Ma. Teresa Mendoza Núñez

Expediente 502/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
502/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Ma. Teresa Mendoza Núñez
  • Jefa del Departamento de Selección de Personal de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. I. Tribunal colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio 2506, proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto en contra del auto de dieciocho de abril del dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, quedando bajo el registro de queja *****, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. I. Boleta de turno. Agréguese a los autos la boleta de turno, de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, fue turnado al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y De Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito. II. Se comisiona al analista jurídico. En ese sentido, se comisiona a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que otorgue acceso del presente expediente electrónico al citado órgano, a fin de que se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso de que se trata. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. I. Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica por ..., autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda. II. Ríndase informe justificado. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió el acuerdo impugnado, y con fundamento en el citado artículo 101 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe, al Tribunal Colegiado que corresponda, en turno, para la substanciación del mencionado recurso; en el entendido de que la entrega recepción de los autos al órgano colegiado, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Fórmese cuaderno de antecedentes con la carátula correspondiente y las actuaciones que se generen a partir del presente auto, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues las mismas se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. III. Vinculación al expediente electrónico. Asimismo, con la finalidad de que la superioridad se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso de que se trata, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado le correspondió conocer del presente asunto, se otorgará acceso a este expediente electrónico para su consulta íntegra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. I. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la 1. Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y 2. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Órgano Administrativo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 502/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, según se advierte de la demanda de amparo, se señala como autoridades responsables a la Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de quienes se reclama: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAME; La omisión por parte de las Autoridades señaladas como Responsables, de dar respuesta y notificación de la misma, respecto del escrito realizado por la suscrita el día 19 diecinueve de febrero de 2023 dos mil veintitrés, y enviado vía correo electrónico a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a la dirección electrónica ******, desde mi correo electrónico institucional ********************el 20 veinte de mismo mes y año, por el cual se solicita ".su orientación e intervención a fin de saber de manera oficial qué realmente sucedió y que no conocer cómo es que, de la noche a la mañana n tengo derecho y la oportunidad de continuar con el desempeño labora que me fue encomendado.", respecto de la promoción a una plaza de Directora de Secundaria en el proceso 2022-2023 que participé, en términos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y el Acuerdo que contiene las Disposiciones, Criterios e Indicadores para la Realización del Proceso de Promoción a Funciones Directivas o de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2022-2023." Atento a ello, se tiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con losartículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridades, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el término de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con su ejecución. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así pues, de los preceptos antes reproducidos se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando una persona moral señalada como autoridad responsable no actúe dotada de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, en la cual determinó que, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. La jurisprudencia antes señalada, es consultable en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1089, registro, 161133, cuyo rubro y texto se transcriben: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por otra parte, el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que, para efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuando concurran los elementos siguientes: a) Que el particular señalado como autoridad responsable realice actos equivalentes a los de autoridad, tales como ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que afecten la esfera legal de otro particular; b) Que las funciones del particular estén determinadas por una norma de carácter general; c) Que el acto realizado por un particular, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual; y, d) La existencia de un ente particular que establece una relación de supra a subordinación. Sobre el particular, es aplicable el criterios sustentado en la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, visible en la página 1943, con registro 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Asimismo, la tesis III.4o.C.10 K (10a.), sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, publicada en la página 1828, con registro 2008197, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Luego, con relación a la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características que debe revestir necesariamente los actos que se reclamen en la vía constitucional, pues de faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. En el caso, como se adelantó, la peticionaria de garantías acude al juicio de garantías recriminando de la Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y de la Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la omisión de dar respuesta al escrito por el cual solicitó información en relación a la cancelación del "Nombramiento por Alta Inicial por Promoción como Directora de Plantel de Secundarias Generales, con clave presupuestal ***, para desempeñarme en la Escuela Secundaria "***". Sin embargo, como se advierte de lo transcrito, el acto reclamado al ser laboral la naturaleza existente entre la Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y de la Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la quejosa, como la misma lo indica; es evidente que los actos que se pretenden reprochar a través del juicio de garantías, no constituyen actos de autoridad, sino una controversia surgida de particulares, al situarse ambos en un plano de coordinación, debido a la igualdad que impera entre ellos, con motivo de dicha relación patrón y trabajador. De ahí, que el juicio de amparo resulte improcedente, puesto que la omisión de que se duele por parte de la Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y de la Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, proviene de una relación laboral entre el quejoso y la autoridad a quien se irroga el carácter de responsable, como es el Organismo Público Descentralizado Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, sujeto a un contrato de trabajo, ya que es claro que la omisión de que se duele la quejosa, relativa a no dar respuesta sobre el motivo de la promoción laboral a que dice la quejosa haber obtenido derecho, la misma no obra como autoridad sino como patrón. Es decir, la Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y de la Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, no ejercieron funciones que