Ma. Sonia Salinas González

Expediente 117/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Ma. Sonia Salinas González
  • Vicente Aguiñaga Lopez
  • Fundación Apoteosis Es Vivir Enplenitud, A.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto: el fallo de once de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por Karen Itzel Susano Martínez, en contra de la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emitida por la Presidencia de este Tribunal Federal, que tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo directo; en tal virtud, dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal, además de no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14 y 18, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos de artículo 15 del acuerdo citado; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, del juicio de amparo directo 117/2022 se advierte que en sesión de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Ma. Sonia Salinas González, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente 939/2019. 2. Dicte otra en la que con base en las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, establezca que la parte demandada opuso la excepción de falsedad ideológica, al efecto, analice todas las pruebas aportadas por las partes y realice una valoración racional de las mismas. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva el conflicto, para lo cual, sólo en caso de ser condenatoria la nueva sentencia, deberá reiterar la reducción del interés moratorio pactado en el documento base de la acción, y absolver a la parte quejosa del pago de los gastos y costas. 4. Conforme a los lineamientos trazados en esta ejecutoria deberá valorar que en el primer requerimiento de pago, la demandada reconoció la deuda y la firma del documento base de la acción y resuelva conforme a derecho corresponda." La Jueza Segunda Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo responsable, informó mediante oficio 70/2023, de once de enero de dos mil veintitrés, en el que remitió la nueva resolución de diez de enero del presente año, que en lo medular indica: ".6. Por lo que se ordenó dar cumplimiento cabal y se deja insubsistente la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, motivo por el cual hoy se pronuncia sentencia definitiva en base a los siguientes: CONSIDERANDOS .Así las cosas ha quedado acreditado que la actora ejercitó su acción cambiaria directa prevista por el artículo 150 fracción II en relación a los diversos 151, 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud de que la demandada no ha pagado el título de crédito que dice suscribió a favor de la parte actora y que dicho documento es de plazo vencido; por lo que corresponde a la parte demandada acreditar que se ha liberado la obligación mercantil contraída y de las actuaciones del presente juicio, la cual hace prueba plena de acuerdo con lo previsto por el artículo 1294 del Código de Comercio; así las cosas, se desprende que la parte demandada MA. SONIA SALINAS GONZÁLEZ, opuso las siguientes excepciones y defensas: '.Al respecto es de señalar que claramente se observa que el documento no fue llenado por esta parte demandada, la actora si bien no está obligada a expresar la causa generadora, no exhibe elemento de prueba alguna de la que se pueda deducir la existencia de la obligación a mi cargo, además no existe ninguna relación jurídica que haga posible vincular el patrimonio de la actora a esta parte demandada, pues la cantidad que fijó la actora discrecional y arbitrariamente en el documento base de la acción no fue recibida por esta demandada, pues se insiste, no existió ninguna transferencia o entrega de dinero a mi persona, a contrario sensu, una cantidad de tal magnitud al ser entregada o transferida por la circunstancia que fuere, debía ser soportada con algún medio de seguridad de pago, como lo es el simple llenado por el signatario, por ser él quien a través de su firma avala la obligación de pago a que se constriñe y/o el negocio subyacente del que deriva la operación.' Excepción que a continuación analizaremos: En principio, se toma como punto de partida que la demandada hace valer la excepción consistente en que cuando firmó el documento base de la acción (hecho no discutido) el pagaré se encontraba en blanco, pero además, que no recibió el importe en él asentado en cuanto dicha cambial, está vinculada con un crédito grupal respecto del que se le asignó una cantidad menor. Así tenemos, el DESARROLLO DE LA FALSEDAD IDEOLÓGICA, excepción que se encuentra implícitamente comprendida en el artículo 8°, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual dispone: (Transcribe). De lo anterior se advierte que contra las acciones derivadas de un título de crédito pueden oponerse como excepciones