Ma. Teresa Elías Calzada
Expediente 1265/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Teresa Elías Calzada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
La licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, certifica: Que tras una revisión del expediente en el que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito, sobre el cual se tenga que proveer su destino. Que no existen tomos de prueba o constancias que devolver a las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. La Secretaria. Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. En veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, da cuenta a la Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la vista otorgada a las partes con el cumplimiento realizado por la autoridad responsable en proveído de diez de enero de la anualidad actual. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha hayan realizado exposición alguna. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, esta Juzgadora procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Ma. Teresa Elías Calzada, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, realizara lo siguiente: ".1. Diera respuesta a la solicitud de la quejosa, que realizó mediante petición elaborada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, y; 2. hiciera del conocimiento a la parte quejosa la respuesta recaída a su petición. Consecuentemente, con fecha dieciocho de los actuales, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, sin que fuera necesario requerir a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, para que diera cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, toda vez que como se advierte de autos ésta acató el fallo protector antes de que causara ejecutoria la sentencia concesoria (fojas 44 a 50). Razón por la cual, remitió a este órgano de control constitucional la respuesta recaída al escrito presentado por la quejosa en fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la cual le fue notificada el cuatro de los actuales en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva. (Foja 45). Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. De lo allegado, se desprende que a fin de dar cumplimiento al fallo dictado en el presente expediente, la autoridad responsable, realizó lo siguiente: Dio respuesta con total libertad al escrito que le presentó en su oportunidad la quejosa el cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, le notificó la respuesta recaída a su ocurso de mérito, en el domicilio que señaló ésta para tal efecto. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, se advierte que dio cabal cumplimiento a la sentencia amparatoria dictada en el presente juicio; toda vez que atendió a todos los lineamientos descritos en el fallo protector, esto es, dio respuesta por escrito a la parte quejosa Ma. Teresa Elías Calzada, respecto de la petición que formuló el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; notificándole dicha determinación a ella misma el cuatro de los actuales en el domicilio que señaló para tal efecto, según se advierte de la constancia de notificación respectiva. (foja 45). Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Finalmente, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. DEY_____ SISE_____ Para efectos administrativos se precisa, Cumple autoridad: 09 de enero de 2017. Recepción oficio: 09 de enero de 2017
- Principal
EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO La licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; asimismo no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su devolución. Que no existen tomos de prueba por devolver a alguna de las demás partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria. Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. En la misma fecha, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. VINCULACIÓN DE AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, queda vinculado por razón de sus funciones a realizar todos los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en el entendido que estará sujeto a las mismas responsabilidades a que alude la Ley de Amparo en caso de incumplimiento, entre las que se encuentra aquélla de corte penal que más adelante se precisará. ACUERDA RESERVA DE OFICIO. Ahora bien, considerando que mediante proveído que antecede se reservó acordar lo conducente respecto del oficio remitido por la citada autoridad, hasta en tanto causa ejecutoria el presente sumario, circunstancia que ya aconteció, por tanto se provee: Esta autoridad federal estima innecesario requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, toda vez que como se advierte del oficio que obra agregado en el sumario en proveído de diez de enero de la anualidad que transcurre, se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexó las constancias relativas para acreditar tal extremo; mismas que serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y documentales de referencia, a efecto de que en el término de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado, a menos de que se estime que deba ser así en función directa de la oposición expresa que se suscite en ejercicio del derecho de réplica aquí otorgado, pues tal manifestación revelará por sí misma la trascendencia que tiene para la parte inconforme dando pauta para que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, este tribunal determine que deba practicarse de manera personal a fin de que tenga efectivo conocimiento de la resolución y haga valer en su caso el recurso que corresponda, pues en la ley de la materia no se establece de manera expresa que deba ser así. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados, ni se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Dey_____* SISE______
- Principal
En diez de enero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el folio 359 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil diecisiete. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por conducto de su apoderada legal Claudia Ivonne Núñez Montañez, por el que manifiesta que da cumplimiento a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa y para ello adjunta las constancias con las que acredita su actuar; sin embargo, toda vez que la aludida determinación no ha adquirido firmeza, una vez que ocurra tal circunstancia, acuérdese lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Ángeles
