Ma. Soledad Chavez Acevedo

Expediente 623/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
623/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Ma. Soledad Chavez Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexos que acompaña; en consecuencia, se tiene recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintitrés de agosto del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 183/2018. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Ma. Soledad Chávez Acevedo, en contra del proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 623/2018-VI". Toda vez que a su oficio de cuenta acompaña un tomo en copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, procédase a la destrucción inmediata de éste, en virtud de que sus originales obran agregados en autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el quince de junio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo, y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en ejecutoria de veintitrés de agosto del año en curso, declaró infundado el recurso de queja interpuesto; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de julio de dos mil dieciocho.Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete de junio del año en curso, dictado en los autos del recurso de queja administrativa 183/2018, del que se advierte la admisión del medio de impugnación interpuesto en contra del proveído de quince de junio del año actual dictado en el presente juicio de amparo y acusa recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa Ma. Soledad Chávez Acevedo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto que este Juzgado dictó un proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo antes referida, lo cual aconteció el quince de junio del año en curso y para justificar lo anterior, al efecto se le remiten las constancias correspondientes. En ese tenor, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, remítase a la superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, envíese el original del escrito a través del cual se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios correspondientes, así como copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Ma. Soledad Chávez Acevedo, contra el acto del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 623/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y aclaratorio de la misma, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado el cual consiste en la determinación contenida en el oficio DPSH 024.300.302.6 0360/18, de veintitrés de mayo del año en curso, signado por el Subdelegado de Prestaciones Económicas Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual concluyó que existe compatibilidad de las pensiones por viudez 485709 y jubilación 312078, que recibe la aquí quejosa, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El precepto trascrito consagra el principio de definitividad respecto a actos administrativos, que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa (previsto en una ley formal y material), susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, siempre que el acto reclamado no carezca de fundamentación y no sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasáramos por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, y las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma legal citada también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretarla. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que la ley ordinaria prevea la suspensión de los efectos del acto combatido, con independencia de que éste sea susceptible de suspenderse; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; g) Que no solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; h) Que el recurso o medio de defensa no se encuentre previsto en un reglamento, sino que la ley aplicable contemple su existencia. Precisado lo anterior y de acuerdo a los actos aquí reclamados, se procede a evidenciar que, en el caso, se encuentran reunidos los elementos antes destacados. Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama se atribuye al Delegado Estatal y Subdelegado de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridades evidentemente distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa refiere lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]". Del dispositivo y fracción trascritos se desprende que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra los actos administrativos en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el caso, la quejosa reclama en la presente instancia constitucional la determinación contenida en el oficio DPSH 024.300.302.6 0360/18, de veintitrés de mayo del año en curso, signado por el Subdelegado de Prestaciones Económicas Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual concluyó que existe compatibilidad de las pensiones por viudez 485709 y jubilación 312078, en términos del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta claro que el juicio de nulidad señalado es procedente en su contra para obtener la modificación, revocación o nulidad de dicho acto de ejecución reclamado. Ilustran lo anterior la tesis 2a. X/2003 y la jurisprudencia 2a./J. 115/2007, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, respectivamente tomos XVII y XXVI, Febrero de 2003 y Julio de 2007, páginas 336 y 343, que a la letra dicen: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, se considera que es también imprescriptible la acción por medio de la cual se tutela el estricto cumplimiento de ese derecho, motivo por el que podrá promoverse en cualquier tiempo la demanda en la cual se impugne la resolución definitiva en la que se afirme que se fijó incorrectamente la pensión jubilatoria o la cuota diaria para calcularla, y no en el plazo de 45 días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, porque la norma contenida en el indicado numeral 186 es especial y por ello debe prevalecer sobre la regla general instituida en el precepto citado. De lo anterior es patente que el acto reclamado, por virtud del juicio de nulidad puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c), lo que implicaría que cese la afectación de la que se duele la quejosa. Por lo que respecta al elemento precisado en el inciso d), consistente en que la ley ordinaria prevea la suspensión de los efectos de los actos combatidos, con independencia de que sean susceptibles de suspenderse, también se actualiza, pues el artículo 24 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo prevé: "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. [.]." De lo que es claro que si se pueden suspender los efectos del acto reclamado. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, del examen comparativo de los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, frente al artículo 28 de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las siguientes razones legales: 1) Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su inciso a), se aprecia que éste exige que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, además que conforme a la fracción III, del propio numeral, la medida suspensional podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo también exige que se cumpla con éste requisito (artículo 128, fracción II) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). 2) Asimismo el inciso b) del citado numeral 28, precisa que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión deban ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; al igual que el artículo 139 de la Ley de Amparo. Así, ambos ordenamientos coinciden en que: a) Una vez solicitada la suspensión, esta se podrá conceder si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y, b) Que a efecto de que sea concedida la medida solicitada, se debe tratar de actos que produzcan al solicitante con su ejecución daños o perjuicios que sean de difícil reparación. De conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales a efecto de que se conceda la suspensión del acto reclamado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, que dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Ahora bien, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues del contenido del oficio reclamado, el cual se anexó a la demanda de amparo en copia certificada, se advierte que no carece de fundamentación, ya que se citan diversos preceptos jurídicos, los cuales constituyen su justificación normativa, como lo son los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, 75 y Décimo Octavo transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo que hace al inciso g) se estima que se encuentra actualizado toda vez que la parte quejosa no aduce solamente violaciones a la constitución, sino que plantea cuestiones de mera legalidad, al aducir que en la determinación contenida en el DPSH 024.300.302.6 0360/18, de veintitrés de mayo del año en curso, se aplicó el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ya fue declarado inconstitucional por la jurisprudencia 1a./J. 103/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que el propio Máximo Tribunal ha calificado que representa un tema de mera legalidad. Ilustra lo anterior, la diversa jurisprudencia 1a./J. 103/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 754, que ordena: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga". Además, en su cuarto concepto de violación aduce que la determinación contenida en el oficio referido carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que la autoridad administrativa le aplicó una ley que ya no se encuentra vigente. Lo que implica verificar si la norma respectiva se aplicó dentro de su ámbito temporal de validez, esto es nuevamente un tema de mera legalidad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 988, que dispone: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo". Finalmente, por lo que se refiere al inciso h), teniendo en consideración que la procedencia del juicio de nulidad, se encuentra previsto en una ley (formal y material) no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento, previo a interponer en su contra el juicio de amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, cuyos rubro y texto son: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En esas condiciones, en contra de la determinación contenida en el oficio reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además que el acto que por esta vía se reclama no le importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones directas y de legalidad, cuando es procedente un medio ordinario de defensa que no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, produce la improcedencia del juicio constitucional en términos del artículo 61, fracción XX, del ordenamiento citado, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, publicada en la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página doscientos noventa y ocho, cuyo rubro indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". Asimismo, cabe invocar la tesis número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del Tomo X, Página cuatrocientos cuarenta y ocho, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En consecuencia, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Tereso Velázquez Castro, Carlos Rocha González, y Jesús Tapia Villela, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 1468238, 983254 y 1674641, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral a Tiodoro Ornelas Jalomo y Rubén Calderón Tovar, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral y no cuenta con su cedula registrada en el aludido sistema, respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

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