y defensas, entre otras, la de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten. Ahora bien, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la falsedad ideológica puede ser descrita como un acto voluntario de las partes de hacer constar en un título de crédito algo que en realidad no sucedió. Apoya a lo anterior la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 163-168, Cuarta Parte, página 117, Séptima Época, Materia (s): Civil, registro 240521, de rubro y texto siguientes: 'TÍTULOS DE CRÉDITO, FALSEDAD IDEOLÓGICA O SUBJETIVA EN LOS.' (Transcribe). La falsedad ideológica se encuentra, entonces, en un acto exteriormente verdadero, como podría ser un documento que no es falso en sus condiciones esenciales, pero si son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas, resultando un documento auténtico en su forma pero falso en su contenido. Es decir, un título de crédito puede ser auténtico en su configuración material, pero es factible que el acto cambiario en él consignado, en realidad, no haya existido o lo haya hecho de una forma diversa a la contenida en el propio documento, por tanto, la falsedad no proviene de su materialidad sino de la idea de que el acto jurídico literalmente asentado en el mismo se celebró, último aspecto sobre el que recae la excepción que cuestiona la existencia de ese origen, y que desde luego, debe ser acreditada por quien la opone. De lo anterior, y en el escenario del estudio del caso concreto, tenemos que de acuerdo con los principios generales de la prueba, previstos por los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar, pero también está obligado a probar el que niega cuento al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante, al efecto, más que una obligación debe entenderse como una carga. La pare actora en el juicio mercantil de origen, apoya su pretensión en el título que conforme a la ley que rige su circulación, tienen el carácter de ejecutivo y constituye prueba preconstituida de la acción ejercida en juicio; es decir, es elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena. De ahí que si la parte demandada opone excepciones tendentes a destruir la eficacia del título, es a ella y no a la actora, a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el artículo 1194 de la Legislación mercantil invocada, consistente en que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de sus excepciones o defensas; ello, con apoyo en el artículo 1196 de esa codificación, en el orden de que el demandado es el obligado a probar sus defensas. En esta secuencia de ideas, la dilación probatoria que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para que la parte demandada acredite sus excepciones o defensas y, además para que el actor destruya las excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número VI.2º.C. J/182, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, en la página 902, Registro 192075, de rubro y texto siguientes: TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.' (Transcribe). Ahora bien, de conformidad con los artículos 5, 17, 38, 150 fracción II y 151 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la acción cambiaria se ejercita en caso de falta de pago total o parcial del pagaré acompañado a la demanda, siendo directa cuando se deduce en contra del aceptante y avales, bastando a su titular la tenencia y presentación del documento para acreditar la existencia del crédito como de su propiedad o en su caso de que hubiere endosos, su legitimación, siempre que justifique su derecho mediante una serie no interrumpida de éstos y la falta de pago. En este contorno jurídico-conceptual, en la especie, se advierte que en el escrito de contestación a la demanda la ahora disconforme manifestó lo siguiente: (Transcribe). Este escenario conduce a considerar que, tomando en cuenta de manera razonable y natural las manifestaciones de la demandada al contestar la demanda así como la intención plasmada en la audiencia para el desahogo de alegatos, se colige que la parte demandada opuso la excepción de falsedad ideológica del documento base de la acción, prevista en la fracción VI, del artículo 8° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que aun cuando dicha enjuiciada, ahora quejosa, no la invocó con la denominación semántica o jurídicamente técnica, lo cierto es que los hechos que externó en su defensa encuadran en esa excepción, al interpretarse de su versión que lo hecho constar en la cambial base de la acción, no existió en la realidad de la forma en que ese documento informa literalmente. Apoya a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, página 362, Quinta Época, Materia (s): Común, registro 347069 de rubro y texto siguientes: 'EXCEPCIONES.' (Transcribe). También, es aplicable