la impetrante que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrará el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Se hace saber también que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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