jurídicamente encuadren en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo para considerar que les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de garantías, ya que dicho acto lo realizó en su carácter de patrón del trabajador, dado el vínculo que los une, al ocupar la parte quejosa el puesto Profesora de Enseñanza Secundaria Foránea, según refiere, por lo que carecen de imperio y facultad de decisión. En todo caso, las autoridades responsables tendrían el deber de respetar lo pactado entre aquéllas y la quejosa al momento en que surgió la relación laboral, y las controversias surgidas a raíz de ello, se dirimen por el derecho burocrático, no por el juicio de control constitucional. Es aplicable la tesis aislada 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Asimismo, es aplicable la tesis aislada XX. 311 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 239, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ORGANOS DEL ESTADO. CUANDO DE MANERA IMPERATIVA, UNILATERAL Y COERCITIVA AFECTAN AL GOBERNADO. ACTUAN COMO AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Los órganos del Estado actúan como autoridad para los efectos del juicio de amparo, en las relaciones de supra-subordinación, porque es ahí, cuando de manera imperativa, unilateral y coercitiva deciden afectar al gobernado en determinado sentido; por tanto, cuando esos órganos solamente participan en un plano de igualdad, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, semejante al proceder de un particular, no tienen carácter de autoridad para los efectos ya citados". A manera de colofón, la concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, si los actos reclamados a la Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y de la Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, consisten en no dar respuesta sobre el motivo de la negativa a la promoción laboral a que dice la quejosa haber obtenido derecho, las mismas no obran como autoridades sino como patrón, resulta diáfano el vínculo laboral que los une, por lo que, cualquier acto realizado por esas autoridades, deriva de esa relación, no así, de una violación a las garantías individuales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esa vulneración únicamente la puede sufrir el gobernado por parte de una autoridad, actuando ambos en un plano de supra a subordinación, lo que no ocurre en la especie, dado que no se está en el caso de actos derivados entre dichas autoridades y el quejoso derivados de una relación de ese tipo, sino de coordinación, y entonces, al constituir un conflicto entre particulares que, deberá ser dirimido ante los tribunales ordinarios, conforme a lo estatuido en el derecho burocrático. Apoya lo anterior la jurisprudencia Tesis: XXII.A.T. J/1 L (10a.), Materia(s): Común, Laboral, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 689, con Registro digital: 2021718, bajo el rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE PREJUBILACIÓN, PREPENSIÓN, JUBILACIÓN O PENSIÓN, POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR O SU EQUIVALENTE DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL, MUNICIPIOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO Y LAS CORRESPONDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE QUERÉTARO." Ello es así, en razón de que la omisión de dar respuesta a la solicitud de información respecto al motivo por el cual se negó al promoción laboral que aduce la quejosa, no se encuentra en los supuestos de la jurisprudencia que antecede, esto es, no resulta ser una negativa respecto a un trámite a la solicitud de prejubilación, prepensión, jubilación o pensión, emitida por la oficialía mayor o su equivalente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, Municipios, entidades de la administración pública paraestatal del Estado y las correspondientes de los Municipios, con base en sus facultades previstas en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. Cuestiones anteriores, que sí constituirían actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al encontrar el origen de dicha relación en la ley, lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de potestad, lo que en el caso no acontece, y en consecuencia, no se encuentra en el supuesto previsto por el artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis aislada I.13o.A.29 K sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1620, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad". En consecuencia, como ya se mencionó, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de garantías, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, Fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, resulta oportuno precisar que de los antecedentes precisados por la quejosa, se advierte: "[.] El 27 veintisiete de febrero de 2023 dos mil veintitrés, fui informada vía correo electrónico, mediante comunicación enviada a mi dirección ********************desde la dirección ******************** del oficio dirigido a ********************, Jefa del Departamento de Selección de Personal en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, por ********************, Directora de Implementación de Incentivos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, señalando textualmente "Por Instrucciones superiores y en atención al escrito de la docente ******************** dirigido a la C. Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ********************, adjunto Oficio número ********************[.]; por tanto, se tiene que contrario a lo argumentado por la impetrante de garantías, no se encuentra en el supuesto de que se le irrogue un perjuicio al principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, revistiéndolo de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario y en consecuencia, la presente demanda pueda ser admitida en la vía constitucional. Ello es así, en razón de que el agravio personal y directo debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos de una persona, en especial a través de una resolución o determinación de carácter judicial emitida por una autoridad, y siendo que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la existencia de un agravio personal y directo que el peticionario de amparo, resienta en su esfera jurídica como consecuencia de un acto de autoridad; así tenemos, que para que proceda el juicio de amparo es un requisito sine qua non, que los impetrantes resientan un agravio personal y directo a sus derechos pertenecientes a la esfera jurídica de protección constitucional. Así, los agravios que los actos reclamados causen al quejoso, debe ser actual, o que por estar en una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que les causará dicha afectación, ello en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes: 199-204, Primera Parte, página 135, Séptima Época, con número de registro 232192, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Cuestiones que en el caso, no acontecen, sin que lo anterior desatienda lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10ª.), de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", pues no se está en el supuesto ahí analizado, ya que, en el caso concreto, existe diversa jurisprudencia de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que estableció las universidades privadas no tienen carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, respecto de actos como los reclamados en la demanda que se atiende. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía a las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a,/J. 2/2019 (10a.), registro 2019230, visible en la página 1008, Libro 63, Febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se transcriben: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y en términos restringidos a la diversa persona por no contar con el registro de la misma. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serl VII. Se autoriza consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************" registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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