por las consideraciones que la rigen, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVIII, página 1064, Quinta Época, Materia (s): Civil, registro 342887, de rubro y texto siguientes: 'ACCIONES Y EXCEPCIONES, ERROR EN LA DENOMINACIÓN DE LAS (PERSONALIDAD, EXCEPCIÓN DE FALTA DE).' (Transcribe). En efecto, la postura defensiva de la ahora quejosa consistió básicamente en referir que si bien firmó un pagaré, lo cierto es que su firma fue plasmada cuando el documento se encontraba en blanco, el cual tenía como finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación crediticia intrínsecamente vinculada en ese acto cambiario, consignada en el contrato grupal otorgado por el Banco Compartamos el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, por la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N.), por lo que no se le entregó la cantidad de $495,000.00 (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Ahora bien, para acreditar tal defensa, la disconforme ofreció como medios de prueba la confesional a cargo de Karen Itzel Susano Martínez (desahogada el diecisiete de febrero de dos mil veinte), la cual nada aporta al respecto, pues la actora nunca reconoció en la misma los hechos de la demanda. La testimonial a cargo de Alma Delia Reyes Escalante y Juan Reyes Vigueras Márquez (desahogada el diecisiete de febrero de dos mil veinte), misma que es infructuosa sobre el particular, pues del análisis libre, conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, se obtiene que los atestes nunca declararon sobre los hechos que ahora nos ocupan, concretamente, refirieron sobre la existencia de ciertas relaciones crediticias en torno a las partes, mas no afirmaron que el pagaré base de la pretensión derive de un crédito que de cualquier modo la demandada ya habría pagado. Así como el expediente administrativo abierto con motivo del crédito grupal número de cuenta 1003203016 del ciclo 17, del Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple; mismo que adquiere especial relevancia probatoria el expediente administrativo abierto con motivo del crédito grupal número de cuenta 1003203016 del ciclo 17, del Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple, exhibido por la demandada, pues dicho medio probatorio hila la versión defensiva de la quejosa respecto al origen de la deuda adquirida con la sociedad crediticia (fojas setenta y uno a setenta y nueve del expediente de origen). Ello, al advertirse de dicho documento que el referido banco otorgó un crédito grupal por la cantidad de $371,819.70 (trescientos setenta y un mil ochocientos diecinueve pesos 70/100 M.N.) y que otorgó un crédito por la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N.). Asimismo, se advierte que en la cláusula Décima Segunda del contrato de adhesión de crédito simple para el producto denominado 'Crédito Mujer', se estableció la firma de un pagaré a fin de garantizar el crédito otorgado a cada uno de los clientes del crédito grupal que es del tenor siguiente: (Transcribe). De lo anterior, se evidencia que la versión defensiva de la demandada encuentra apoyo en el expediente administrativo ofrecido como prueba en el sumario, de ahí que se tiene por opuesta la excepción de falsedad ideológica por la demandada, y en su análisis razonado, destacamos que se aprecia de la contestación a la demanda que al ejercer la acción y plantear los hechos narrados por la parte actora en la demanda, sólo se alude a la suscripción del documento, lo que en términos de la acción ejecutiva mercantil bastaría para hacer prueba de la existencia de la obligación cambiaria, pero ese escenario queda impactado frente a la versión defensiva de la demandada al refutar la existencia de la obligación en la magnitud contenida en el título de crédito basal sobre un argumento íntimamente vinculado con la existencia de un crédito por determinado monto otorgado a la enjuiciada. Lo anterior implica que corresponde a la demandada demostrar la existencia de la relación jurídica generadora del título base de la acción, para tener por actualizada la defensa que invoca, como puede ser que el acreedor no le hizo entrega del dinero que como promesa incondicional de pago se consigna en el título de crédito, o que no se le entregó la cantidad asentada sino una diversa, y al actor, enervar esas defensas mediante pruebas referidas a las exhibidas por su contrario (no el mismo título), lo que omitió hacer la parte actora y si bien, un título de crédito se desliga del negocio que le dio origen, pero en el caso, no es la validez de esa causa, sino la existencia de la obligación pactada en la cambial, la que queda afectada por la incidencia que ejerza el negocio que le sirva de base, por lo que la causa por la que se otorgó el documento cambiario es relevante