Ma. Soledad García Gómez

Expediente 976/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
976/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Soledad García Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las manifestaciones realizadas por los trabajadores sindicalizados de los órganos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la circular 28/2023, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso y, de manera retroactiva, los días dieciséis al dieciocho del mismo mes y año. Bajo ese contexto, durante ese lapso de tiempo, se suspendieron las labores ordinarias de este órgano jurisdiccional, así como los términos en los asuntos radicados en este índice. En consecuencia, se advierte que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la quejosa Ma. Soledad García Gómez, recurriera el auto de cinco de octubre de este año, en el que se desechó su demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Ma. Soledad García Gómez, atenta a su contenido, se tiene cumplida en tiempo la prevención formulada en proveído de veinte de septiembre pasado. En ese sentido, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Del análisis de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la quejosa reclama la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil M821/23, del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, mediante la cual se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que interpuso. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos invocados establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." El acto que reclama la quejosa no es de imposible reparación, pues la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que promovió en los autos del juicio de origen, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que la quejosa obtenga sentencia favorable, por lo que es posible que no produzca perjuicio alguno en su contra. En efecto, las consecuencias de tal acto no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicha resolución sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados si quien se dice afectado obtiene sentencia favorable. Así, los actos procesales únicamente tienen ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, tomo I, junio de dos mil catorce, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2006589, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por tanto, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata. Copias. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídase a la quejosa copia certificada de la presente determinación, previa identificación y recibo que por su entrega conste en autos. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante Víctor Márquez Ávila, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 05 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Ma. Soledad García Gómez, atenta a su contenido, se tiene cumplida en tiempo la prevención formulada en proveído de veinte de septiembre pasado. En ese sentido, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. ... Del análisis de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la quejosa reclama la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil M821/23, del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, mediante la cual se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que interpuso. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos invocados establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... El acto que reclama la quejosa no es de imposible reparación, pues la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que promovió en los autos del juicio de origen, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que la quejosa obtenga sentencia favorable, por lo que es posible que no produzca perjuicio alguno en su contra. En efecto, las consecuencias de tal acto no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicha resolución sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados si quien se dice afectado obtiene sentencia favorable. Así, los actos procesales únicamente tienen ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso. ... Por tanto, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata. Copias. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídase a la quejosa copia certificada de la presente determinación, previa identificación y recibo que por su entrega conste en autos..."

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en auto de veinte de los actuales. En ese sentido, es pertinente precisar que en dicho proveído, se le requirió para lo siguiente: "(.) ÚNICO: Bajo protesta de decir verdad amplíe los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, específicamente indique la naturaleza, prestaciones reclamadas, cuantía, estado procesal, partes materiales y principales actuaciones del juicio 821/2023, del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de este Partido Judicial (del que deriva el acto reclamado), así como la calidad procesal que tiene en dicho asunto y el contenido de la sentencia interlocutoria reclamada, pues fue omisa al respecto. Asimismo, deberá aclarar los antecedentes relativos al embargo de bienes que refiere en sus conceptos de violación. En tanto que en el apartado de "Antecedentes del acto reclamado" de su demanda, únicamente manifestó: "1. La que suscribe con fecha 21 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, se emite un acuerdo donde se aprueba la admisión de mi contestación de demanda aceptándola en todos los términos plateados. 2. Dentro del mismo orden de ideas presente como excepción la de falta de personalidad, actuar que desprende la violación constitucional señalada como acto reclamado. (sic)" De ser posible, podrá exhibir copia del acto reclamado a fin de advertir el contenido de la resolución reclamada. (.)" Sin embargo, no es posible tener cumplida la prevención, pues nuevamente omite ampliar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. En efecto, la quejosa no precisa la siguiente información: a) Las prestaciones reclamadas, cuantía, estado procesal, partes materiales del juicio 821/2023, del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de este Partido Judicial (del que deriva el acto reclamado), así como la calidad procesal que tiene en dicho asunto. b) Los antecedentes relativos al embargo de bienes que refiere en sus conceptos de violación. c) El contenido de la sentencia interlocutoria reclamada. Por tanto, subsiste el subsiste la prevención formulada en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés y el apercibimiento ahí decretado. En consecuencia, se ordena suspender el cómputo del plazo de cinco días que se le otorgó en el auto de mérito. En ese sentido, dígasele a la promovente que le quedan dos días del señalado plazo (pues fue notificada de la prevención el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés y el escrito que se atiende lo presento en el tercer día del plazo concedido, esto es, veintiocho de los actuales), los cuales se computarán a partir de que quede legalmente notificada del presente auto.

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