Ma. Susana Santiago Lucas
Expediente 1301/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Susana Santiago Lucas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad en cita, por medio del cual acusa de recibido el oficio número 11750, en el que se le remitieron los autos originales del primer y segundo grado 115/2022 y toca - Por otra parte, infórmese a la autoridad oficiante que como de la constancia secretarial que en proveído de cinco de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo directo número 776/2023, promovida por -, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, toda vez que declaró carecer de competencia para conocer el libelo constitucional, señalando como tercero interesada a -; asimismo, con esa misma data este Juzgado Federal desechó por improcedente la demanda de garantías planteada; por tanto, infórmesele que este órgano jurisdiccional desconoce si existe la demanda de amparo directo número V-157/2023, promovida por -, así como el estado procesal de la misma. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Luego, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio signado por la autoridad en cita, mediante el cual remite las constancias que le fueron enviadas por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, de las que se advierte que obra el emplazamiento a la parte tercero interesada Sucesión Intestamentaria a bienes de Mateo Santiago Campos representada por su albacea el Fisco del Estado, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que adjunta el expediente de amparo directo civil número ********************, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho así como los autos originales del juicio ordinario civil número -; de igual manera, la determinación de tres de octubre del año en curso, mediante la cual se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional, al considerar que los actos reclamados no constituyen sentencia definitiva en el juicio de origen, ordenando remitirlo al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad; por tanto, al compartir el criterio adoptado por el Tribunal de Alzada, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Regístrese en el libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número III-1301/2023-L, y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. De análisis de la demanda de garantías y anexos que se acompaña, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada dentro del toca número -, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, en el recurso de apelación interpuesto contra la diversa dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, en el expediente - relativo al juicio ordinario civil que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió ******************** frente a - y sobre nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria que en vía de reconvención ejercitó ésta frente a su contraria y de la sucesión intestamentaria a bienes de - representada por su albacea Fisco del Estado. Por tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." El numeral 107, fracción V, de la Ley de la Materia, refiere que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, se estima que la resolución que la impetrante señala como acto reclamado, en la que la autoridad responsable declaró insubsistente la sentencia impugnada, a efecto de que el juez de primera instancia dicte una nueva donde prescindiendo de lo que argumentó con relación al interés jurídico de la reconventora, con plenitud de jurisdicción, se ocupe de analizar y resolver, lo que en derecho proceda respecto de las acciones principal y reconvencional ejercitadas y las excepciones y defensas opuestas respecto de cada una de ellas, pues aún y cuando se ordenó reponer el procedimiento de origen para el efecto arriba indicado, ello trae como consecuencia que nuevamente el juez de origen se ocupará de analizar el fondo de la acción intentada. Explicado de otro modo, el juez de origen volverá a dictar una nueva resolución, en la que dilucidará la controversia; de ahí que, de ninguna forma la resolución reclamada afecta los derechos fundamentales de la promovente del amparo, pues como se dijo, dicha determinación no es una violación que sea de imposible reparación, en tanto que no se están afectando derechos sustantivos, sino únicamente procesales, por lo que siendo así, y al dictarse la nueva resolución puede obtener fallo favorable y así quedar cualquier violación que genere una afectación en su esfera jurídica, caso contrario podrá alegarlo en la instancia correspondiente. Cobra aplicación, la tesis sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 722, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE CONTRA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento para el efecto de que se provean diversos escritos de las partes, relacionados con la ratificación de la contestación a la demanda y la promoción de un incidente, es un acto que no produce afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales; dicho en otras palabras, las consecuencias de la sentencia reclamada no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto que en virtud de la insubsistencia del fallo de primer grado y de la reposición decretados, algunas actuaciones quedarán sin efecto legal y serán repuestas por otras, lo que es indicativo de que el fallo reclamado sólo produce efectos intraprocesales, ya que no establece el sentido en que el Juez natural habrá de pronunciarse al proveer los escritos". De igual forma, la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, visible en la página 1099, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PARA QUE EL JUEZ DICTE UNA NUEVA SENTENCIA, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, PARTIENDO DE CIERTOS LINEAMIENTOS, YA QUE NO CAUSA UN GRAVAMEN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La interpretación armónica del artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; luego, si una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordena reponer el procedimiento de primera instancia, a efecto de que el Juez, con plenitud de jurisdicción, dicte nueva sentencia, en la que proceda al análisis de la acción y de la excepción, como del acervo probatorio, partiendo de la base de que la actora exhibió el título ejecutivo, resulta que esta determinación en modo alguno tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues no causa al quejoso, parte demandada, un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, ya que aun cuando la decisión de primer grado le fue favorable a sus intereses, resulta que nada obtuvo de inmediato, ni siquiera que se dejara insubsistente el embargo, pues como el recurso de apelación interpuesto por el actor, se admitió en ambos efectos, las cosas quedaron en el estado en que se encontraban, pendiente de la decisión de segundo grado, de ahí que aquella determinación únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales, que en todo caso pueden reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra la sentencia definitiva". Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Téngasele proporcionando el usuario ********************, para recibir todo tipo de notificaciones dentro del presente juicio; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre del usuario antes mencionado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para tales efectos. Finalmente, se tiene por autorizando para tal efecto a los licenciados -, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.
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