en relación con las excepciones causales oponibles. De igual manera ofrece como pruebas la presuncional legal y humana, que goza de valor probatorio pleno, valor probatorio de conformidad con el artículo 1305 del Código de Comercio, de donde se desprende que se acredita que la demandada firmó un pagaré en blanco y que recibió un crédito grupal, del cual de manera particular le correspondió recibir la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N). La instrumental de actuaciones que tiene valor pleno en concordancia con el artículo 1294 del Código de Comercio, con la que se acredita que la demandada firmó un pagaré en blanco y que recibió un crédito grupal, del cual de manera particular le correspondió recibir la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N.). No pasa desapercibido que de autos se desprende que en la primera diligencia de requerimiento de pago la demandada reconoció el adeudo y la firma en el título de crédito base de la acción, lo que implica una confesión expresa, espontánea y sin reservas por parte de la demandada, lo cual se analiza a continuación: A foja catorce del expediente ejecutivo mercantil que nos ocupa, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve el actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional requirió el pago de la deuda a la demandada, quien manifestó lo siguiente: 'y requerido (s) que fue (ron) refiere que: al mostrarle el documento base de la acción que en copia simple se le pone a la vista reconoce el adeudo y la firma que obra en el mismo, con lo que se le requiere de pago, manifestando la parte demandada que no tiene para pagar, con lo que se le requiere de pago.' De lo anterior se advierte que en el requerimiento de pago la demandada reconoció el adeudo y la firma del documento base de la acción, lo cual a la luz de los artículos 1212 y 1235 del Código de Comercio, es una declaración que constituye una confesión ya que se acepta la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a cargo del obligado, sobre todo cuando se realiza de manera espontánea, lisa, llanamente y sin reservas; por ello si el reconocimiento del adeudo se hace en el momento en que la deudora MA. SONIA SALINAS GONZÁLEZ es requerida del pago, tal declaración es precisamente la que implica la confesión, misma que se toma en cuenta y se valora en este acto de acuerdo con las reglas de apreciación de las pruebas y en conjunto con el restante valor probatorio constante en autos; de donde se concluye que lo cierto es que indica un reconocimiento expreso al adeudo y la firma. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Octubre de 1999, página 5, Novena Época, Materias(s): Civil, registro 193192 de rubro y texto siguientes: 'CONFESIÓN JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.' (Transcribe). En este tenor, como ya se ha estipulado, no queda duda de que la demandada reconoce incluso en su contestación a la demanda haber firmado el documento base de la acción, sin embargo, aclara y manifiesta que fue firmado en blanco, por lo que en nada se contrapone con la procedencia de la excepción de falsead ideológica que hemos analizado. Y por otra parte, en cuanto al adeudo, debemos tomar en cuenta que del cúmulo probatorio desahogado y valorado, se ha determinado que el expediente administrativo abierto con motivo del crédito grupal número de cuenta 1003203016 del ciclo 17, del Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple, exhibido por la demandada, es un medio probatorio que hila la versión defensiva de la quejosa respecto al origen de la deuda adquirida con la sociedad crediticia, de igual manera se llegó a la convicción de que de dicho documento se demuestra que el referido banco otorgó un crédito grupal por la cantidad de $371,819.70 (trescientos setenta y un mil ochocientos diecinueve pesos 70/100 M.N.) y que una de las clientas de dicha institución es la demandada a quien se le otorgó un crédito por la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N.), es decir, la cantidad reclamada como suerte principal de $495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) excede en mucho los $371,819.70 (trescientos setenta y un mil ochocientos diecinueve pesos 70/100 M.N.) a que equivale el crédito grupal que otorgó el banco. Lo cual se robustece con el análisis de la cláusula Décima Segunda del contrato de adhesión de crédito simple para el producto denominado "Crédito Mujer", en donde se estableció la firma de un pagaré a fin de garantizar el crédito otorgado a cada uno de los clientes del crédito grupal que es del tenor siguiente: (Transcribe). Así tenemos que si bien la demandada reconoció el adeudo y esto implica una confesión, ello debe entenderse en el contexto analizado respecto a que se otorgó un crédito grupal, y a la