Ma. Sofía Narváez Martínez
Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Sofía Narváez Martínez
- MA. SOFÍA NARVÁEZ MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintisiete de enero pasado se otorgó al Gobernador Constitucional del Estado una prórroga de diez días hábiles para acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, en la inteligencia que esto no lo relevaba de la obligación de informar las gestiones que llevara a cabo para tal efecto, lo cual le fue notificado el día siguiente (veintiocho de enero). El aludido término de diez días inició el viernes veintinueve de enero y se suspendió del primero al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno con motivo de la suspensión de términos y plazos decretada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal; reanudándose a partir del jueves dieciocho de febrero del año en curso de conformidad con la circular SECNO/10/2021 de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, a la fecha el Gobernador Constitucional del Estado ha sido omiso en informar sobre las gestiones que se encuentra realizando para acatar la ejecutoria de amparo, como se le indicó en proveído de veintisiete de enero anterior. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe las gestiones que se encuentra realizado para cumplir con la sentencia constitucional y, una vez agotada la prórroga que le fue concedida, acredite el cumplimiento cabal de aquélla, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña la demanda promovida por Ma. Sofía Narváez Martínez y J. Julián Narváez Martínez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, este órgano judicial se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 44/2021-VII. Acúsese recibo. Ahora bien, del contenido de la demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa señala en esencia, como acto reclamado: La falta de emplazamiento como posibles herederos en el expediente 997/1998, del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Wenceslao Narváez Pardo, radicado ante el Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado, así como cualquier acto habido y por haber tendente a privarles del derecho y disfrute que les corresponde como hijos legítimos del de cujus. Al efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al numeral referido, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano. En el caso, la suscrita estima que con relación a dicho acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. A fin de demostrar lo anterior, conviene transcribir el contenido de dichas porciones normativas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Es así, dado que los promoventes en su demanda ofrecen como prueba documental V, el acta de defunción de Wenceslao Narváez Pardo, de la que se advierte que falleció el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, por lo que de esa fecha a la en que se presentó la demanda de amparo que se provee - nueve de diciembre de dos mil veinte -, transcurrió con exceso el término de diez años para ejercer la acción de petición de herencia, como se establece en el numeral 1488 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí y por consecuencia, dejó de existir el derecho que habría permitido a los quejosos intervenir en dicho procedimiento sucesorio en defensa de sus derechos hereditarios. Lo anterior porque, para que el ejercicio de la acción de amparo sea legalmente válido, debe tener por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de su existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no le corresponde a la parte quejosa o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, como ocurre cuando opera la prescripción. En ese contexto, como se puntualizó tomando en cuenta que de conformidad con el artículo 1488 del Código Civil del Estado, la acción de petición de herencia prescribe en diez años para quien se considere con derecho a estimarse heredero, en tanto que, según el dicho del quejoso, desde el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, falleció Wenceslao Narváez Pardo, titular de los bienes masa de la herencia, es indudable que a la fecha de la presentación de la demanda transcurrió el plazo señalado y por tal razón, quedó extinguido el derecho subjetivo para deducir esa acción, generando así la demostración de la ausencia de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio sucesorio, precisamente en su derecho subjetivo a instar la acción de petición de herencia en términos del indicado numeral. De ahí que sea inconcuso que ninguna afectación se ocasiona al interés jurídico de los impetrantes, pues los posibles derechos que aquéllos ostentan, por el transcurso del tiempo, perdieron su positividad, de modo que su pretensión de generar la nulidad de lo actuado a efecto de que se les convoque a participar en la sucesión de origen, se extinguió al haber prescrito la acción de petición relativa. Apoya lo anterior, la tesis aislada XII.C.22 C (10a), sustentada por Tribunales Colegiado de Circuito, publicada en la página 2128, libro 68, tomo III, Julio de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PREVISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama." También resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 1.a/J. 39/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, tomo X, Octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." Los anteriores criterios se aplican al presente caso, no obstante que en ellos se haga alusión al contenido de los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, toda vez que en la legislación aplicable, el numeral 1488 Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, prevé un lapso de tiempo similar (diez años) para ejercer la acción de petición de herencia, de ahí que resulte factible su empleo. Por lo anteriormente expuesto, es inconcuso que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia aludida, dado que el mencionado presupuesto procesal no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, de manera que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo. Desechamiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Diana Carolina Flores Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma se le tiene por señalando teléfono celular para entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña la demanda promovida por Ma. Sofía Narváez Martínez y J. Julián Narváez Martínez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, este órgano judicial se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 44/2021-VII. Acúsese recibo. Ahora bien, del contenido de la demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa señala en esencia, como acto reclamado: La falta de emplazamiento como posibles herederos en el expediente 997/1998, del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Wenceslao Narváez Pardo, radicado ante el Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado, así como cualquier acto habido y por haber tendente a privarles del derecho y disfrute que les corresponde como hijos legítimos del de cujus. Al efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al numeral referido, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano. En el caso, la suscrita estima que con relación a dicho acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. A fin de demostrar lo anterior, conviene transcribir el contenido de dichas porciones normativas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Es así, dado que los promoventes en su demanda ofrecen como prueba documental V, el acta de defunción de Wenceslao Narváez Pardo, de la que se advierte que falleció el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, por lo que de esa fecha a la en que se presentó la demanda de amparo que se provee - nueve de diciembre de dos mil veinte -, transcurrió con exceso el término de diez años para ejercer la acción de petición de herencia, como se establece en el numeral 1488 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí y por consecuencia, dejó de existir el derecho que habría permitido a los quejosos intervenir en dicho procedimiento sucesorio en defensa de sus derechos hereditarios. Lo anterior porque, para que el ejercicio de la acción de amparo sea legalmente válido, debe tener por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de su existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no le corresponde a la parte quejosa o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, como ocurre cuando opera la prescripción. En ese contexto, como se puntualizó tomando en cuenta que de conformidad con el artículo 1488 del Código Civil del Estado, la acción de petición de herencia prescribe en diez años para quien se considere con derecho a estimarse heredero, en tanto que, según el dicho del quejoso, desde el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, falleció Wenceslao Narváez Pardo, titular de los bienes masa de la herencia, es indudable que a la fecha de la presentación de la demanda transcurrió el plazo señalado y por tal razón, quedó extinguido el derecho subjetivo para deducir esa acción, generando así la demostración de la ausencia de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio sucesorio, precisamente en su derecho subjetivo a instar la acción de petición de herencia en términos del indicado numeral. De ahí que sea inconcuso que ninguna afectación se ocasiona al interés jurídico de los impetrantes, pues los posibles derechos que aquéllos ostentan, por el transcurso del tiempo, perdieron su positividad, de modo que su pretensión de generar la nulidad de lo actuado a efecto de que se les convoque a participar en la sucesión de origen, se extinguió al haber prescrito la acción de petición relativa. Apoya lo anterior, la tesis aislada XII.C.22 C (10a), sustentada por Tribunales Colegiado de Circuito, publicada en la página 2128, libro 68, tomo III, Julio de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PREVISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama." También resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 1.a/J. 39/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, tomo X, Octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." Los anteriores criterios se aplican al presente caso, no obstante que en ellos se haga alusión al contenido de los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, toda vez que en la legislación aplicable, el numeral 1488 Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, prevé un lapso de tiempo similar (diez años) para ejercer la acción de petición de herencia, de ahí que resulte factible su empleo. Por lo anteriormente expuesto, es inconcuso que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia aludida, dado que el mencionado presupuesto procesal no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, de manera que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo. Desechamiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Diana Carolina Flores Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma se le tiene por señalando teléfono celular para entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
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