Ma. Teresa Barragán Aguilar
Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ma. Teresa Barragán Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Colima, Colima, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, último párrafo, 27, 28 y 29, del citado acuerdo En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la secretaria en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general referido, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido tal y como se establece en el penúltimo párrafo del citado artículo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 547/2020-III, promovido por * *, por su propio derecho, contra los actos del Juez Primero de lo Familiar de Colima, Colima, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Ma. Teresa Barragán Aguilar, por su propio derecho (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que en seguida se precisan: "AUTORIDAD RESPONSABLE: - JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR CON SEDE EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL. ACTO RECLAMADO:- POR NO HABERSE PRONUNCIADO SOBRE LA APELACIÓN QUE INTERPUESE CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE HICE VALER EN CONTRA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, EN LA CUAL EXPUSE LOS SIGUIENTES HECHOS". SEGUNDO. Admisión, trámite y ampliación de demanda. Previo requerimiento, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 547/2020-III; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral de los escritos de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de la autoridad responsable de proveer el recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio número 20-0142-115. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, tesis: P./J. 40/2000, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado por los motivos siguientes. Del contenido del informe justificado se advierte que la autoridad responsable el trece de marzo de dos mil veinte, proveyó lo conducente en cuanto al escrito de apelación contra el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, pues para tal efecto le señala que el citado acuerdo había quedado firme en virtud de que no fue combatido dentro de los términos que la legislación señala para tal efecto; y, ordenó su notificación, la cual se materializó mediante lista de acuerdos de dieciocho de mayo siguiente. Tal circunstancia se corrobora con las copias certificadas del expediente judicial 20-0142-115, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro 394182; que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior se acredita que el acto aquí analizado no existía a la fecha de presentación de la demanda [diecisiete de septiembre de dos mil veinte], pues la autoridad proveyó lo conducente al recurso de apelación interpuesto contra del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, sin que la parte quejosa ofreciera probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dicho informe; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en el este juicio de amparo, con fundamente en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, en el presente asunto procede decretar el sobreseimiento en el este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis 133 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Octava Época, Registro: 1002199, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección -Improcedencia y sobreseimiento, Página: 156, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa * * , contra los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de Colima, Colima; en los términos precisados en el considerando tercero de la presente resolución.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el documento de cuenta a través del cual la autoridad responsable cumple el requerimiento efectuado en autos y remite las constancias solicitadas. Por tanto, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la autoridad responsable, misma que se considerará al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, de acuerdo a los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia; sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable cumple con el requerimiento efectuado en autos y remite las constancias requeridas. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable que fueron requeridas por este órgano jurisdicción, se advierte que anexa auto de trece de marzo de dos mil veinte dictado en el juicio 20-142-115F, mismo que en la parte inferior señala que fue notificado por lista, sin embargo, de dicha certificación no se advierte la fecha en que fue notificado el mismo, lo cual fue motivo de requerimiento; por tanto, nuevamente se requiere al Juez Primero Familiar en el Estado de Colima para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el comunicado correspondiente, remita copia certificada de la lista de acuerdos mediante la que se notificó dicho proveído, constancias que deben estar completas y legibles, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En el entendido de que sigue vigente el apercibimiento decretado en autos.
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