demandada únicamente se le entregó por la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N.), que es a la cantidad a la que debe ser condenada a pagar. Sin pasar por alto también que al ejercer la acción y plantear los hechos narrados por la parte actora en la demanda, sólo se alude a la suscripción del documento, lo que en términos de la acción ejecutiva mercantil bastaría para hacer prueba de la existencia de la obligación cambiaria, pero ese escenario queda impactado frente a la versión defensiva de la demandada al refutar la existencia de la obligación en la magnitud contenida en el título de crédito basal sobre un argumento íntimamente vinculado con la existencia de un crédito por determinado monto otorgado a la enjuiciada. Por ello, si bien se trata de una confesión el reconocimiento de firma y adeudo, no trasciende para condenar a la demandada a un pago por la cantidad de $495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), sino concatenado tal reconocimiento con el resto del material probatorio trasciende para condenarla al pago de la cantidad por el monto del crédito que recibió la demandada por la cantidad de $37,093.98 (TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.). En virtud de lo anterior, tenemos que la parte actora KAREN ITZEL SUSANO MARTÍNEZ por conducto de su endosatario en procuración OSVALDO URBAN VIQUEZ, probó parcialmente su acción y la parte demandada MA. SONIA SALINAS GONZÁLEZ acreditó su excepción de falsedad ideológica, en consecuencia, se condena a la parte demandada MA. SONIA SALINAS GONZÁLEZ, a pagar a favor de la parte actora, en un término legal de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, la cantidad de $37,093.98 (TREINTA Y SIÉTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.), por concepto de suerte principal, y para el caso de no efectuar dicho pago en los términos ordenados con el producto de los bienes embargados, páguese al actor las prestaciones reclamadas. IV. PONDERACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO La tasa de interés moratorio pactada resulta usuraria y por tanto que debe ser reducida prudencialmente hasta una magnitud que no importe esa condición; conclusión a la que se llegó al reparar de oficio en dicha cuestión en virtud del deber de toda autoridad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y del deber de toda judicatura de hacer control de la regularidad constitucional, ambos expresamente establecidos en el artículo de la Constitución Federal, que en el particular se traducen en hacer observable el derecho humano reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, según el cual se establece la prohibición de toda forma de explotación humana, como lo es la usura, lo que fuerza a interpretar lo previsto en el párrafo segundo del numeral 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en un sentido que no haga nugatoria el derecho humano antes referido, de modo que sólo es posible aplicar la citada norma mercantil a partir de una interpretación en el sentido de que si bien existe libertad para establecer intereses moratorios en un pagaré, tal facultad está limitada a no incurrir en usura, es decir, a que la acreedora no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la deudora un interés excesivo derivado de un préstamo. La tasa de interés moratorio convenio resulta excesiva en tanto que representa un provecho abusivo para la acreedora en desmedro de la propiedad de la deudora. Esto se obtiene al reparar en las condiciones que se conocen respecto del crédito en cuestión. Sobre lo cual se desconoce cuál es la relación que subyace entre las partes; cuál fue el destino o finalidad del crédito, o si existen elementos subjetivos que implique una condición especial de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor, pues nada de ello trascendió a partir de hechos demostrados, en tanto que la demandada no probó, como ya se dijo, las cuestiones causales que sostuvo. En cambio, se conoce el monto del crédito y el plazo de pago de éste, así como que se trata de un crédito al descubierto, en tanto que nunca se invocaron la existencia de garantías específicas, sino que la acreedora recurrió al embargo concedido para obligaciones quirografarias. En ese sentido, es pertinente acudir como elemento de ponderación al monto de tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a la que nos ocupa, lo cual en el particular resultó ser las relativas a créditos al consumo instrumentados a partir de tarjetas de crédito, en tanto que en uno y otro caso se trata de créditos documentados a través de un pagaré, que no implica necesariamente la existencia de garantías, que tienen como objeto material sumas de dinero y que se otorgan sin precisar un fin específico de aplicación, por lo que resulta