Ma. Teresa Jaime Martínez

Expediente 9/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
9/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. Teresa Jaime Martínez
  • René Hernández Solís

Actuaciones

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Visto el oficio del Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, en tiempo se le tiene realizando las manifestaciones que a su parte corresponden en relación a la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad promovida por la parte quejosa. -Delegados y domicilio- Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad denunciada, a los profesionistas que designa, y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto.(I)

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Vista la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por René Hernández Solís, contra actos del Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo, anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 9/2019-I. - CONSIDERACIONES PRELIMINARES - Del escrito de cuenta se advierte que la promovente formula denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. En razón de lo anterior, a efecto de identificar la materia de reclamo, a fin de estar en condiciones de pronunciarse respecto a la admisión de la indicada denuncia, se considera conveniente efectuar algunas precisiones al respecto de dicha figura procesal, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional y la Ley de Amparo. La declaratoria general de inconstitucionalidad, puede ser entendida en términos generales como la determinación del alto tribunal de que una norma es inválida a la luz de los preceptos constitucionales, que tiene por objeto expulsarla del sistema jurídico y, por lo tanto, beneficia a todas las personas. Éste ejercicio, se efectúa a través de tres herramientas legales: 1) Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, contemplada en los artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo; 2) Controversia Constitucional, consagrada en la fracción I del artículo 105 Constitucional y numerales 10 a 45 de la respectiva ley reglamentaria; y, 3) Acción de Inconstitucionalidad, establecida en la fracción II del Artículo 105 del Pacto Federal, así como los preceptos legales 59 a 73 de su respectiva ley reglamentaria. La primera de ellas, acorde con los previsto en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo; procede en casos de jurisprudencia por reiteración derivada de amparos indirectos en revisión, que declare la inconstitucionalidad de una norma general, con la restricción de que no aplica en materia tributaria ni tiene efectos retroactivos salvo en materia penal; por lo demás es obligatoria, tiene efectos generales y debe contener a) fecha de inicio de efectos, b) alcances y c) condiciones. Para que se emita ésta se deben colmar ciertos supuestos, como lo son; una vez que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revisar un amparo indirecto en revisión resuelven la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva en una o distintas sesiones; o bien establezcan jurisprudencia por reiteración en la que se determine la inconstitucionalidad de ese precepto, inician el procedimiento de la declaratoria notificándolo al órgano emisor de la norma para que dentro del plazo de noventa días naturales modifique o derogue la norma declarada inconstitucional; de no actuar en ese sentido la consecuencia será que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la Declaratoria General de Inconstitucionalidad siempre que haya sido aprobada por mayoría de ocho votos. En segundo término, como se anticipó, la inconstitucionalidad de una norma también puede ser decretada mediante la controversia constitucional. Por lo que hace a esta figura, la fracción I, penúltimo párrafo del artículo 105 de la Carta Magna establece que siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o "en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores", y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos, en todos los demás casos solamente tendrán efectos entre las partes. En cuanto a la Acción de Inconstitucionalidad, tercer supuesto indicado, procede contra normas generales siempre que puedan ser contrarios a la Constitución; y las sentencias emitidas en estos procedimientos surten efectos generales cuando al menos ocho ministros hayan votado por declarar la invalidez de la norma general o tratado impugnado. Del análisis de estas figuras se puede concluir que aunque difieren en cuanto a supuestos de procedencia, órganos legitimados para denunciarlas y las mecánicas de sustanciación, tienen en común, como se anticipó, el análisis abstracto de una norma y su expulsión del sistema jurídico; pues desde el momento en el que se emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, la norma general deja de tener vigencia o eficacia sobre los particulares y por lo tanto su aplicación legitima, entre otros, al afectado a hacer la denuncia respectiva. Así, la herramienta que es relevante para este caso, es la declaratoria general de inconstitucionalidad derivada de una Acción de Inconstitucionalidad. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 72, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 210 de la Ley de Amparo, los cuales respectivamente disponen: "ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ** Énfasis agregado. Por tanto, a fin de admitir a trámite una denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, debe constatarse: a) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, sea en sentido estricto, derivada de una Controversia Constitucional o de una Acción de Inconstitucionalidad, en los términos y con las condiciones legales expuestas; b) que la citada declaratoria haya entrado en vigor o surtido sus efectos; y c) que quien formula la denuncia por incumplimiento se encuentre legitimado para ello. De esa forma, procederá sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo a fin de determinar si las autoridades denunciadas, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad o de la fecha en que la misma surtió sus efectos, aplicaron la norma jurídica invalidada. - ADMISIÓN A TRÁMITE - Conforme a las anteriores premisas, en el particular caso, constituye un hecho notorio para este juzgador que en la acción de inconstitucionalidad 15/2019 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la regulación legal del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en el Estado de Aguascalientes, resolvió: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes , para el ejercicio Fiscal 2019, 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes , 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos , 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3 , 4, 5 y 6 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús maría, 32, párrafos segundo, quinto y sexto, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, 64 y 72, numerales 7 y 11de la de la Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Rincón de Romos, 48 y 49 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, 22 y 36, fracción IX, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia y 36 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del apartado VI, temas I y II, de esta decisión. TERCERO. Se declara la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 15, fracción VI, de la de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos del municipio de Calvillo, 51, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos de San José de Gracia y transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como los artículos 138 Bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 72 D de la Ley de Hacienda del Municipio de Calvillo, 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga y 122 D de la Ley de Hacienda de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VI, parte final, de esta determinación. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo precisados en apartado VI, parte final de esta ejecutoria. De la misma resolución se advierte, por lo que hace a los efectos de la declaratoria de invalidez, el Máximo Tribunal del País estableció que, al recaer la declaratoria sobre disposiciones generales de vigencia anual, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes quedaba vinculado en lo futuro, a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en las leyes de hacienda estatales o en las leyes de ingresos de los municipios de esta entidad federativa. El Pleno de la Corte determinó que la declaratoria de invalidez de las normas indicadas surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes, lo cual aconteció el pasado tres de octubre del año dos mil diecinueve; esto último con motivo de la comunicación oficial formada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con número de orden 100/2019, respecto de la que obra publicación en las listas de acuerdos publicadas en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha tres de octubre del año en curso, lo que se corrobora con la consulta al vínculo electrónico de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Pleno/Paginas/DeclaracionInvalidez.aspx; por tanto, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, a partir de la notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes, éste y todas las autoridades que intervienen en el proceso de creación de leyes en la entidad, están obligadas a prescindir de legislar incurriendo en los vicios de inconstitucionalidad detectados por la Suprema Corte de Justicia respecto al "derecho" de alumbrado público, además que conforme a la declaratoria de invalidez de las normas relativas a las leyes de hacienda y de ingresos del Estado de Aguascalientes, todos los actos de aplicación (cobro del DAP) que se sustenten en dichas normas igualmente carecen de validez; y, en consecuencia, de reiterarse la aplicación de dichas normas por las autoridades estatales y municipales del Estado de Aguascalientes, procede la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En atención a lo anterior, en el caso a estudio la parte denunciante René Hernández Solís, sustentan su pretensión con motivo del cobro de derecho de alumbrado público, en un domicilio del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, por lo que hace al servicio número. con fecha de facturación veinte de septiembre a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, es probable que opere la aplicación de las consecuencias de invalidez determinadas en la acción de inconstitucionalidad 15/2019, donde fueron materia de la misma, los artículos 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y 138 Bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes; por lo que se considera, en principio, legitimada para efectuar la indicada denuncia, pues es quien se dice afectada con motivo de la aplicación de la norma invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, con fundamento en el precepto 210 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. -VISTA A LAS PARTES- Por tanto, de conformidad con el artículo 210, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con copia de la denuncia exhibida, dese vista a la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, que fue señalada como autoridad denunciada por el promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente a la recepción del presente acuerdo, exponga por escrito lo que a su derecho convenga. Apercibida que una vez transcurrido dicho plazo, con o sin su manifestación, ésta autoridad dentro de los tres días siguientes, dictará la resolución correspondiente; en los términos del invocado numeral 210, fracción I, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. -INTERVENCIÓN A MINISTERIO PÚBLICO- Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con la copia de la denuncia. -PRUEBAS- Se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se exhiben con la demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para tomarse en cuenta en la resolución que se emita. Respecto a la prueba que se ofrece como hecho notorio, consistente en la notificación de la acción de inconstitucionalidad 15/2019, deriva del expediente 1444/2019-IV-4 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes; con fundamento en lo que dispone el numeral 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, no ha lugar a admitir dicha prueba, en razón de que la fecha de notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes de la acción respectiva, no es un hecho controvertido en la presente denuncia, ya que como se adelantó en líneas que anteceden, fue notificada el tres de octubre de dos mil diecinueve. -DOMICILIO- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. -AUTORIZADOS- Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Carvajal Valdés, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES - Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -TRANSPARENCIA- Con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Finalmente, se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de esta denuncia (I)

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VIII)

  4. Principal

    Notifíquese por exhorto a la parte quejosa. (VIII)

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