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1265/2016; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas Ma. Teresa Elías Calzada, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable: Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas. Acto Reclamado: "La omisión de acordar y resolver sobre mi escrito de solicitud de mi pensión que venía disfrutando, la cual me retiraron de una manera arbitraria y sin que mediara un procedimiento ni me dieran explicación alguna, presentado el día cuatro de octubre de dos mil dieciséis, ya que a la fecha no he recibido notificación alguna que informe sobre dicha petición". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 8 constitucional. SEGUNDO. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya Titular mediante proveído de cinco de diciembre del presente año, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1265/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y certeza del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La omisión de dar respuesta a la petición realizada respecto a la pensión de que disfrutaba, la cual le fue retirada sin mediar procedimiento alguno. TERCERO. Certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas, a través de su apoderada legal, al rendir su informe justificado reconoció el acto reclamado señalado por la solicitante del amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a través de su apoderada legal, manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón a que una vez transcurrido el término que establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la omisión que reclama la quejosa es impugnable vía jurisdiccional, a través del juicio de nulidad promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según lo establece el artículo 14 fracción VI de la Ley Orgánica del citado órgano jurisdiccional. Resulta infundada la mencionada causal de improcedencia, toda vez que el acto que se le atribuye es la violación al derecho humano de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier autoridad (incluyendo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Así pues, la litis a que se contrae el presente juicio de amparo lo es la tutela constitucional del derecho de petición, mismo que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; pues el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8 constitucional, precepto que como ya dijo, obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de ahí que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales. Sustenta lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. DERECHO DE. SU PROTECCIÓN DIRECTA POR LA CONSTITUCIÓN EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. No es procedente sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la Protección Constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata". QUINTO. Litis constitucional. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". De la lectura íntegra del capítulo de conceptos de violación de su escrito de demanda, se advierte que la quejosa Ma. Teresa Elías Calzada, reclama del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no ha dado respuesta a la solicitud que le fue realizada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, y a la fecha de presentación de la demanda no ha dictado acuerdo alguno respecto a dicha solicitud, muchos menos notificación que demuestre se haya resuelto tal petición, no obstante que debería hacerlo en un breve término. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación en que se aduce que se viola en su perjuicio el artículo 8° constitucional, en virtud de que no ha dado respuesta a la solicitud que le fue realizada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, y a la fecha de presentación de la demanda no ha dictado acuerdo alguno respecto a dicha solicitud, muchos menos notificación que demuestre se haya resuelto tal petición, no obstante que debería hacerlo en un breve término. En efecto, de autos se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional vulnera la garantía prevista en el artículo 8 constitucional, porque la autoridad responsable no ha dado respuesta a la solicitud que le fue formulada por la quejosa mediante escrito de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Ahora bien, a fin de evidenciar la violación constitucional aquí destacada, es pertinente tomar en consideración el imperativo contenido en el artículo 8 de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. (.)." El precepto constitucional transcrito, consagra la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que impone la obligación a las autoridades (funcionarios y empleados públicos), a quienes se dirija la petición correspondiente, contestarla mediante acuerdo por escrito y dar a conocer la respuesta en breve término al peticionario. Así las cosas, de lo antes expuesto, se logran evidenciar los siguientes requisitos para que se cumpla con el derecho de petición y que son: 1. La presentación de una solicitud por escrito o verbal ante una autoridad, en forma pacífica y respetuosa; 2. Que en tal solicitud se pida algo, es decir, que la petición elevada a la autoridad contenga la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que la peticionaria estima tener derecho o que la autoridad se pronuncie sobre determinada situación que corresponda a su competencia; 3. Que a tal petición deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado; y 4. Que la respuesta al derecho de petición deberá ser notificada al peticionario, lo cual deberá quedar debidamente probado por la autoridad ante quien se presentó la solicitud. Asimismo, es importante destacar, que el breve término es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Luego, si el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, manifiesta haber sido omisa en dar respuesta la petición en comento, aun cuando refiere encontrarse en tiempo y forma para hacerlo, es incuestionable, que dicha autoridad transgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° constitucional, pues a pesar de que la quejosa realizó su petición por medio de la solicitud elaborada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, tal y como se advierte de la copia fotostática que obra a fojas cuatro y siete de autos; la responsable no ha dado contestación a la misma, en los términos que prescribe el citado precepto de la Carta Magna, no obstante que ya transcurrió un término racional en que pueda estudiarse la petición y acordarse desde que se formuló dicha solicitud; ante la omisión de dar respuesta en breve término, es inconcuso que se vulneró el artículo 8 constitucional, violentando con ello la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que consagra el citado artículo 8 Constitucional, en perjuicio de la quejosa. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, de inmediato, de respuesta a la solicitud de la quejosa, que realizó mediante petición elaborada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis y la haga de su conocimiento, restituyéndola así en el goce de la garantía individual aquí considerada transgredida, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el entendido que la presente concesión no obliga a la autoridad responsable a resolver la solicitud en determinado sentido, sino a responder de manera congruente a la petición elevada. Es aplicable al caso, las tesis cuya voz y texto son: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. - El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Teresa Elías Calzada, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de diciembre de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
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