asequible emparentar el crédito en cuestión al segmento de los créditos bancarios que se reconocen como créditos al consumo instrumentados mediante tarjetas de crédito en tanto que guarda más semejanza a éstos que a los demás existentes, como los de refacción o avío, la compra o edificación de bienes inmobiliarios y otros créditos al consumo, como los relativos a la adquisición de vehículos automotores o los créditos de nómina, que generalmente suponen plazos de pago más prolongados, la existencia de garantías o la precisión del destino de aplicación del crédito, elementos que no pueden afirmarse en el presente caso con la información disponible. Asimismo, dado que la información disponible sobre la cuestión es escasa, pues, como ya se abundó, no trascendió a la litis los elementos de ponderación pertinentes, lo más conducente es tomar como referencia la tasa de interés efectiva promedio ponderada (TEPP) que difunde el Banco de México en cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pues resulta un indicador que señala las tasas promedio, lo que resulta asequible en tanto que no existen las bases para decidir entre las tasas más discretas o las más onerosas. En ese tenor, tenemos que la TEPP para cuando se suscribió el pagaré, 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, fue de 24.6194% veinticuatro punto seis mil ciento noventa y cuatro por ciento anual, tal y como lo informó el Banco de México para el periodo del 1 uno de enero al 28 veintiocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho. En tanto que los intereses convenidos en el particular importa el 72% setenta y dos por ciento anual, puesto que expresamente se señalaron a razón del 6% seis por ciento mensual, lo cual es notoriamente más alto que la referencia bancaria antes citada, lo cual evidencia su carácter excesivo, pues no es justificable que una persona, como la actora, pueda percibir intereses más altos que una institución bancaria cuyo objeto supone el prestar servicios crediticios de manera regulada, lo que importa la idea de que el cobro de intereses incluye la necesidad de obtener una ganancia y además soportar los gastos de operación y, en ese caso, para satisfacer la regulación a la que está sujeta, cuando la actora en este juicio, hasta donde se conoce, no tiene que enfrentar ninguno de los conceptos que son relativos a entidades reguladas. La anterior consideración se halla asimismo solventada por el hecho de que reparando en la inflación existente entre el mes de suscripción del documento, febrero de 2018 dos mil dieciocho, y el mes en que se reclamó el pago de los intereses moratorios, mayo de 2019 dos mil diecinueve, se halla que, con base en el mismo índice, ésta fue de 4.10% cuatro punto diez por ciento, 0.27% cero punto veintisiete por ciento promedio mensual; todo lo cual abona a la idea de que no es justificable el monto de la tasa de interés moratorio pactado, en tanto que es muy elevado por encima de la inflación y por ende supone una ganancia excesiva, luego que no sólo compensa el aumento de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios por un periodo de tiempo prolongado, sino que se eleva ampliamente respecto de ese índice sin que exista algún elemento que haga justificada esa desproporción, sobre todo, cuando se repara en esto en relación con la referencia del TEPP antes aludida. En las citadas circunstancias, esta judicatura estima correcto reducir la tasa de interés pactada a la misma proporción de la tasa de referencia empleada, TEPP, 24.6194% veinticuatro punto seis mil ciento noventa y cuatro por ciento anual por ciento anual, 2.05% dos punto cero cinco por ciento mensual, ya que resulta la más equitativa con los elementos disponibles, los cuales permiten afirmar que no podría ser superior a la de una institución financiera regulada, a la vez que se desconocen otros factores para poder sostener que debería ser más baja que esta ni qué proporción tendría. V. PAGO DE GASTOS Respecto de la prestación de pago de costas, nominada como de pago de gastos y costas, es debido absolver de ella a la parte demandada, dado que la procedencia de la pretensión fue parcial y por ende las condenas impuestas de una cuantía inferior a la reclamada por la actora, de modo que no se surte lo previsto en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, ni en ningún otro supuesto para ameritar el pago de tal concepto." De la lectura de la anterior transcripción, se considera que la responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este tribunal, porque si bien: 1) Dejó insubsistente la sentencia impugnada de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; 2) Dictó una nueva resolución en la que estableció que la parte actora opuso la excepción de falsedad ideológica, analizó las pruebas aportadas y con base en ello consideró que la demandada Ma. Sonia Salinas González, acreditó la excepción mencionada, condenándola a pagar a la actora en razón de suerte principal, únicamente respecto a la cantidad que aceptó le fue entregada, esto es: (treinta y siete mil noventa y tres pesos con noventa y ocho centavos; 3) Al resultar condenatoria la sentencia, reiteró la reducción de la tasa de los intereses moratorios al veinticuatro punto seis mil ciento noventa y cuatro por ciento anual, lo que se traduce al dos punto cero cinco mensual; 4) Absolvió a la demandada del pago de gastos y costas, dado que la procedencia de la pretensión fue parcial y por ende las condenas impuestas fueron de una cuantía inferior a la declamada por la actora. 5) La responsable valoró además, que si bien la demandada reconoció el adeudo y esto implica una confesión, ello debe entenderse en el contexto analizado respecto a que se otorgó un crédito grupal, y a la demandada únicamente se le entregó por la cantidad de $37,093.98 (treinta y siete mil noventa y tres pesos 98/100 M.N.), que es a la cantidad a la que debe ser condenada a pagar. Sin pasar por alto también que al ejercer la acción y plantear los hechos narrados por la parte actora en la demanda, sólo se alude a la suscripción del documento, lo que en términos de la acción ejecutiva mercantil bastaría para hacer prueba de la existencia de la obligación cambiaria, pero ese escenario queda impactado frente a la versión defensiva de la demandada al refutar la existencia de la obligación en la magnitud contenida en el título de crédito basal sobre un argumento íntimamente vinculado con la existencia de un crédito por determinado monto otorgado a la enjuiciada. Por ello, si bien se trata de una confesión el reconocimiento de firma y adeudo, no trasciende para condenar a la demandada a un pago por la cantidad de $495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), sino concatenado tal reconocimiento con el resto del material probatorio trasciende para condenarla al pago de la cantidad por el monto del crédito que recibió la demandada por la cantidad de $37,093.98 (TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.). Por lo anterior, se concluye que la responsable ha dado cumplimiento total a la ejecutoria, sin excesos ni defectos, en términos del cuarto párrafo del precepto 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, ha transcurrido el plazo de diez días que se dio a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, según se aprecia del auto de doce de enero de dos mil veintitrés, habiendo desahogado la vista la tercera interesada, en lo que aquí interesa manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia al referir, que la responsable incurrió el excesos y defectos en el cumplimiento porque debió considerar que la quejosa no acreditó la excepción de falsedad ideológica ni con las testimoniales desahogadas en el juicio de origen, ni con el expediente administrativo abierto con motivo del crédito grupal. Que la sentencia dictada en cumplimiento es violatoria de del artículo 8 y 25 del pacto de San José de Costa Rica, pues no se emitió conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, pues se viola en su perjuicio el principio de legalidad y seguridad jurídica ya que omitió concederle pleno valor probatorio a la documental pública consistente en la razón actuarial de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Al respecto cabe señalar que tales manifestaciones corresponden a cuestiones de fondo que no son dables de estudiar en este proveído, sino que, en su caso, las debe hacer valer en la vía que estime pertinente, toda vez que en la sentencia concesoria, se dejó libertad de jurisdicción a la responsable para que dictara el nuevo fallo en cumplimiento, por lo que como ya se dijo las cuestiones que ahora manifiesta la tercera interesada no pueden ser analizadas en este momento. Por último, toda vez que el nuevo acto de autoridad de diez de enero de dos mil veintitrés, se ajustó en su totalidad a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los párrafos primero y cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió del diecisiete al treinta de los corrientes, siendo inhábiles en ese lapso los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del año en curso, desahogando la vista otorgada únicamente la tercera interesada ***, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de cuenta, de ***, tercera interesada en el presente asunto, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se le tiene realizando las manifestaciones que indica, con lo cual, desahoga la vista otorgada por auto de doce de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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